Periodista.
La Asociación Gremial de Proveedores del Estado “AGPE” solicitó a la Contraloría General de la República que investigara la forma en que está operando la Dirección de Contratación y Compras Públicas (Chilecompra), por los criterios de evaluación abusivos, exigencias de requisitos sin fundamento, además de la falta de servicio y arbitrariedad hacia las MIPYME que están sufriendo estas pequeñas empresas desde hace años. También, denuncian “graves faltas a la probidad administrativa” de la entidad que aún es dirigida por Tania Peric Iglesias, nombrada en el cargo por el gobierno de Sebastián Piñera.
La abogada del gremio, Johanna Pedreros, cuenta que las irregularidades de la entidad estatal han sido expuestas por ellos en múltiples oportunidades desde hace un par de años y ahora están a la espera de algún acercamiento con el gobierno del Presidente Boric.
Recuerda con nostalgia la relación que lograron establecer con el gobierno de la Presidenta Bachelet, donde se abrieron convenios marcos para todos los que cumplieran con los requisitos formales: la señora Juanita del sur que tenía un lugar de hospedaje con tres habitaciones, pudo hacerlo y recibir gente. “Sin embargo, desde que llegó Piñera, se acabó todo eso, se rieron en nuestra cara, como lo hizo el subsecretario de entonces, Francisco Moreno”.
Las barreras de Chilecompra
El texto entregado por el gremio a la Contraloría señala que desde 2017, Chilecompra “viene estableciendo criterios de evaluación difíciles de cumplir, estableciendo sendas barreras de entrada a la contratación pública y de este modo segregando a la PYME”. Añaden que esta situación arbitraria, ha afectado gravemente el derecho de igualdad de oportunidades en la vida económica del pequeño empresario. “A pesar de las diversas instancias de reclamos, demandas individuales y colectivas, la Dirección de Contratación y Compras Públicas (DCCP) ha hecho caso omiso a los fundamentos de los proveedores afectados, cerrando y concluyendo su oportunidad de seguir siendo parte del selecto grupo de proveedores del estado”.
Señalan como ejemplo, que se han incluido en las bases de licitación por parte de Chilecompra criterios de evaluación que solo podrían satisfacer grandes empresas: 20 años de experiencia en el convenio marco de aseo. Venta mínima anual de 3.800 (tres mil ochocientos) computadores, en el caso del convenio marco de tecnología. O lisa y llanamente, si para la DCCP, un convenio marco no es viable, en virtud de sus argumentos, lo elimina sin derecho a réplica, como sucedió con el convenio marco de venta de libros”.
Denuncian que Chilecompra exige, para habilitar a los proveedores en la plataforma de convenio marco, que estos adquieran CÓDIGOS DE BARRA, o los llamados GTIN. “Decimos que es grave, ya que dicha situación no solo afecta el patrimonio paupérrimo de los proveedores del estado al adquirirlos, ya que por 50 productos adjudicados el proveedor debió GASTAR casi 2,5 millones de pesos para dar cumplimiento a la exigencia señalada, comprándole a la empresa que se sugería GS1 CHILE”.
Añaden que el organismo del Estado “entrega un servicio deficiente, no tiene atención de público presencial, lo cual es paradójico en un servicio público, y cuando los usuarios se acercan a solicitar información, apoyo, ayuda, aclaraciones, entre otros, los atienden en malos términos, sin respuestas, con la excusa que el contacto es la Mesa de Ayuda o los famosos Incidentes”.
Aparte de enumerar múltiples deficiencias de este servicio, como la poca capacidad del servidor en que se encuentra, lo que provoca que se caiga el sitio siempre todos los días antes del mediodía; o que no se pueden realizar observaciones a la apertura electrónica hace más de 1 año, o bien que al emitir la Orden de Compra calcula mal el impuesto, solicita que la Contraloría investigue no sólo estos hechos, sino además, la poca o nula fiscalización de parte del Ministerio de Hacienda y cómo ha ido abordando las problemáticas que se advierten y el control jerárquico que debe refrendar.
Solicita que la Contraloría determine las eventuales responsabilidades administrativas involucradas, y que reciba para tales efectos, a todas las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación; y, luego, remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos.
