Socio fundador de Biósfera Austral.
En julio pasado, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspendió la certificación de subdivisiones de predios rústicos, producto del abuso que ha tenido el decreto 3.516 y por la presión de quienes buscan prohibir. Este hecho impulsó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a realizar una consulta ciudadana, la cual finalizó el 24 de octubre con más de 900 respuestas, revelando la gran importancia que tiene para la ciudadanía este tema. Hay que considerar que las últimas consultas no habían superado las 40 respuestas, lo que indica que el derecho a vivir en un entorno rural es más importante que nunca para los chilenos.
La masificación de loteos sin estándares de conservación ni planificación territorial ha traído graves daños al medioambiente y sus comunidades, a través de la contaminación de nuestras aguas, la pérdida de bosque nativo, la generación de residuos, la pérdida del paisaje, el impacto en la cultura y biodiversidad local, entre una serie de externalidades negativas producto de proyectos sin sentido.
Aquel modelo claramente ha llegado a su fin y tiene que ser rápidamente acompañado de un proyecto de ley que formalice su término y proponga una nueva legislación en su reemplazo.
Al mismo tiempo, es necesario que los desarrolladores de iniciativas de subdivisiones puedan asimilar los impactos negativos, y mientras que no exista una ley que lo modifique, puedan con voluntad mejorar los estándares de sus proyectos, con un criterio serio, profundo e innovador, el que pueda ayudar a solucionar el tema de fondo.
Por otro lado, es importante resaltar también que la industria ganadera, agrícola y forestal son una de las principales causas del cambio climático en el mundo – las cuales con un modelo de trabajo históricamente extractivista y que actualmente es permitido por el decreto 3.516– han tenido importantes responsabilidades en la tragedia del bosque nativo chileno. Y en este punto no estamos aludiendo a las legítimas prácticas de subsistencia, sino más bien a un problema actual, real y de gran magnitud del cual nadie dice nada.
Tenemos que ser capaces de transitar hacia una nueva ruralidad, donde la democratización de la conservación, la restauración de la naturaleza, la vida al aire libre, la ganadería y agricultura regenerativa, y las actividades forestales no maderables tengan un contundente respaldo legislativo, además de incentivos para su implementación.
El desafío es multidimensional y requiere a su vez una mirada local para abordar realidades específicas, lo cual abre varias aristas y complejidades que hacen más difícil alcanzar un acuerdo político y social sobre la materia.
Pero lo que sí está claro, es que urge encontrar una salida institucional a este problema, dado que la migración ciudad-campo es un fenómeno mundial que no se detendrá, motivado por la búsqueda legítima de las personas de poder habitar y compartir una nueva ruralidad.
