Periodista.
El lunes 22 de junio, el reconocido activista por la diversidad Víctor Hugo Robles, recibió en el Hospital San José de la comuna de Independencia, su terapia para el VIH multi-mes, gracias a que tres días antes, el 19 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la orden de no innovar y ordenó al Ministerio de Salud (Minsal) que “haga entrega al recurrente, en una única entrega, de su terapia de medicamentos para el VIH por los próximos tres meses, en atención a la actual situación sanitaria del país”.
Pero ese mismo lunes, el Minsal emitió un informe al tribunal de alzada donde afirma que el Poder Judicial no debe pronunciarse sobre la materia porque implica una intromisión en políticas públicas sanitarias que corresponden al Gobierno. Esto, en respuesta al recurso de protección presentado por el periodista, conocido como el “Che de los gays”, en contra de la cartera, en el que denunció “la entrega parcial, incompleta e irregular” de las terapias antirretrovirales.
Expectativas no constituyen derechos
Respecto a la solicitud de entrega de terapias multi-mes, la respuesta del ministerio indica que los recursos de protección se limitan a actos “cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes» sean evidentes y “que las meras expectativas no constituyen derechos” susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.
“El Recurso de Protección no es la vía adecuada para este tipo de impugnaciones, pues lo solicitado por el recurrente intenta traspasar a los tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población”, señala el informe redactado por el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, Jorge Hübner, y firmado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Como argumento para solicitar a la justicia el rechazo del recurso, el documento plantea que “cualquier pronunciamiento consistiría en una intromisión en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria”.
El ministerio asegura que “la autoridad sanitaria ha desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de todos los pacientes crónicos que requieren de medicamentos para sus respectivos tratamientos”.
Añade que una interpretación extensiva de la parte recurrente y de las Cortes de Apelaciones, en cuanto a conceder la acción constitucional, “traería consigo no solo una desigualdad respecto de otros pacientes que se encuentran en una misma situación de riesgo, es decir que padecen VIH, sino también respecto de otros enfermos crónicos”.
Para el abogado patrocinante, Esteban Arévalo, en su respuesta, el ministerio “parece desconocer que nos encontramos, por más que exista una pandemia, en un Estado de Derecho”.
El abogado especialista el Salud, enfatiza que son los Tribunales de Justicia los llamados a otorgar protección a las personas frente a los abusos, ilegalidades y/o arbitrariedades que se cometan en su contra. “Desconocer esto y calificar esta competencia como una intromisión, nos deja fuera de un Estado de Derecho y condena a la ciudadanía a la desprotección jurídica”, afirmó.
Informe preocupante
De igual forma, Víctor Hugo Robles, calificó el informe del Minsal de preocupante, “no solo desconoce el rol institucional de ejercicio del derecho a la justicia de los tribunales, además desacredita el accionar mismo del recurso de protección como una herramienta constitucional para hacer valer derechos que están siendo violentados, en este caso el derecho a la integridad física y psíquica, a la vida y a la salud de las personas viviendo con VIH”.
Recalca que “Nosotros no habíamos sido notificados, hasta ahora, que a propósito del decreto de Estado de Excepción Constitucional se suspendía el Estado de Derecho y la función propia del Poder Judicial, que es lo que nos intenta notificar el ministerio de Salud a través de este informe”.
El Che de los gays dijo lamentar “la desidia del ministerio de Salud, porque guardábamos una pequeña esperanza de comprensión de lo que estamos denunciando y demandando, pero respecto de las personas que viven con VIH primero se desconocen nuestras demandas y luego se nos acusa directamente de estar mintiendo, cuando es el ministerio el que miente al señalar que está todo normalizado en los programas de VIH y que se están entregando las terapias multi-mes”.
El activista llamó al ministro Enrique Paris a manifestar su opinión institucional y propia, “porque el documento está firmado por la subsecretaria Daza, entonces queremos saber si el ministro comparte este informe vergonzoso, si nos está notificando que las personas con VIH ya no podemos recurrir a los tribunales para hacer valer nuestro derecho a la salud y a la vida porque ese ámbito solo le compete a la administración de salud y al poder ejecutivo, queremos saber si el ministro está declarando el fin del Estado de Derecho y si las personas no tenemos la posibilidad ni la garantía constitucional de recurrir a los tribunales si vemos afectado nuestro derecho a la salud”, subrayó.
Mientras la Corte de Apelaciones estudia el fondo de la acción legal, para apoyar el recurso de protección presentado por Robles, la Corporación Miles Chile presentó un amicus curiae, informe escrito que permite a terceros sin interés directo en la disputa judicial, intervenir en él para defender un interés de trascendencia general en la resolución del litigio, como cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales, como lo es en este caso, donde se busca resguardar el derecho a la salud y a la vida de las personas que viven con VIH.
Javiera Canales, abogada de Miles, indicó a Página 19 que no brindar la dosificación en la cantidad necesaria durante el periodo de crisis sanitaria tiende a ser “arbitrario y antojadizo por parte del ministerio, y amenaza el derecho a la vida de las personas que viven con VIH”.
Canales explicó que en el amicus piden que en consideración con la normativa del derecho nacional vigente, las guías técnicas el ministerio de Salud, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los informes temáticos de la Comisión Interamericana en temas de VIH/Sida, “se acceda a entregar terapia a todas las personas por tres meses o hasta que termine el Estado de Catástrofe Constitucional, para que no tengan que desplazarse exponiéndose al contagio de Covid-19 para ir en busca de una medicación tan importante que sin ella muchas no pueden seguir viviendo”.
En tanto, la entrega de terapias multi-mes se transformó en una demanda de carácter nacional, ya que mientras el Minsal descarta un desabastecimiento, se suman numerosos testimonios de personas que viven con VIH que han tenido dificultades para acceder a su terapia.
Felipe Díaz en Iquique y Carlos Monsalve en Concepción,presentaron recursos de protección en sus regiones. El primero fue declarado admisible y en el segundo, la Corte ordenó que el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente haga entrega de la terapia por un plazo mínimo de dos meses. Estos días se sumarían otros en La Serena y Puerto Montt.
Víctor Hugo Robles destacó que un número importante de personas e instituciones se ha sumado a la campaña por terapias VIH multi-mes, lo que “viene a retomar la lucha de las personas seropositivas y de las diversidades sexuales que hemos sido históricamente las más afectadas por el VIH/Sida, digo esto recordando que el 28 de junio se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, 1969) y mientras algunos levantan el orgullo, nosotros levantamos la lucha y la resistencia por la salud y la vida de las personas viviendo con VIH, entre ellas muchas de las diversidades sexuales”, puntualizó.
