ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
Existe amplio consenso acerca de la fragmentación del sistema político. Así pareciera indicarlo la iniciativa impulsada por senadores de distintas bancadas, que aborda el umbral del 5%, algunas medidas antidíscolos y otras de distinto carácter, todo ello alrededor del sistema electoral.
La propuesta no difiere mucho de la que se hizo hace algunos pocos meses. Tampoco ha variado el contexto social en el que tomamos conocimiento de esta nueva versión de la misma.
Al respecto, si hace solo unas cuantas semanas conocimos la burla de las Isapres al llevar a 156 meses la devolución de los excedentes, pagadera en provocadores montos, últimamente la atención pública se ha venido concentrando en su hermana gemela, las AFP, pero esta vez a propósito de la Reforma a las pensiones.
Un protocolo de acuerdo tripartito entre gobierno-senadores-expertos en seguridad social estableció enero de 2025 como plazo para concluir la tramitación de este proyecto. Esto sin mencionar que, el proyecto de reforma a las pensiones lleva en el Congreso la friolera de más de 10 años sin que el 99% de las pensionadas y pensionados de Chile haya conocido mejora alguna.
Lo anterior viene a cuenta, porque es en el marco del “país real”, con su sistema político fragmentado y cada vez más desconectado de la realidad social, dilatación y acumulación de conflictos, que cabe hacerse la ineludible pregunta acerca del régimen político que Chile necesita.
Si, por un lado, avanzamos hacia un sistema político que habilite el libre juego de ideas, visiones de sociedad y mundo en el que se representen y expresen todas las miradas de país y todas sus realidades territoriales; en suma, uno orientado a mejorar la vida y dibujar un país en el que quepamos todos y en el que con mejor democracia y pluralismo político robustecido podamos resolver pacíficamente las contradicciones de la sociedad y ojalá anticipándolas.
O bien, por el otro, uno en el que prime un sistema político elitizado, cerrado y ajeno lo máximo que sea posible a la interacción social y al servicio de intereses minoritarios. Es decir, continuar como estamos, con un sistema político trabado, para un país que requiere urgentemente que la política se ocupe y resuelva los problemas y dolores acumulados.
Como habría de suponerse, en esta reforma y todas las de su género, existen asuntos técnicos, necesarios para la debida interrelación de las partes que conforman un sistema, siendo el electoral uno más de entre otros. Sin embargo, el debate acerca del tipo de reforma al régimen político que Chile necesita es principalmente social y político, no solo electoral y su foco debe estar siempre puesto en resolver los problemas del país, ojalá anticipándolos y evitar dilatarlos al punto de pasar a ser parte del problema.
Ese es justamente el papel de la política y el principal sentido de las instituciones democráticas. Por el contrario, cuando la política se convierte en un obstáculo, en un freno a la integración social, crea un torbellino de descontento y fallas que desgasta la confianza ciudadana en las instituciones.
Más que eso, su dilación en las respuestas favorece el surgimiento de tendencias extremas, que se aprovechan de los vacíos que generan sistemas políticos autorreferidos y elitizados, explotando la emocionalidad que generan los abusos y desigualdades en la sociedad. La última elección presidencial en EEUU, como antes lo fuera la elección del fanático de Milei en Argentina, nos entregan valiosas experiencias de aprendizaje al respecto.
Por ello que, una reforma al régimen político debe propender a incorporar, además del elemento electoral propiamente tal, otros aspectos necesarios para el fortalecimiento del régimen democrático. Es el caso de su financiamiento, el equilibrio de poderes entre los órganos del Estado, fiscalización de los entes de control, entre otros.
Para decirlo de otro modo, una reforma limitada solo a los umbrales, difícilmente podrá resolver el problema de gobernabilidad que se arrastra desde hace ya más de una década y sin que los gobiernos, incluso indistintamente de su signo ideológico y político, puedan llevar adelante su programa. De acuerdo con lo antes dicho, destaca, en el entramado intrapoderes del Estado, la cada vez más áspera relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la crisis no menos importante del poder Judicial que han develado los hechos de corrupción del así denominado “caso Hermosilla”.
Desde esta visión, la reforma al régimen político no puede referirse solo al funcionamiento de los niveles centrales del Estado, al modo en que se articula y a su forma operativa. También será necesario abordar alguna forma complementaria de participación ciudadana a los procesos electorales en los distintos niveles y subniveles del Estado, elemento central si es que una reforma del sistema político se propone abordar la abismante distancia que existe entre parte importante de la sociedad y la política institucional, que amenaza con volverse estructural.
En ese mismo sentido, una reforma al sistema político tendrá que saber abordar la participación de las regiones y comunas en materia de recursos y competencias, de manera que les permitan mayor autonomía en la toma de decisiones y puedan abordar más eficientemente sus problemáticas cotidianas.
En resumen, enfocar la reforma del sistema político exclusivamente en su dimensión electoral, compromete su efectividad y legitimidad democrática.
