Periodista.
“Las declaraciones del ministro son bien sorprendentes, porque la posición de la autoridad sanitaria al informar los recursos ha sido en otra línea, primero desconociendo los problemas de stock que hoy reconoce y señalando incluso que la entrega parcializada del tratamiento antirretroviral no genera un problema de garantías constitucionales de los recurrentes”, declaró la abogada Gabriela Solís Valenzuela, quien patrocina algunos de los recursos de protección contra el Ministerio de Salud (Minsal).
La mañana de este lunes, durante la entrega del informe diario del avance de la pandemia de Covid-19 en Chile, el Ministro de Salud Enrique Paris fue consultado respecto a los nueve recursos de protección presentados en distintas Cortes de Apelaciones del país, como Santiago, Iquique, Concepción, La Serena y San Miguel, debido al atraso y la entrega incompleta de terapias VIH multidosis, donde afirmó que “es verdad que hemos tenido en algunos servicios de salud o en algunos establecimientos, una entrega que solo ha sido suficiente para un mes y es por eso que lo estamos corrigiendo”.
El ministro indicó que desde el Minsal “estamos respondiendo como debe ser, como corresponde, a la justicia. Y paralelamente en concomitancia con la Cenabast, dando respuesta lo más rápidamente posible a los requerimientos de los hospitales para entregar una cantidad de medicamentos que ojalá alcance para los tres meses”.
Paris reconoció que “hemos tenido problemas de abastecimiento desde el exterior, pero todas las solicitudes de medicamentos se han respondido”. Además aseguró tener “un compromiso muy especial con el programa de VIH/SIDA y he hecho el llamado a que la atención primaria mantenga control y mantenga el tratamiento de aquellos pacientes”.
Improvisación en la respuesta
Gabriela Solís calificó de sorprendente “esta nueva actitud del ministro” puesto que “en la tramitación de los recursos, la posición del Minsal ha sido bastante más agresiva”, sobre todo en La Serena, “donde el Consejo de Defensa del Estado, en representación de ministerio de Salud, ha pedido derechamente la inadmisibilidad del recurso de protección indicando que tampoco hay una conducta reprochable porque se están entregando los medicamentos”, dijo a Página 19.
La abogada que también patrocina acciones judiciales que se encuentran en la Corte de Apelaciones de San Miguel y de Santiago, en espera de resolución, detalló que considera complejo que la autoridad emita esas declaraciones, cuando la respuesta judicial, a su parecer, no va en la misma línea.
“Es lamentable que por una parte el ministro públicamente ante la sociedad y frente a la pregunta de un periodista sostenga que se está respondiendo a los requerimientos de los recursos de protección, porque lo que se está haciendo es, por parte del Consejo de Defensa del Estado, cerrarle la puerta a la justicia a las personas VIH positivas y las repuestas que se han dado en los otros recursos tampoco han sido en orden a satisfacer la pretensión de los recurrentes”, subrayó.
Solís destacó que aun cuando la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió al tema en la Mesa de Género Covid-19 del Senado, esta es la primera información oficial entregada por el ministro, que da cuenta de un problema de abastecimiento.
“Es complejo que a estas alturas de la pandemia se sostenga esa información porque tempranamente ONUSIDA, a comienzos de marzo, empezó a instruir a los Estados en orden a generar los abastecimientos que permitiesen el suministro de terapias por lo menos para tres meses, entonces que ahora se diga este argumento de desabastecimiento da cuenta también de la improvisación con la que la autoridad sanitaria ha respondido ante esta demanda”, puntualizó.
Para la abogada la entrega de terapias de manera parcelada y no por al menos tres meses, como es la recomendación, se trata de una conducta arbitraria, “no solo es caprichosa porque no hay una razón técnica para no entregar los medicamentos en la forma que se solicitan, además contradicen las propias declaraciones y normativas internas que ha entregado el Ministerio de Salud”.
Junto con ello, remarcó que es además ilegal, porque contraviene una normativa interna dictada por el propio Minsal, “en particular desatiende o más bien olvida el decreto que dicta el subsecretario Zúñiga, que modifica el decreto de alerta sanitaria, y que expresamente dispuso la entrega de tratamiento por a lo menos tres meses para enfermos crónicos, y además olvida un ordinario, que es una instrucción dictada por la autoridad sanitaria, destinada a los servicios de salud locales, que instruía en el mismo sentido la entrega de tratamiento por a lo menos tres meses”.
