En el marco de su participación en la Comisión de Vivienda del Senado, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó las conclusiones del Informe N°421 de la Contraloría General de la República, rechazando categóricamente que este documento establezca la existencia de sobreprecios en la adquisición de terrenos por parte del Estado.
“El informe no habla de sobreprecio ni establece perjuicio fiscal. Interpretar eso es tan errado como decir que el Estado está en quiebra”, afirmó el ex secretario de Estado, quien explicó que las observaciones del organismo fiscalizador apuntan principalmente a aspectos procedimentales y de mejora en la gestión, y no a eventuales irregularidades, fraude o falta de probidad.
Montes subrayó que el propio informe no derivó antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, lo que, a su juicio, descarta la existencia de ilícitos. Asimismo, recalcó que todas las adquisiciones se realizaron con tasaciones vigentes de los SERVIU y, en algunos casos, con evaluaciones adicionales.
El ex titular del MINVU defendió además la estrategia de adquisición de suelo impulsada entre 2022 y 2026, destacando que se trata de terrenos de alta calidad urbana, bien ubicados y pensados para una política habitacional de largo plazo. En esa línea, cuestionó las críticas basadas únicamente en el valor por metro cuadrado.
“Comprar suelo céntrico puede ser más caro, pero genera una rentabilidad social mucho mayor. A largo plazo, termina siendo más eficiente para el Estado que seguir construyendo en la periferia, donde luego se deben invertir grandes recursos en transporte, servicios e integración urbana”, señaló, recordando experiencias como Bajos de Mena.
Asimismo, enfatizó que esta política no fue improvisada ni responde a una sola administración, sino que corresponde a una estrategia de continuidad del Estado. En ese sentido, explicó que su desarrollo comenzó durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera y se profundizó en la actual administración del presidente Gabriel Boric, particularmente tras la promulgación de la Ley 21.450, que fortaleció las herramientas de gestión de suelo.
Montes también aclaró que no todos los terrenos adquiridos estaban destinados a proyectos inmediatos, ya que uno de los objetivos centrales era constituir un banco de suelo estratégico para el futuro.
“El Estado no puede seguir actuando de forma reactiva. Esta política busca anticiparse, asegurar terrenos bien ubicados y dejar capacidad instalada para enfrentar el déficit habitacional estructural en los próximos años”, indicó.
Finalmente, el ex ministro destacó que el propio ministerio identificó previamente debilidades en el proceso, implementando mejoras antes de la intervención de la Contraloría.
“Fue una política innovadora, desarrollada en un contexto de alta presión habitacional. Hoy el Estado cuenta con miles de hectáreas disponibles, nuevas herramientas institucionales y mejores estándares para continuar una estrategia que Chile necesita”, concluyó.
