A continuación, reproducimos en extenso el discurso de la recién asumida Presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich:
Señor Presidente agradezco su presencia en este acto tan significativo para mí y creo que también para la gran mayoría de las mujeres del país.
I.-En este especial momento, reconozco a quienes han sido un puente para este logro en mi vida, y en la raíz del recuerdo se encuentran mis progenitores, Laura y Jorge, especialmente mi madre, pues a través de su bondadosa entrega, mis hijas pudieron sentirse cuidadas por una presencia amorosa y virtuosa, con ello, me brindó una relativa tranquilidad que toda mujer necesita para seguir desarrollándose profesionalmente.
En el recuerdo también aparece la memoria de quien fue mi marido, Andrés. Un gran consejero en mi camino de vida, que siempre me impulsó a perseverar en mis sueños y que, con su partida, me mostró que el amor se transforma, pero nunca muere.
Gracias a mis hijas, Josefina y Francisca, por inspirarme y, al mismo tiempo, enseñarme a través de su paciencia y comprensión que el amor es trascendental y conduce al perdón. Gracias por los hermosos nietos que me dieron, Agustín y León, quienes son fuente de alegría y conexión con la vida.
Gracias también a mi compañero, Carlos, eres el refugio de mi día a día, tu guía, apoyo y protección han sido puntales invaluables en esta travesía, gracias por sostenerme y aceptarme tal cual soy.
Gracias a mi secretaria abogada, Vanessa, porque he contado con su trabajo dedicado y permanente apoyo, necesario para poder asumir todas mis obligaciones.
Agradezco también a todas las personas, profesionales de la diversas unidades de esta Corte y de la Corporación Administrativa, y a aquellas que se desempeñan en cortes de apelaciones y tribunales, pertenecientes a los diferentes escalafones del Poder Judicial, con quienes he sostenido y sostengo una estrecha vinculación, que me ha permitido enfrentar cometidos de enorme desafío, asimismo, de dolor institucional, a través de un arduo trabajo conjunto movilizado por un espíritu de colaboración, unidad y compromiso, que no habría sido posible sin su concierto.
Experiencias todas, que entregaron una gran lección, la importancia de escucharnos, sentir nuestras necesidades comunes en aras de avanzar, pues nada se consigue sino logramos reciprocidad en nuestras relaciones.
II.- Asumo la presidencia de la Corte Suprema plenamente consciente de cuáles son mis deberes y atribuciones, como también que reunida en Pleno debe resolver aquellas materias en los ámbitos directivo, económico y disciplinario, para el buen gobierno del Poder Judicial. Todo está claramente establecido en el Código Orgánico de Tribunales, no admite discusión alguna y sólo cabe acatarlo.
III.- Haciendo el recuerdo de una expresión que ya se ha hecho famosa, el Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles, puesto que desde el mes de Octubre de 2024 a la fecha, tres miembros de este tribunal y otros dos de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido removidos o destituidos por actos y conductas que dicen relación con la probidad en el desempeño de sus cargos, que son por todos conocidos.
Sin duda se trata de hechos muy graves, que nos han llevado a la profunda crisis que estamos viviendo, todavía más si se considera que se trata de miembros de tribunales superiores de justicia.
Se agrega así otro motivo para el generalizado descrédito que tenemos ante la opinión pública.
No quiero relativizar lo ocurrido, pero ello no puede significar que dicha percepción alcance a todas las personas que formamos parte de este poder del Estado y que merezcamos los duros epítetos con que algunos se refieren a nosotros.
En el Poder Judicial trabajan alrededor de 14.000 personas que forman parte de los Escalafones Primario y Secundario y del Personal de Empleados.
Pues bien, hace algunos años, cumpliendo un cometido dispuesto por el Consejo Directivo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realicé un recorrido por todo el país, visitando de manera presencial todas las cortes de apelaciones y todos los tribunales de primera instancia, con excepción de los juzgados de Isla de Pascua, Hualaihue y Palena-Chaitén que, en ese entonces, tenía su sede en la ciudad fronteriza de Futaleafú, con los que me reuní por vía telemática, los que suman un total de 465, y también visité diferentes unidades judiciales. En cada lugar constaté el trabajo profesional, serio y abnegado de todas las personas que en ellos laboran, comprometidas verdaderamente con prestar un mejor servicio, por lo que me parece injusto y me duele que, por los actos reprochables de algunos pocos, suframos las consecuencias quienes cumplimos honestamente con nuestro deber.