Por otra parte, destaca que el discurso del ministerio durante el desarrollo de la pandemia ha sido que los medicamentos se entregan por tres meses para garantizar que las personas, sobre todo pacientes crónicos, no se expongan al contagio, pero en la práctica esta se ha realizado de manera parcializada. “Ese es el motivo de los recursos, hay mucha improvisación, tenemos un caso en San Miguel donde se le convoca al paciente para enviarle los medicamentos a domicilio, él accede, realiza todos los pasos del protocolo señalado por el hospital y finalmente dos días antes le informan que le van a llegar con retraso, de manera tal que va a quedar sin medicamentos por lo menos cuatro días”, denuncia.
Agrega que los recurrentes esperan una respuesta satisfactoria que disminuya sus niveles de exposición durante la emergencia. “Es de esperar que las palabras del ministro Paris se traduzca en respuestas concretas que permitan a los pacientes crónicos, sobre todo a las personas que viven con VIH, que puedan estar protegidas y tengan la tranquilidad de que hay suministro respecto de sus tratamientos”, concluyó.
Derecho a la salud y la vida
Víctor Hugo Robles, activista de la disidencia sexual y quien interpuso el primer recurso de protección, valoró que tras cuatro meses de insistencia, “el ministro reconoce que hay problemas en la entrega, distribución y dispensación de terapias VIH multi-mes, que es una denuncia que hemos mantenido en el tiempo, entregado pruebas y recurrido a la justicia”.
El periodista, conocido como “El Che de los Gays”, criticó que el ministro “señale que se están respondiendo como corresponden los recursos de protección porque en esas respuestas se falta a la verdad, dado que no solo se desacreditan nuestras denuncias, se dice que están cumpliendo con la entrega de terapias multi-mes, como recomienda ONUSIDA, sino lo que es mucho más graves, desacreditan y desatienden la labor propia de los Tribunales de Justicia, señalando que las decisiones de los tribunales implicarían una intromisión en asuntos propios de la política sanitaria”, dice en referencia a la dura respuesta del Minsal a su recurso de protección.
De mismo modo, Robles dice preocuparle que la máxima autoridad político-sanitaria señale que instruyó a la atención primaria para “mantener el control y tratamiento en VIH”, cuando los consultorios primarios realizan solo testeo porque el control y atención en VIH se realiza en los hospitales de especialidades. “Me llama mucho la atención que ni el ministro Paris, ni la subsecretaria Daza, conozcan el funcionamiento del programa de VIH/SIDA en nuestro país”.
Víctor Hugo Robles anuncia que los recurrentes persistirán en sus demandas y esperan sumar a otras personas que quieran acudir a la protección constitucional para que el Estado de Chile garantice el derecho a la salud y a la vida de las personas viviendo con VIH. “Tenemos recursos de protección tramitándose en las Cortes de Apelaciones de todo Chile y en varios se ha ordenado al ministerio de Salud entregar terapias multi-mes mientras se discute el fondo del asunto”, finalizó.
Querella criminal de la Comisión Chilena de Derechos Humanos
En tanto, en la querella por “negligencia grave” interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS) en contra del presidente Sebastián Piñera, del ex ministro de Salud Jaime Mañalich y del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Arturo Zúñiga y que fue declarada admisible, se incluye la entrega de terapias VIH parceladas.
El abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mencionó que la querella busca perseguir la responsabilidad de las autoridades es seis delitos: cuasidelito de homicidio (Art.391 N°2), negociaciones incompatibles y tráfico de influencias (Art. 240), revelación de secretos públicos o entrega de papeles (Art. 246), denegación de auxilio (Art. 253), negativa o retardo de protección o servicios (Art.256), y denegación de servicios (Art.257).
En el caso de la negativa o retardo de protección o servicio, “esta figura penal se fundamenta en los hechos en relación al incumplimiento grave del compromiso asumido por el Gobierno frente a la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA, en cuento a entregar las terapias multi-mes a personas que viven con VIH”, expresó.
Margotta explicó que este delito se configura en este caso y también respecto de las víctimas de trauma ocular durante la revuelta social, muchas de la cuales denuncian que producto de la crisis sanitaria, sufrieron un serio retroceso en los tratamientos médicos que debería otorgar la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador. “Esperamos que este delito de negativa o retardo de la protección o servicio sea debidamente investigado por la Fiscalía y finalmente no queden en la impunidad”, recalcó.
