Periodista.
Una cosa es aparecer en las principales portadas del mundo como uno de los presidentes que hace uso de operaciones financieras en paraísos fiscales para no pagar impuestos en su país- mientras señalaba que los paraísos fiscales había que “eliminarlos” (sic)- y otra es que esto tenga que ver con la aprobación de un millonario megaproyecto minero cuyo proceso se encuentra aún en curso: Minera Dominga.
Eso es lo que hace especialmente delicado el caso chileno y muchos ven que tras las revelaciones de los Pandora Papers, el citado proyecto minero, valorado en la friolera de US$2.500 millones de dólares, ya altamente cuestionado, quedaría severamente en entredicho.
Ello porque la incómoda última cuota de la operación de compraventa de la operación minera, realizada en paraísos fiscales, tenía que ver justamente con que el citado proyecto no tuviera contraposiciones en términos ambientales: en línea con lo que instruyó el Gobierno a sus representantes para la reciente aprobación del proyecto minero Dominga.
Ya sectores políticos dijeron que no había necesidad de apurar ese megaproyecto, al finalizar esta administración, pero sí se hizo y ello ciertamente aumenta las sospechas de que esto estaba ligado a la gran operación de compra-venta involucrada.
Lo mismo ocurre con la activa participación que tuvo el mandatario para bajar el proyecto termoeléctrico Barrancones, que terminaba afectando los intereses de Minera Dominga, sin que a ese momento se hiciera la conexión entre ambas iniciativas.
Algunos ven este tipo de escándalos como prácticamente inevitables cuando se elige a un presidente millonario y cuya fortuna, según Forbes, no sólo se ha mantenido durante sus dos administraciones sino que se ha acrecentado, llegando, según la citada publicación a 2.900 millones de dólares al 2020, con 300 millones más que en 2019, pero ciertamente han existido mandatarios en el mundo con altos patrimonios y que no se han visto envueltos en este tipo de situaciones.
Podrá haber un fideicomiso ciego de por medio, en lo que se ha basado la defensa de Piñera, igual que la del actual presidente de Ecuador Guillermo Lasso, también empresario y banquero de ese país, pero como dijo el senador Manuel José Ossandón, la familia, los hijos, igualmente implicados en estas operaciones “no tuvieron el pudor” para cuidar este tipo de operaciones teniendo a su padre en el primer cargo de la Nación.
El caso de Lasso, por ejemplo, no es tan grave como el chileno, porque solo aparece ligado a activos inmobiliarios del mandatario, en cambio en el caso de Piñera hablamos de un megaproyecto minero millonario, y puerto asociado, cuya tramitación estaba en curso- y sigue estando- y cuya última cuota tenía que ver justamente con no entrabar la viabilidad ambiental del citado proyecto. Este último pago estaba condicionado específicamente a que el sector de desarrollo del proyecto no se declarara zona de exclusión, parque o reserva natural, es decir, comprometía elementos de corte ambiental.
Aunque ello estaba consignado así hace más de diez años, como alegó Piñera en sus descargos, nadie puede asegurar que esta repentina aprobación de Dominga en las postrimerías de su mandato no terminaba en definitiva por consolidar el negocio ya realizado. Y por otro lado, ¿alguien asegura que Piñera no va retomar sus negocios una vez dejado el cargo? Evidentemente que lo hará, porque así lo ha hecho a lo largo de los años- incluso vía fideicomiso estando en la Presidencia- y últimamente empeñándose en dejar a sus hijos con las riendas en los mismos.
Está por dilucidarse, ciertamente, si los traspasos que hizo el mandatario a sus hijos, pagaron en su momento los impuestos correspondientes, que no son menores.
Piñera estaba ligado a dicho proyecto minero desde 2008 a través de un fondo de inversión (Minera Activa y posteriormente Minería Activa Uno Spa), donde él y Délano tenía la mayoría de la propiedad. Como cita Ciper, ya Piñera era cuestionado por participaciones como esa mientras era candidato presidencial, pero otros le decían que la participaciones eran de sus hijos por lo que no había mayor problema. En marzo, a poco de asumir el poder, desechó mediante algunos telefonazos a la termoeléctrica Barrancones, pero no se sabía que allí también tenía intereses mineros Piñera y su familia.
En un día como hoy, 4 de octubre, pero de 2010, se decidió (él dice que nunca lo supo) vender la participación de los Piñera a Délano, pero la parte más importante de la operación no se realizó en Chile, sino en Islas Vírgenes y por el saldo restante de 138 millones de dólares (ya se había pagado 14 millones al principio) pagaderos en tres cuotas. La famosa tercera cuota quedó para pagarse a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por casi US$10 millones, pero condicionada a los elementos ambientales ya citados.
Y como ya sabemos, por expresas instrucciones del Ejecutivo a sus representantes, el proyecto Minera Dominga fue aprobado en agosto recién pasado, a meses del término del mandato de Piñera, incluso a contrapelo del Delegado Presidencial en la región.
Sin duda resulta muy difícil pensar que una operación por más de 150 millones de dólares, además realizada con uno de sus más cercanos- el “Choclo” Délano, otrora considerado de los invencibles de los “samuráis” de la derecha, el mismo de las clases de ética por el Caso Penta, de financiamiento de la actividad política- no podrían estar en conocimiento del Primer Mandatario….y por cierto no estar en conocimiento de lo que implicaba la posterior aprobación ambiental de la millonaria operación minera.
Ni en sueños
Y recordemos que el propio Presidente Biden, en abril pasado, en medio de una cruzada del G7- propuso avanzar en la superación de estos paraísos fiscales que solo sirven para evadir el pago de millonarios impuestos o mover dineros de dudosa procedencia, proponiendo un impuesto mínimo mundial que evitara este tipo de prácticas. “Matemos los paraísos fiscales”, se dijo en esa oportunidad nada menos que por parte de la OCDE.
Entonces el conocimiento de este tipo de operaciones, en medio de este tipo de esfuerzos a nivel internacional, aparece como especialmente impresentable y particularmente en países “en vías de desarrollo” como los latinoamericanos, que se supone que justamente basan parte de su estrategia de desarrollo en una tributación y carga impositiva adecuada y cumplida.
Además esto cae muy mal cuando la industria minera chilena (con mucho capital extranjero, como se sabe) se encuentra empeñada en una campaña de relaciones públicas (“Compromiso Minero”) sin precedentes, que busca destacar el aporte de la minería al país, en términos de comunidades, empresas contratistas y terceros- responsabilidad social como le llaman-, algo que no pocos ven como una estrategia para evitar futuros cuestionamientos a la industria y que se discuta más temprano que tarde un aumento de la tributación a través del royalty minero.
En concreto, pese a los últimos descargos de Piñera, Chile suma una mancha que no se vio ni soñó en otros mandatarios desde el retorno a la democracia, con amplias repercusiones internacionales y donde lo único que podría comenzar a resarcir el daño sería que, en definitiva, se apruebe y consolide una reserva natural en el sector del proyecto Dominga- como lo está proponiendo el nuevo Gobernador Regional- o la Justicia o el Consejo de Ministros determinen simplemente no perseverar en el millonario proyecto. Pero hay mucho dinero en juego, considerando la alta valorización del proyecto y estamos en Chile, por lo que cabe esperar los más inesperados escenarios.
