Periodista.
Lo que más se ha repetido en las redes sociales y en las conversaciones sociales, a propósito del escándalo del abogado Hermosilla y compañía es que “no va a pasar nada”. He ahí la prueba de la desconfianza en las instituciones que con este escándalo ha aumentado. Es que se trata de un abogado, al parecer muy amante de los billetes, también al parecer habría conseguido fama, fortuna y prestigio vía sobornos y cohechos a funcionarios ligados a instituciones donde enfrentaban juicios sus clientes.
Así, comentó un abogado, “es muy fácil ganar los casos”. O, como dijo el Amarillo dirigente Isidro Solís, tratando al parecer de bajarle el perfil a la gravedad de lo realizado por Hermosilla, este tipo de prácticas eran “bastante corrientes” cuando él y su colega Hermosilla empezaron a ejercer su profesión.
“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados”, dijo Hermosillaen la grabación de 105 minutos que Ciper reveló.
Una de las preguntas que rondan es por qué se esperó que un medio de comunicación diera a conocer el escándalo, en circunstancias que la grabación en cuestión se conocía desde hacía rato y ocurrió varios meses antes. ¿Por qué se les envió a varias personas? Otra es por ¿qué no se allanó de inmediato la casa y la oficina de Hermosilla, como sí ocurrió con la del empresario? Y ¿quién distribuyó el audio, que se sabe, se envió por un celular cuyo código es deGran Bretaña? De ahí se desprenden varias dudas más.
Y hoy hay malas noticias para los implicados. Hasta ahora, la Fiscalía confirmó que los tres involucrados están imputados por soborno, afirmando de paso que las pruebas existentes son lícitas y que no se rompió el secreto profesional. Al parecer, las declaraciones durante 13 horas de la abogada hoy imputada, hicieron claridad a la Fiscalía.
La ordinariez de Jouannet
Aparte de la ordinariez cometida por el diputado, Presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, de pedir por oficio antecedentes de la vida privada del Presidente, la situación, descubierta por una grabación hecha por la abogada María Fernanda Villalobos, y que hace parte de la con versación de los dos abogados – ella y Hermosilla- con el empresario, Daniel Sauer, socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital, no ha logrado detener la ola de indignación por estas prácticas ilícitas, donde se habla de millones con desparpajo escandaloso.
Y a la ordinariez de Jouannet preguntando por la vida íntima del Mandatario justo cuando se descubre un escándalo de coimas y demases por parte personeros de cuello y corbata, se suma otra situación que bordea la mala intención. Se trata de la amenaza de Renovación Nacional a la Ministra del interior, Carolina Toha. La bancada de diputados de Renovación Nacional lanzó un ultimátum a la ministra del Interiortras el ataque con una granada a una carabinera, asegurando que si no expulsa a 12 mil extranjeros entre noviembre y el 31 de diciembre, será acusada constitucionalmente.
Es decir, en un mes, el gobierno debería hacer lo que no pudo hacer su presidente en mucho más tiempo.Olvidando que fue su presidente quien le abrió las puertas de Chile a todos los venezolanos y que el gobierno de Maduro se niega a recibir a sus compatriotas de regreso, el jefe de la bancada de RN,Frank Sauerbaum, se refirió al posible viaje delsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a Venezuela para conseguir acuerdos, dijo sin arrugarse:“No le puede pedir permiso a los chavistas para expulsar a la gente que viene a delinquir a Chile. Y si él piensa así, bueno, le vamos a pedir disculpas entonces al gobierno de Venezuela por devolverles al montón de delincuentes que nos ha mandado ilegalmente. Los tiene muertos de hambre, ha abierto las cárceles para que esa gente salga (…) a otros países y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Eso no es aceptable, por lo tanto, vamos a insistir en esta acusación constitucional”.
El diputado Longton, insistió en el tema, pidiéndole a la ministra que cumpla con su deber y por cierto, sin mencionar que la entrada de venezolanos al país fue responsabilidad pura y dura de su Presidente en Cúcuta, Sebastián Piñera.
Las interrogantes
Lo que queda prístino y tendrá que tomarlo en cuenta el Fiscal Nacional Ángel Valencia, es la desconfianza en su actuación existente en la ciudadanía. Más aún cuando el protagonista principal, el abogado Hermosilla, en su única declaración hecha un día después de destapado el escándalo, sacó una declaración defendiéndose. “Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”.
Pero claro, nada dice sobre el fondo del asunto: sus afirmaciones en el audio dado a conocer por Ciper. Allí habla de la necesidad de juntar dinero en una caja negra para pagar los favores que pide; no sólo eso, habla incluso hasta de incendiar oficinas para borrar documentos que comprometan a su cliente. Y no sólo eso.
Ya está respondida la pregunta de quién grabó. En su larga declaración ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, que abrió de oficio una investigación penal por el caso, María Bernarda Villalobos respondió que fue ella quien grabó la conversación. El por qué lo hizo y para qué o quién, aún no está claro.
Mientras, el Servicio de Impuestos Internos instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia y el Colegio de Abogados inició también una indagatoria para esclarecer los hechos y aplicar eventuales sanciones.
El gobierno
Aparte del Presidente Boric, quien desde Estados Unidos fue tajante al señalar que todos los responsables serán perseguidos y deben ser sancionados, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que este es un caso que debe esclarecer pronto y sancionar según corresponda. Lo mismo había dicho el Ministro de Hacienda.
Para la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se trata de un caso de gravedad, condenable y que se debe buscar a todos los responsables para ser castigado por la justicia. El presidente de la CPC, Ricardo Mewes calificó el hecho como “de la mayor gravedad y claramente este hecho lo vamos a condenar, como siempre lo hemos hecho, con toda la firmeza, porque claramente esto vulnera la fe pública”. “Espero que realmente esto se investigue con la mayor rapidez posible para que los culpables sean castigados con todo el rigor de la ley”.