Similares experiencias viví cuando debí cumplir el cometido dado por la Corte Suprema para coordinar el buen funcionamiento de todas las cortes de apelaciones y de todos los tribunales de primera instancia durante la época de la pandemia, aunque, por razones obvias, las reuniones no fueron presenciales sino vía telemática. También al desempeñar funciones de encargada de la implementación de diversas leyes, entre otras, las que autorizaron la retención de hasta el 10% de los fondos de capitalización individual por deudas de pensiones de alimentos; la que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; y la de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Todas de gran contenido social.
Estas tareas me han permitido escuchar directamente a muchas personas que trabajan en el Poder Judicial, respecto de las dificultades, de todo orden, que se les han presentado en el desempeño de su labor, también conocer las buenas prácticas que les han permitido aligerar la carga y medidas de gestión para asumirla mejor, por otra parte, saber de sus inquietudes y pesares, tratando de encontrar una solución o, al menos, entregar una palabra que las reconforte.
En nombre de ellas, alzo mi voz para protestar y decir que lo hecho por algunos pocos, no puede ser un estigma para la inmensa mayoría que trabajamos honesta y esforzadamente.
Puede haber otros que tengan o hayan tenido similares conductas, no tengo como afirmarlo ni negarlo, pero de lo que sí estoy segura, es que una gran mayoría de nosotros estamos conscientes que somos servidores públicos y que por sobre cualquier cargo o dignidad que tengamos, nos debemos al servicio público que libremente elegimos seguir. Estamos aquí para servir, no para servirnos del cargo, ésta debe ser la premisa a partir de la cual debemos hacer las profundas reflexiones a que nos llaman los tiempos que vivimos.
Frente a estos actos, mi antecesor el ministro señor Blanco convocó a la Comisión de Ética de esta Corte, existente en esa época, para que conociera de ellos, la que inició investigaciones cuyos resultados comunicó al Pleno, el que, a su vez, adoptó decisiones a su respecto y también ordenó instruir los procesos disciplinarios pertinentes y luego, en un caso, dispuso abrir un cuaderno de remoción. Sin perjuicio de lo anterior, como es de público conocimiento, se aprobó el Código de Ética Judicial que entrega orientaciones sobre lo que debe ser la correcta conducta funcionaria.
Creo que hemos actuado con la mayor diligencia posible, y que si por algunos se pudiera estimar que nuestra reacción habría sido tardía, es bueno recordarles que los tiempos de las investigaciones judiciales no son los mismos que los que rigen aquellas que lleva adelante el Congreso Nacional.
Además de todo lo hecho para resguardar la probidad judicial y frenar corruptelas que existan o que puedan producirse, quiero manifestar que es la firme voluntad de esta Corte, el actuar con la mayor celeridad posible si nuevos hechos de esta naturaleza se develaran.
IV.-Pero esta mala evaluación de la sociedad no sólo tiene su origen en los hechos señalados, pues existen distintos motivos que provocan el descontento ciudadano. Entre otros: se nos reprocha el atraso, a veces excesivo, en la tramitación de las causas en las cortes y tribunales; la deficiente atención que brindamos a los usuarios del sistema y, tal vez, la crítica que más duele, que existe “una justicia para ricos y otra para pobres”.
Se dice que la justicia que tarda deja de ser justicia. No puedo sino estar de acuerdo.
El atraso existente en la dictación de sentencias y en la vista de las causas, en los tribunales de primera instancia y en las cortes, respectivamente, es un hecho innegable. Este atraso que, en ocasiones, se transforma en años de espera, lo sufren no sólo las partes que han acudido a la justicia, sino también los letrados que las representan y asesoran y, por qué no, también nosotros, que, conocedores de esta realidad, nos abruma, porque vemos con desazón que no obstante nuestros esfuerzos, por lo menos en esta Corte, con medidas como la generación de tablas especiales o el funcionamiento extraordinario de salas, no logramos superar esta grave situación.
A menudo, también, escuchamos comentarios sobre la mala atención que se brinda a las personas que acuden a los tribunales, en particular hacia aquellas que, sin poder contar con una adecuada asesoría, acuden en busca de alguna información u orientación, recibiendo en cambio el desdén o mal trato que no se merecen. Sin duda, no se trata de una conducta generalizada, pero cuando ocurre, el efecto que produce perjudica a todo el Poder Judicial.
