El Hospital El Pino de San Bernardo paralizó sus funciones esta semana en protesta por los continuos maltratos que el personal de salud recibe de parte de pacientes de la localidad. Un hecho recurrente que se repite en otros centros de salud de Puente Alto, La Pintana y Pudahuel, en oficinas del COMPIN, del registro civil, el metro, las multitudes de compras, las filas en bancos y AFP para cobrar el 10% de las pensiones y otras ayudas.
Este auge de la violencia tendría relación con altos niveles de estrés y frustración de la población luego de un año de incertidumbres y confinamiento producto de la pandemia y el estallido social, además de otras causas estructurales. “Hay una recurrencia de este tipo de hechos que se ve cada vez más compleja en su escalamiento y que repercute de manera negativa a nivel colectivo. No parece que vayamos a ver cambios en los próximos meses”, estima el sociólogo Raúl Zarzuri sobre este fenómeno que es parte de un conflicto mayor y estructural, agrega.
El Ministerio Público ha registrado un aumento del 44% en denuncias de acciones violentas a nivel nacional durante el primer semestre de la pandemia al igual que los reportes de la ONU sobre un salto en el número de casos de violencia reportados en China, EEUU, España, Reino Unido, Argentina, Australia y otros países con férreas medidas sanitarias y rebrotes de coronavirus. El mismo organismo agrega un crecimiento del 20% en denuncias de violencia doméstica en la población sometida a confinamiento. Una cifra que podría ser aún mayor dado que aislamiento dificulta la solicitud de ayuda y acusaciones.
“Es una interpretación interesante, claro. La de una tensión creciente que lleva la salud mental a un punto preocupante de alienación en algunos sectores de la sociedad chilena dadas las situaciones que hemos tenido que vivir, ya sea el encierro y el autoconfinamiento, la pérdida de estabilidad y de certezas de lo que nos acontece. Mucha gente perdió sus trabajos, sus fuentes de ingresos y otros, incluso, quedaron sin parte importante de sus fondos de pensiones tras los retiros del 10%. El resultado de esto es una vida precaria que, alguna, vez fue la cotidiana y que hoy permite la aparición de niveles de violencia difíciles de controlar”, plantea Zarzuri, investigador y académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Del otro lado, está el contexto de violencia institucional proveniente de un Estado refractario ante las demandas de las movilizaciones posteriores al 18-O, cree el académico sobre esta conjunción de toques de queda, cuarentenas, enfrentamiento y polarización política. El resultado, a la larga, ha sido una naturalización de la violencia como respuesta cultural. “Tenemos que reconocer, dentro de esto, que la posibilidad de acordar una Asamblea Constituyente y, con ella la redacción de una nueva Constitución, como proceso legítimo; sólo pudo conseguirse a través del uso de la violencia en las calles, porque la política actual no daba espacio para otra salida”, cree el académico.
Por otro lado, el estrés parece haberse convertido en el estado natural de una ciudadanía enajenada de su vida relativamente normal, cree el psicólogo clínico-comunitario, Esteban Muñoz. Con casi dos décadas de experiencia en el sector público de la salud explica que es muy probable que el estrés acumulado a lo largo de más de un año de conflicto social, la crisis general de las instituciones asociadas a este descontento y la pandemia como principal elemento, desencadenen acciones violentas de las personas entre sí y contra servicios considerados “representantes” del Estado, como consultorios, oficinas del COMPIN, el metro u otros.
Agrega que esta comunicación a través de la violencia se ha ido normalizando a través del bombardeo mediático de estos casos que replican situaciones similares al considerarse una vía válida de reclamos u objeciones. Como fenómeno general, el psicólogo cree que como la salud mental hace mucho tiempo no es una prioridad para el Estado en cuanto a tratamiento de diversas patologías, su detección y prevención, estamos ante un “desborde emocional” de las personas que no ven cumplidas las expectativas puestas en un sistema que no da abasto.
El psicólogo considera también, el impacto a largo plazo de convivir en una sociedad de enfrentamiento constante. Asegura que ha visto ese efecto en las consultas comunitarias de adultos/as, adolescentes y niños/as, donde la exposición a la violencia genera una vulnerabilidad característica. “El cuadro de desequilibrio emocional que genera vivir expuesto a la violencia provoca estrés, agotamiento emocional, fatiga, negativismo, desconcentración, depresión, ansiedad y un bajo rendimiento en los estudios o el trabajo”, explica. En el caso de las y los trabajadores de cualquier ámbito, agrega el cuadro conocido como “burnout”, el cual puede generar un círculo vicioso en el que la frustración del profesional gatilla la respuesta violenta del otro, por ejemplo.
Un estado natural de la violencia
Otro enfoque ofrece la trabajadora social Angélica France, quien reitera que una mirada de largo plazo sobre un contexto de transformaciones, dan cuenta del momento de agresividad que se vive. «Aunque cada día aparecen expresiones distintas de conflicto, son situaciones que han estado presentes siempre, pero hoy se hacen significativas porque estamos en un proceso de cambio y también llevan una gran carga de frustración junto a otras condiciones socioculturales de desigualdad”, plantea.
Añade que la tendencia a criminalizar institucionalmente estos hechos exige una reflexión sobre las causas y sus efectos, pero también sobre sus responsabilidades. Al respecto, la investigadora social de la Escuela de Ciencia Política de la UAHC, Tamara Vidaurrázaga, analiza esta posición con una perspectiva ética en la cual, cualquier tipo de violencia es injustificable y repudiable, en particular cuando se trata de instalar fronteras entre victimarios y víctimas de esta violencia por desborde. “Cuando usamos un concepto de víctimas colectivas de un estado efectivamente abusador, una clase política efectivamente corrupta e instituciones policiales que se han dedicado más a reprimir que a proteger, podemos fácilmente pasar a convertirnos en victimario/as y justificar cualquier tipo de reacción violenta. Llegar a ser tan brutales como los que criticamos”, señala sobre los ataques a funcionarios/as públicos/as que muchas veces también son parte doliente del ecosistema del abuso.
Esta semana, agrupaciones de trabajadores/as de la salud de todo el país adhirieron al paro de trabajadores/as del Hospital El Pino reclamando ante la falta de recursos y protocolos para enfrentar la situación de pandemia, emplazando a las autoridades a enfocar la atención en las personas y no solo en medidas protectoras de la economía ante un alza en los casos de contagio por Covid. Factor relevante en el estallido de acciones violentas contra su personal.
El sociólogo Raúl Zarzuri, finaliza acotando que, muy desgraciadamente, la violencia es hoy un tipo de reacción recurrente en la población chilena, pero no solo como manifestación física, sino estructural como fórmula de resolución de conflictos. “Sin embargo cuesta entender un sentido de la violencia dirigida contra un sector de los trabajadores/as y particularmente de la salud, quienes viven una situación compleja también como producto de una segunda ola de contagios que golpea profundamente a sectores más vulnerables de la sociedad”.
