Analista político y sociólogo.
El diablo está en los detalles y, sobre todo, en la ausencia de detalles. La oposición tiene su palabra empeñada en el cambio constitucional, pero eso no significa que sepa exactamente en qué consiste su implementación.
Durante la campaña del Plebiscito la derecha se comprometió a algo indefinido en tiempo indefinido, mientras se concentraba en descalificar el texto constitucional que se votaba. Fue una buena táctica, pero esta carencia la impulsó a no establecer con precisión el texto constitucional que propiciaba. Todavía hoy esa es una falencia que se mantiene. De allí las dilaciones.
Podemos encontrarnos en la extraña situación de que se pudiera avanzar más rápido en la mesa de negociación, por la predisposición positiva de los demás, pero que la derecha no esté en condiciones de seguir el tranco por la ausencia de un consenso interno.
Teme comprometerse en definiciones cuyo efecto no ha calculado, sin posibilidad posterior de desdecirse. Si así fuera, más vale reconocerlo y comprometerse con un cronograma realista que, ahora sí, ponga presión a Chile Vamos para que su proceso interno vaya al ritmo que se necesita.
La derecha golpea la mesa para que no se note que tiene susto de equivocarse al estar improvisando. Los demás no tenemos la culpa que a su interior pesen más los publicistas que los constitucionalistas.
La derecha quiere partir con una comisión de expertos y esto no puede ser descartado, puesto que es un primer paso y de algún modo hay que partir. Sin embargo, de allí no se deriva un programa con tiempo predefinido que entregue certezas a todos. La derecha tiene ahora más poder, pero no sabe ocuparlo.
Más vale que la oposición intente ponerse al día porque no puede convertir la dilación en su estrategia. No se afronta el proceso constitucional de a pequeños pasos, sin definir el rumbo completo y sin un cronograma de acciones que llegue a término en plazos establecidos de común acuerdo.
Los expertos han de ser una ayuda no una excusa, pueden aportar mucho mientras más precisa sea la misión que se les encomiende. Es un consenso político lo que se les debe entregar porque ese es el verdadero punto de partida.
La idea de dejar a un lado “por el momento” al gobierno de las conversaciones, a la espera de que se consensuen los principios rectores, es una concesión demasiado grande. No se puede quedar al arbitrio de una de las partes de la negociación para que decida por su cuenta cuándo esos consensos se han alcanzado en la profundidad que ellos definen a voluntad.
Tiene mucho sentido el ordenar las conversaciones según la representación parlamentaria de cada cual. Se trata de alcanzar compromisos entre las principales fuerzas rectoras de la negociación, no de dar espacio para un intercambio de opiniones en que artificialmente se hace pesar a todos por igual.
En el camino no se arregla la carga, en todo momento hay que saber con qué rumbo se está caminando. Es el acuerdo político el que debe tener acompañamiento técnico, no al revés. Es un trabajo en paralelo, no en sucesión. Es la manera de tener el control de lo que se decide y de sus consecuencias.