La existencia de dos clases de justicia, para ricos y para pobres, es una percepción que muchos comparten, sosteniéndose que se mira la condición de quien litiga y que se otorgan privilegios por esta sola circunstancia. Se trata de una crítica que requiere de un análisis profundo, donde no pueden quedar al margen responsabilidades propias, mensajes equivocados, informaciones incompletas o francamente distorsionadas, juicios u opiniones a priori, que contribuyen a crear una imagen errada.
En lo personal, rechazo rotundamente a quienes pretenden hacer valer supuestos privilegios y he dado muestras de ello.
Lo que enaltece nuestra labor es, entre otras cosas, el trato igualitario que debemos dar a todos los justiciables.
Una resolución o un fallo erróneo, que los hay (somos humanos y, por lo tanto, falibles), no pueden opacar o ignorar cientos de otros que se expiden a diario por nuestros tribunales y que resuelven adecuadamente un litigio, trayendo consigo la paz social.
Estoy consciente que algunos sostienen que no nos debe importar la opinión pública al momento de tomar nuestras decisiones y no puedo menos que estar de acuerdo, si, con ello, quieren decir que para dictarlas sólo debemos tener en consideración el mérito de las alegaciones y pruebas que se nos presentan.
Cosa distinta es que seamos indiferentes a la evaluación que se haga de nuestros comportamientos, actuaciones y decisiones, en ámbitos que no son propiamente jurisdiccionales. Entonces, sí, en mi concepto, la opinión pública importa y mucho, porque la credibilidad y la respetabilidad que debemos proyectar ante ella, es indispensable en un correcto sistema de administración de justicia, como parte fundamental de un Estado de Derecho.
Sin perjuicio de nuestras propias responsabilidades en el estado de crisis en que nos encontramos, creo también importante traer a la reflexión otros antecedentes que gravitan en nuestro quehacer.
Ejemplos? …¡varios¡ En primer lugar, el llamado “gobierno judicial”, esto es, el que miembros o el pleno de esta Corte deban asumir tareas administrativas y disciplinarias para el buen funcionamiento de los tribunales. Siendo una tarea muy importante, no puede significar que se nos distraiga de nuestra función esencial, la jurisdiccional, y que ésta se resienta porque debamos cumplir funciones más bien propias de organismos especializados.
Por otra parte, no se puede ignorar el fenómeno, prácticamente universal, de la judicialización, que lleva a que materias que claramente exceden lo puramente jurisdiccional, deban ser conocidas por un tribunal, y que provoca una sobrecarga de trabajo, la distracción de medios materiales y humanos, para entregar una respuesta a tal contienda, llamados, como estamos, a dar estricto cumplimiento al principio de la inexcusabilidad.
“Prueba al canto”: los miles de recursos de protección que se tramitaron ante las cortes, por reclamos del alza del precio de los planes de salud de las ISAPRES, cuestión que, sin duda, debió encontrar una solución legislativa que tardó mucho en llegar.
Asimismo, el abuso del sistema recursivo que contemplan nuestros procedimientos, no para formular una legítima discrepancia con lo resuelto, sino para dilatar la tramitación de una causa, a sabiendas que la razón no está de parte del recurrente.
Además, la dictación de leyes cuya implementación ha significado nuevas y complejas tareas para los tribunales, sin que entreguen el financiamiento necesario para proveer de dotación y de medios materiales a los que deben asumirlas, por lo que se transforman en nuevas cargas de trabajo con los medios existentes, que ya son escasos, y por cierto, postergar otras tareas.
Ejemplos de esto último, son, entre otras, la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, cuyo alcance social es indiscutible. Hacerlas efectivas, ha significado un tremendo esfuerzo tanto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pues, entre otras acciones, debió realizar una ingente tarea para poder generar un sistema de interconexión con el Servicio de Registro Civil e Identificación, porque no existía, como a los tribunales que conocen causas de familia, ya que, prácticamente, con su misma dotación y recursos materiales, han debido actualizar mensualmente la liquidación de la deuda en cada caso; requerir información a bancos e instituciones financieras, y a toda clase de organismos en los que pudieren existir fondos de los alimentantes susceptibles de retención y, luego, disponer el pago, ya que la necesaria interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero, aún no existe, y, en fin, cuanto sea necesario para que la protección de los alimentarios se haga una realidad. De esta manera se ha dado una respuesta inmediata y adecuada del Poder Judicial a esta problemática social tan relevante.
En total, la gestión de los procedimientos especial y extraordinario alcanza la histórica cifra de más de 3 billones de pesos, que refleja la magnitud y el impacto económico de las resoluciones dictadas por los juzgados de familia del país, y se encuentran individualizados e inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos 338.224 (trescientos treinta y ocho mil doscientos veinticuatro) personas.
