Organizaciones sociales, pescadores artesanales y habitantes de Atacama presentaron el viernes 17 de julio una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para revertir la aprobación del megaproyecto portuario Copiaport-E. La acción judicial cuestiona la resolución del Comité de Ministros que mantuvo vigente la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa.
El proyecto pretende instalar un puerto industrial en el sector de Punta Cachos y Bahía Chasco, entre las comunas de Copiapó y Caldera. Con una inversión estimada en US$450 millones, ha sido promovido como una plataforma para exportar minerales y otras cargas. Para las comunidades, en cambio, representa un nuevo enclave extractivista sobre un territorio de alto valor ecológico, donde conviven ecosistemas costeros, pesca artesanal y formas de vida vinculadas al mar.
Tras más de seis años de evaluación ambiental, será la primera vez que un tribunal revise los argumentos de fondo planteados por las comunidades. El proceso estuvo marcado por observaciones ciudadanas, informes técnicos y reclamaciones administrativas que, según las organizaciones, no fueron respondidas adecuadamente por la autoridad.
Participación ciudadana vulnerada
La reclamación sostiene que la resolución del Comité de Ministros vulneró el derecho a la participación ciudadana, al rechazar las observaciones presentadas durante la evaluación sin analizar debidamente sus fundamentos.
Valentina Gatica, abogada del equipo de apoyo jurídico del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), explicó que la controversia no se limita al resultado de la evaluación, sino que alcanza la forma en que la autoridad resolvió las reclamaciones ciudadanas.
“Los fundamentos jurídicos de la reclamación se refieren, de manera principal, aunque no exclusiva, a la falta de consideración de las observaciones ciudadanas presentadas oportunamente. Esto se ha traducido en una deficiente ponderación de las preocupaciones de la comunidad frente a este megaproyecto”, señaló.
La acción cuestiona el rechazo conjunto de observaciones sin abordar sus fundamentos específicos, la aplicación de criterios de congruencia que no se ajustaría a la jurisprudencia vigente y la falta de pronunciamiento sobre algunas reclamaciones. Entre las materias que deberá revisar el tribunal se encuentran los impactos sobre la flora y fauna marina, el patrimonio arqueológico, la pesca artesanal y el paisaje costero, además de la ausencia de una consulta indígena integral.
Un ecosistema único bajo amenaza
Bahía Chasco alberga la pradera de pastos marinos más extensa conocida en Chile y el último sitio de agregación natural de tortuga verde (Chelonia mydas) registrado en el territorio continental. También posee extensas praderas de algas pardas, aves marinas protegidas y un ecosistema que sustenta la alimentación y reproducción de numerosas especies.
Carol Medrano, directora de Qarapara, organización dedicada a la investigación y conservación de las tortugas marinas, advirtió que no es posible evaluar de manera aislada los componentes de este ecosistema.
“Si ese equilibrio se altera con un megaproyecto portuario, no tenemos certeza de que esta población de tortugas pueda mantenerse en el tiempo”, afirmó.
Aunque la importancia de Bahía Chasco ha sido documentada por investigaciones científicas y reconocida por iniciativas públicas de conservación, las organizaciones sostienen que esos antecedentes no fueron considerados suficientemente durante la evaluación ambiental.
Medrano señaló que el caso muestra la contradicción entre los compromisos ambientales asumidos por Chile y las decisiones del Estado: “Cuando llega el momento de tomar decisiones, muchas veces esa protección queda solo en el papel”.
Un conflicto que excede la construcción de un puerto
La defensa de Bahía Chasco no comenzó con Copiaport-E. Durante las últimas dos décadas, el mismo borde costero enfrentó iniciativas como la termoeléctrica Castilla y el terminal de gas natural licuado Andes LNG. Aunque se trataba de proyectos distintos, ambos fueron cuestionados por su emplazamiento en un territorio estratégico para la conservación de la biodiversidad.
Giuliano López, integrante del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA), sostuvo que existe una lógica persistente de sacrificar esta zona para la instalación de proyectos industriales.
“El propio Estado definió esta zona como un área de relevancia ecológica. Promovió estudios, apoyó el manejo sustentable de las praderas de algas y reconoció el valor ambiental de este ecosistema. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir sobre grandes inversiones, actúa como si todo ese conocimiento no existiera”, cuestionó.
Para las organizaciones, el conflicto revela además la ausencia de una planificación territorial que proteja los ecosistemas antes de la llegada de nuevos megaproyectos. En la práctica, son las comunidades las que deben demostrar una y otra vez por qué estos espacios no deberían ser intervenidos.
La revisión judicial ocurre en un nuevo escenario político. Aunque Copiaport-E obtuvo su aprobación ambiental durante la administración anterior, el actual gobierno ratificó esa decisión mediante el Comité de Ministros. El litigio se desarrollará en paralelo a la agenda del gobierno de José Antonio Kast para acelerar las grandes inversiones y reducir las exigencias regulatorias, mientras persisten los cuestionamientos sobre la transparencia de la estructura de propiedad y el origen financiero del proyecto, documentados por OLCA.
“Las comunidades defienden ecosistemas estratégicos para la vida y la adaptación a la crisis climática. Sin embargo, el Estado continúa facilitando la expansión de un modelo extractivista que concentra los beneficios en grandes intereses económicos y traslada los costos ambientales y sociales a los territorios. Este juicio será una señal sobre el tipo de institucionalidad ambiental que Chile quiere construir”, afirmó Lucio Cuenca, director de OLCA.
La decisión del Primer Tribunal Ambiental podría sentar un precedente sobre los estándares aplicables a los megaproyectos y el alcance efectivo de la participación ciudadana. Para las organizaciones, lo que está en disputa no es solo la construcción de un puerto, sino el futuro del borde costero de Atacama y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios.
