Tras una larga lucha de la familia de la víctima que entregó información clave que investigar el nuevo tipo penal, en Copiapó se dictó la primera condena en el país por el delito de suicidio femicida, desde que comenzó a regir la Ley 21.523, conocida como Ley Antonia, normativa que tipifica los delitos de inducción al suicidio y de suicidio femicida.
La condena a Heraldo Brevis Maya, quien se encontraba en prisión preventiva, fue bien recibida por el movimiento Justicia para Raquel que desde 2023 ha visibilizado y exigido insistentemente justicia tras la muerte de la joven Raquel Gutiérrez Ponze. “Después de un largo y doloroso camino, la justicia habló: el tribunal determinó la culpabilidad del responsable de la muerte de nuestra querida Raquel. Este fallo marca un precedente histórico: es el primer caso a nivel nacional en el que se aplica la Ley Antonia, logrando demostrar la responsabilidad de un agresor cuya violencia provocó un desenlace irreparable”, manifestaron.
En el caso, la Fiscalía Regional de Atacama contó con el apoyo jurídico de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional, “lo que llevó a estudiar los medios de prueba para finalmente acusar al imputado por su responsabilidad en este hecho en que se acreditó que hubo actos de violencia física y sicológica en contra de la víctima previo a su deceso y con ello el nexo de causalidad entre las acciones del imputado y el desenlace fatal”, señaló el fiscal adjunto de Copiapó, Ariel Guzmán Moya.
Rol de los agentes del Estado
Respecto de esta primera condena en el país por este delito, la directora de la mencionada unidad de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, manifestó que con el trabajo investigativo realizado se logró acreditar que los hechos que ocurrieron en la capital de Atacama fueron en contexto de violencia de género cometidos de manera sistemática. “Por esta razón es que hacemos el llamado a mirar estos casos como una criminalidad compleja que requiere una mirada especial por parte de los agentes del Estado, además de un problema de seguridad pública que implica mirar con perspectiva de género todos estos ilícitos para evitar la impunidad de sus autores”, enfatizó.
De esta manera, en un juicio abreviado, el Juzgado de Garantía de Copiapó impuso al condenado la pena de 5 años de presidio, sanción que se cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.
