Dicha iniciativa popular, fue elaborada con la participación de más de 16 organizaciones entre las que se encuentran la Internacional de los Servicios Públicos, la Red Ciudadana para la Política Fiscal y Tributaria en Chile, la Iniciativa Global por los Derechos Sociales Económicos y Culturales (GI-ESCR) , la ANEF, y asociaciones, federaciones y confederaciones de funcionarios públicos de Impuestos Internos y Salud: ANEIICH, AFIICH, ASEMUCH, CONFEMUCH, CONFUSAM, FENPRUSS.
Los problemas que las organizaciones buscan responder son:
- Estallido social como expresión del malestar ciudadano frente a prácticas de abuso, desigualdad estructural, falta de garantías de derechos sociales y servicios públicos debilitados.
- La política fiscal no recauda lo suficiente, lo hace de manera desigual entre la población y no contribuye a la reducción de brechas de ingreso entre la población.
- Se requiere contar con un sistema tributario robusto y progresivo, capaz de financiar servicios universales y de calidad, que garanticen el ejercicio de derechos que se consagren en la nueva constitución
Ante lo anterior, proponen: una norma a nivel de principios, que establezca explícitamente la obligación del Estado de prestar servicios públicos universales y de calidad.
También establecer un reconocimiento de la política fiscal como un instrumento clave para la garantía de derechos humanos. Por ello, es indispensable que la nueva Constitución consagre una serie de principios que permitan la existencia de una política fiscal universal y justa con un enfoque basado en derechos humanos, que incluya provisiones particulares sobre la tributación
¿Por qué es importante apoyar?
La inclusión de esta propuesta en la discusión para la nueva constitución permitirá avanzar en el fortalecimiento de la función pública a través de los servicios. Sin embargo, su fortalecimiento no es posible sin una política fiscal de recaudación que permita un financiamiento justo y sostenible que posibilite garantizar los derechos sociales.
