ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
A cuatro años de la revuelta social de octubre de 2019, ¿Qué ha cambiado exactamente?
La respuesta a esta pregunta tiene un punto de origen en la propia revuelta social, las demandas allí expresadas por los millones que se movilizaron, las respuestas del “mundo político” a las demandas y el estado del arte en términos de las soluciones concretas aportadas a la mayor crisis social y política desde el retorno a la democracia en Chile.
Sin poco éxito, sectores interesados se han empeñado en reducir las manifestaciones sociales a los hechos de violencia de aquellos días, pasando por alto el contenido de las demandas, que hoy, 4 años después de la revuelta, son básicamente las mismas, con algunas mejoras parciales en algunos sectores, pero en ningún caso dando cuenta de las transformaciones estructurales necesarias y esenciales para la vida, que fueron reclamadas por amplias mayorías ciudadanas esos días de octubre.
Sintéticamente, se trata de la demanda por dotarnos de un sistema de seguridad social que permita reorganizar la vida en comunidad a partir de la cual se ponga atajo al gravísimo desmembramiento de la sociedad que ha traído aparejado el orden neoliberal hegemónico y que ha tenido el efecto de amplificar la desigualdad que arrastramos desde nuestros orígenes como nación soberana.
En efecto, y a la luz de los hechos, todo el conjunto de demandas expresadas en el marco de la revuelta, han venido siendo minimizadas a niveles incluso burlescos y provocativos por parte de quienes se han especializado en negarlas y obstruir las reformas.
Es claramente el caso de la reforma de pensiones, bloqueada sistemáticamente en el Congreso por la derecha, que solo agudiza las precariedades actuales de los pensionados y atiza la irritación ciudadana con el solo propósito de canalizarla hacia el gobierno. Todo ello, sin que exista elemento alguno que pruebe que las AFPs y las ISAPRES sean los sistemas idóneos para seguir haciéndose cargo de las pensiones y la salud de la población.
Antes bien, como en ningún otro país capitalista, solo en Chile las instituciones previsionales, exhibiendo malos resultados, obtienen ganancias a costa de sus usuarios, mientras que aquellas del negocio de la salud presionan y hacen lobby para que el erario público y los usuarios les financien la mala gestión propia de un modelo fracasado.
En el ámbito político, la derecha, entendiendo por esta a su expresión más clásica representada por la UDI-RN-Evopoli y a su sector hegemónico, el PR, ha sido exitosa en generar una situación de bloqueo permanente a la gestión de gobierno.
El bloqueo político no hace más que debilitar los canales de intermediación política entre la sociedad y el Estado, aumentando el desgaste en la capacidad del nivel político para el adecuado procesamiento de los conflictos sociales. De ello da cuenta el desprestigio de la política y de sus Instituciones, empezando por el Parlamento y los partidos políticos, mientras los pendientes de la sociedad continúan acumulándose.
Sigue, así, deteriorándose, la confianza ciudadana hacia estas mismas instituciones y profundizándose la brecha que separa al así mal llamado “mundo social” del “mundo político”.
El actual proceso constitucional, por su parte, que nació limitado en contenido y forma, no solo que no aprendió nada del proceso anterior, sino que es un instrumento al servicio de un sector de la sociedad, que protege sus intereses particulares por encima de aquellos del país, constitucionalizando el voucher como modelo de gestión en prestaciones sociales esenciales tales como educación, salud y previsión social puesto que, de ese modo, las relaciones sociales seguirán siendo regidas por la lógica de los negocios. Y si de oportunidades de negocios se trata, no por nada el expresidente Piñera se ha puesto junto a Kast a la cabeza del A Favor.
Finalmente, el actual proceso constitucional, además de ser incapaz de abordar las problemáticas medioambientales, dar cabida a los pueblos originarios, descentralizar poder político y recursos acordes hacia las regiones, volver atrás en derechos conquistados por las mujeres y convertir al Estado social democrático de derecho en un fetiche, un esperpento diluido al servicio de intereses minoritarios, no puede sino conducir a seguir precarizando las condiciones de vida de los sectores populares y las capas medias, hace un buen rato sobreendeudas.
Así, no hay cómo estar a favor de una propuesta constitucional que, en lugar de habilitar las condiciones para mejorar la vida, avanzar hacia un proyecto de país en común que mire hacia el futuro, le pone un cerrojo ultraconservador en beneficio de las mismas minorías de siempre.
