Periodista.
Semana que pasa, semana en que en directa proporción con los chats de Hermosilla y su bandita, las derechas opositoras del país más se hunden en el descrédito y la desconfianza. El liderazgo que se esperaba de Evelyn Matthei, su candidata que recorre y recorre regiones, comunas y barrios, no se ha concretado. Y ahí están los Chile Vamos, los Republicanos, los Amarillos y Demócratas, de papelón en papelón, buscando cómo romper ese casi 33 por ciento casiinalterable hasta ahora del Presidente Boric y de su gobierno.
No de otra forma se pueden leer fracasos como el del intento de acusación constitucional contra el Presidente Boric y la ministra del Interior Carolina Tohá, leídos por la población como una forma de empatar con lo que les estaba ocurriendo a propósito de los peores casos de corrupción de los últimos tiempos: caso Hermosilla y caso Marcela Cubillos.
Buscando desesperadamente cambiar la aguja de los desastres, pegada en su sector, han inventado hechos comunicacionales como por ejemplo llegar a la Moneda a pedirle al Gobierno que hiciera “gestos democráticos y renovar sus credenciales”, solicitando dejar sin efecto los indultos y las pensiones de gracia otorgadas a “sujetos que fueron irregularmente acreditados como ‘víctimas’ en un proceso del todo viciado“.
Si hasta anunciaron una nueva candidata presidencial, que dicho sea de paso, nunca ha logrado ser nominada por su antiguo partido y como ahora tiene uno formado a su gusto –Demócratas- ya logró que la nominaran para comenzar una carrera cuyo resultado negativo es obvio. Es cuestión de hacerle seguimiento en las redes sociales.
Como en el pedir no hay engaño, las derechas le piden al gobierno la destitución de funcionarios que, según la oposición, han apoyado o justificado la violencia del estallido. Aseguran que varios de estos funcionarios ocupan cargos importantes en el gobierno actual o incluso son candidatos para elecciones próximas. Y por cierto, su principal bandera: que el gobierno debe dar mayor prioridad a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, sugiriendo que la actual administración no ha hecho lo suficiente en este ámbito.
Todo ello ad portas del quinto aniversario del estallido social, cuya campaña en contra, donde las derechas han tratado de equiparar los hechos de violencia ocurridos y repudiados por todos, con los millones de chilenos y chilenas que salieron a las calles agobiados por tanta desigualdad y abusos de que son objeto. Y pese a ello, -como lo evidencia la última encuesta Plaza Pública Cadem- un 58% cree que el mal llamado “octubrismo”, concepto que han tratado de imponer sin lograrlo, sigue siendo una expresión de descontento social generalizado, mientras que un 57% afirma que el estallido fue necesario para visibilizar los problemas del país.
La insatisfacción ciudadana
Y si de encuestas se trata, los políticos que están calentandomotores no sólo para dos semanas más, cuando se realicenlas elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales, sino para las parlamentarias y presidenciales que se asoman ya en el escenario político, deberían tomar en serio los guarimos que arrojan todas las encuestas para el sistema político imperante: un abrumador 90% de los encuestados expresa su insatisfacción, mientras que un 43% considera que la reforma más urgente es reducir el número de parlamentarios. Ahora compite en la mala imagen el Poder Judicial: la desconfianza alcanza al 91 por ciento.
Hasta hace unos meses, el pesimismo era más que evidente en las filas del oficialismo. El escándalo de las Fundaciones hizo mella y casos de corrupción en las filas de quienes se creían incorruptibles, fueron un golpe para el gobierno y los partidos que lo sustentan. Todo muy bien aprovechado por la derecha y sus medios de comunicación. Aunque la corrupción era a todas luces mayoritaria en los municipios de la oposición, el hecho que la derecha dominara la inmensa mayoría de ellos hizo lo suyo, y la centroizquierda aparecía a los ojos de chilenos y chilenas como los más corruptos del país.
Así fue hasta que estalló el caso Hermosilla. Un abogado de los que la gente acostumbraba a ver en los canales de TV, que se paseaba por los pasillos de La Moneda, del Congresoy de los Tribunales quedó al descubierto como protagonistade uno de los peores escándalos políticos del país. Tanto así que hoy se encuentra en prisión preventiva a la espera de un juicio cuyas consecuencias son hasta ahora imprevisibles. Y si se suma la inmoralidad del truco de los 17 millones mensuales para Marcela Cubillos y la danza millonaria para las ex autoridades del gobierno del fallecido Presidente Piñera, refugiados todos en la Universidad san Sebastián, la expectación por los resultados de los comicios futuros es grande.
Pocos se atreven a vaticinar resultados. Pero los hechos parecen indicar que las derechas están seriamente inhabilitadas para enfrentar el juicio ciudadano. El impacto de los escándalos ya se puede medir en las últimas encuestas. La Cadem de esta semana da cuenta de una baja importante para Evelyn Matthei en la intención de voto espontáneo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La candidata de la derecha tenía un 26% de apoyo durante el mes de septiembre, mientras que, en el sondeo de este domingo, evidencia un 19%. Siete puntos menos.
Es cierto que también bajó la expresidenta Michelle Bachelet, quien cayó del 11% al 9% y el líder republicano José Antonio Kast, el que también registra una baja de un 9% a un 7% en el último mes. La diferencia está en que la ex Presidenta Bachelet no está en campaña, como sí lo están Matthei y Kast.
El dato más interesante que arroja la medición es que el porcentaje de personas indecisas o que no se inclinan por ninguna de las opciones señaladas en la encuesta sigue siendo la mayoría: subió 10 puntos, alcanzando el 48%.
Adiós al CAE
La oposición tendrá que sacar muchas cuentas antes de negar su aprobación al nuevo proyecto de financiamiento de la educación superior (FES), que reemplazará al despreciado CAE, que tiene con una pesada carga a miles de familias. Porque ocurre que siete de cada diez chilenos y chilenas apoya el proyecto presentado en estos días por el Presidente Gabriel Boric. De hecho, Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo se apresuró a declarar que, a su juicio, era poco probable que se aprobara la propuesta del nuevo sistema de financiamiento presentada por el gobierno.
Tendrán que estudiar finamente el tema, porque de acuerdo a la encuesta, un 81% reconoció que supo o escuchó del anuncio del Presidente Gabriel Boric, donde se informó acerca del proyecto que busca reemplazar al CAE, mientras que un 19% dijo que no supo de la iniciativa. Y un 71% de los ciudadanos se mostró de acuerdo, mientras que un 20% dijo estar en la postura contraria.
Un 81% apoya que las personas que ganen menos de 500 mil pesos estén exentas de pago, un 77% respalda que quienes estudiaron con CAE y que ya pagaron tengan beneficios tributarios pagando menos impuestos, y un 72% está de acuerdo con que un estudiante actualmente moroso con sus cuotas pueda pagar el 75% y se condone el resto de la deuda.
Un 74% se mostró a favor de que los bancos no participen de este nuevo sistema y sea el Estado el encargado de financiarlo. Un 70% apoya que los estudiantes no paguen mientras estudian y comiencen a hacerlo un año después de egresados con un tope de 8% de su sueldo y hasta 20 años.
Un 69% respalda que las universidades públicas y privadas deban publicar los sueldos de los profesores, mientras que un 68% se inclina porque el Estado regule y defina cuanto debe cobrar una universidad por una carrera determinada.
Eso es lo que están pensando chilenos y chilenas.
