martes, mayo 21, 2024
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Alcaldesa de Ñuñoa y fiscal se reúnen por caso de corrupción en gestión de Chile Vamos

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La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, se reunió con la fiscal encargada de investigar el caso por una posible malversación de fondos públicos en la Municipalidad de Ñuñoa durante la gestión del alcalde Andrés Zarhi que, hasta ahora, asciende a $176.167.470.

Al respecto, la fiscal de Ñuñoa, Mitzy Henríquez, manifestó que en la reunión revisaron “el informe de Contraloría y las diligencias a futuro que se realizarán con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI” para “establecer una coordinación lo más cercana posible para ir aclarando estos hechos y la participación de las personas que estarían involucradas”.

Para la alcaldesa, esta acción tiene como fin “solicitar diligencias y aclarar puntos de la querella” y así “que se establezcan las penas correspondientes a este tipo de delitos y se restituya hasta el último peso que habría sido malversado y que le pertenece a las y los vecinos de Ñuñoa”.

Al ser consultada respecto a la participación del ex alcalde Zarhi, la jefa comunal señaló que “él tenía el deber y la responsabilidad de velar por los fondos de los ñuñoinos y ñuñoínas, pero al parecer esta era una práctica recurrente, que también la vimos con gestiones anteriores de Chile Vamos”.

Sobre la posibilidad de penas, la fiscal indica que “están directamente relacionadas con los montos, por lo tanto puede ir desde presidio menor a presidio mayor, es decir desde los 61 días o a presidio mayor en su grado mínimo que son 10 años”.

Antecedentes

Durante el año 2021 la jefa comunal de Ñuñoa presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Luego la Contraloría emitió un informe, después de efectuar una auditoría y un examen de cuentas al proceso de pago de indemnizaciones, determinando que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa habría realizado pagos en exceso al ex director de Salud y a otros siete funcionarios que fueron finiquitados. Junto con iniciar un juicio de cuentas, la entidad contralora remitió los antecedentes al Ministerio Público.

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