Los senadores Ricardo Celis, Alfonso De Urresti y Diego Ibáñez abandonaron la instancia legislativa luego de que el Ejecutivo presentara cinco redacciones distintas para un mismo articulado durante la jornada._
Los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA) anunciaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 que reforman el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas disposiciones, que abordan la restitución de gastos por la anulación judicial de una RCA, fueron presentadas en cinco redacciones distintas por parte del Ejecutivo durante la misma jornada. La acción se fundamenta en que, a juicio de los legisladores, dichas normas vulneran principios y garantías esenciales consagradas en la Constitución.
A juicio de los parlamentarios, el articulado en cuestión abre espacio a normas que comprometen el adecuado equilibrio entre el desarrollo de proyectos, la protección del interés público y el respeto por las competencias de los tribunales y de los órganos del Estado. Por ello, advirtieron que la modernización del sistema ambiental no puede construirse sobre la base de disposiciones que generen dudas respecto de su constitucionalidad.
La reserva se fundamenta en una eventual infracción a los artículos 19 N° 3, 19 N° 20, 38, 76 y 77 de la Constitución Política de la República, relacionados con el debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia y atribuciones de los tribunales de justicia.
El senador Ricardo Celis explicó que «cuando ha llegado la hora de finalmente conversar sobre la indemnización a resoluciones de calificación ambiental (RCA) recalificadas negativamente, incluso por los tribunales ambientales, el gobierno y el oficialismo han hecho una martingala de indicaciones, situaciones, reposiciones, mostrando cierta improvisación. Y como nosotros no estamos dispuestos a un juego supuestamente democrático, nos hemos retirado porque no tenemos la disposición ni la disponibilidad para un ejercicio de esa naturaleza, antidemocrático, poco transparente, poco claro, y además hicimos reserva de constitucionalidad».
Por su parte, el senador Alfonso De Urresti comentó que «lamentamos que la discusión extensa termine con una improvisación, una más del Ministro de Hacienda, cambiando por quinta vez el texto de la norma que dice relación con la devolución de los gastos en caso de revocación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en una situación absolutamente reñida con el reglamento de esta corporación, ante la incapacidad de lograr acuerdos, de lograr avances y poder convencer. Una norma que, además, todos los especialistas que han concurrido a la comisión han señalado que es contraproducente y donde los propios gremios empresariales han señalado que
va a generar más burocracia. Creo que es un muy mal momento, y el ministro tendrá que responder por esta incapacidad, esta impericia de llevar adelante una norma de esta naturaleza».
En tanto, el senador Diego Ibáñez argumentó que «el ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas. Nosotros nos hemos retirado de la comisión y hemos manifestado que es abiertamente inconstitucional esta norma, que pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público y estableciendo una trampa para que se beneficien los inversores de proyectos cuando se les anula una resolución de calificación ambiental. Un seguro privado con fondos públicos ocupando y torciendo el derecho público, y eso justamente es una falta grave a la constitución».
Los senadores recalcaron que Chile necesita avanzar hacia una institucionalidad ambiental más eficiente y con mayor certeza para todos los actores, pero advirtieron que ello no puede significar debilitar las garantías constitucionales ni alterar los equilibrios que resguardan el Estado de Derecho.
