La participación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en una serie de reuniones y eventos de alto nivel regional en Buenos Aires, se cerró con acuerdos para avanzar en los trabajos sobre el llamado “síndrome de alienación parental” y las violencias que afectan a las mujeres de la región, en particular, la trata de mujeres migrantes y la violencia digital hacia niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, se llegó a compromisos para mejorar y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia como pieza clave para reducir los femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe.
El Comité de Expertas, órgano rector de MESECVI, llevó a cabo su XIX Reunión. Las expertas participaron también en un encuentro regional de alto nivel sobre justicia y género, coorganizado por el MESECVI con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la Suprema Corte de Justicia de México y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).
SAP, trata y violencia digital
La XIX Reunión del Comité, en la que se definió la agenda de trabajo para el 2023, contó con la participación de veinte de las Expertas, entre ellas la periodista Mónica Maureira Martínez, representante de Chile.
A través de las sesiones de reflexión y debate, las Expertas de Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Chile, acordaron las líneas estratégicas.
En particular, expresaron su preocupación y la urgencia de trabajar en frenar el uso extendido en la región del “síndrome de alienación parental” (SAP), un concepto sin base científica “que está siendo utilizado para deslegitimar las denuncias de las mujeres por violencia en su contra y hacia sus hijas e hijos”, indicó MESECVI por medio de un comunicado público.
El Comité también acordó enfocar sus actividades en la relación entre mujeres migrantes y violencia, incluyendo las situaciones de trata; y la violencia digital contra mujeres, adolescentes y niñas. Se aprobaron además una serie de informes sobre refugios o casas de acogida para mujeres víctimas de violencia en la región, así como una recomendación general respecto a la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad por razones de género.
Esta reunión se da en el marco de la IV Ronda de Evaluación Multilateral sobre los avances en la implementación de la Convención de Belém do Pará. En este sentido, el Comité se comprometió a avanzar con la estrategia de trabajo con los países del Caribe anglófono para iniciar la recopilación de información, desarrollando en paralelo un proceso de acompañamiento y formación para apoyar a los Estados Parte en esta tarea.
Justicia y género
El lunes 14 y martes 15, el Palacio de Justicia de Argentina fue el escenario para convocar a las máximas autoridades judiciales de Argentina, México, Chile, Perú y la región, junto con representantes de la sociedad civil, organismos internacionales y academia para el evento: “Del enfoque punitivo a un abordaje integral: Estrategias y desafíos en la prevención, atención, investigación, sanción y reparación del femicidio/feminicidio en América Latina”.
“En este espacio de justicia que nos acoge debemos luchar por los derechos de las mujeres y hablar de una de las mayores injusticias: los feminicidios”, expresó la Presidenta del Comité de Expertas, Marcela Huaita, en sus palabras de apertura.
Las políticas públicas para el acceso a la justicia estuvieron en el corazón del debate, ahondando en la idea de que la prevención del femicidio/feminicidio no se agota en lo punitivo, sino que requiere de una verdadera mirada integral hacia el fenómeno.
En este sentido, la Ministra Andrea Muñoz, Presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, insistió en el rol clave de las y los operadores de justicia y la necesidad de desarrollar una formación permanente, masiva y obligatoria para la transformación cultural de los poderes judiciales.