V.- Las dificultades que enfrentamos debemos superarlas y para ello, lo primero es reconocer su existencia. Queramos o no, los múltiples factores que las han provocado, entre los cuales, sin duda, el más grave lo constituye las faltas a la probidad, son innegables, no se trata, como algunos creen, de una mala percepción, una errada información o una campaña de desprestigio, cuyos fines no alcanzo a entender.
Algunas de sus causas las he señalado, sus explicaciones son variadas, como también lo dije, pero no se trata de deslindar responsabilidades, no podemos trenzarnos en controversias inconducentes, urge que reflexionemos, dialoguemos, porque el problema nos incumbe a todos.
Una administración de justicia que se aparta de sus deberes de independencia, imparcialidad, probidad, sobriedad y decoro, no solo importa un abandono de sus deberes esenciales sino que produce lo que ahora, por desgracia, tenemos: desprestigio, desconfianza, falta de credibilidad. Bien sabido es, que cuando se deja de confiar en la justicia no solo se resiente el servicio judicial, sino también el Estado de Derecho, y, todavía más, el sistema democrático.
Todos debemos aportar y así, en lo personal, procuraré encontrar principios de solución para aquellas problemáticas que nos atañen directamente, entre otras: los atrasos, tiempos excesivos para la programación de juicios, deficiente atención del público, para lo cual promoveré tantas reuniones y encuentros como sean necesarios, con todas las personas que estén involucradas, haciendo propuestas, que, en lo que corresponda, llevaré al Pleno de esta Corte. Tal vez se trate de un aporte modesto, pero al menos refleja la voluntad de escuchar y provocar un cambio de actitud.
Pido de los otros poderes del Estado igual voluntad de cambio para que se priorice el estudio y discusión de proyectos de ley, que, en nuestro concepto, son fundamentales, como el Proyecto de Reforma Constitucional para el Sistema de Nombramientos del Poder Judicial, que crea el Consejo del Poder Judicial y suprime la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, entre otras materias. Esto nos permitiría abocarnos exclusivamente a lo que es la esencia de nuestra función, ejercer la jurisdicción.
Nos preocupa también la tramitación del proyecto de ley que crea un Tercer Juzgado del Trabajo para Santiago y aumenta la dotación de miembros de la judicatura en otros tribunales de similar especialidad, en tres ciudades del país. Sin duda que los conflictos laborales con su gran impacto social, deben ser la preocupación preferente de todos, y encontrar una solución pronta, cuando se sigue la vía judicial, resulta indispensable. Por desgracia ello no ocurre así, cuando sabemos de audiencias de juicio que se programan para un año más tarde de la fecha en la que corresponde por falta de capacidad de los tribunales existentes, nos parece que este proyecto debe merecer la mayor atención legislativa.
Por otra parte, sabemos del anteproyecto que se estudia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que crea la novedosa figura del “juez de inicio” y modifica algunas normas de la ley de la Academia Judicial, cuyo propósito es dotar de miembros de la judicatura a aquellos territorios jurisdiccionales, que, por diversas circunstancias, no son atractivos para postular. Además, dota de mayores atribuciones a la Academia en su labor de formación y perfeccionamiento de aquellos. Ojalá se pueda avanzar y pronto verlo convertido en un proyecto de ley.
VI.- Otra mirada para encarar la crisis, es tener presente que la experiencia institucional vivida en el último tiempo ha sido dolorosa y nos ha llevado a cuestionar el sentido profundo de la función pública. Servir no es solo cumplir una tarea, sino un acto que nace del deseo genuino de ayudar y hacer el bien. Cuando ese compromiso se desvaloriza, la motivación se resiente, algo humano y comprensible.
Si bien el dolor puede abrir caminos de transformación, para que sea posible es necesario empatía, escucha activa y comunicación permanente. Si aspiramos a administrar justicia, debemos cuidar a quienes la hacen posible, reconociendo lo que cada persona puede aportar cuando se siente valorada y contenida.
Por ello, hoy estamos llamados a ir más allá de una ética del deber y avanzar hacia una ética del cuidado: del sentir y de las personas. Lo que se reprime o duele termina manifestándose en los espacios laborales y comunitarios. Esto exige no solo buenas prácticas, sino una sensibilidad consciente y empática, coherente con nuestra misión de servicio.
Humanizar el servicio público implica fortalecer el diálogo, la escucha y la colaboración, generando espacios donde todas las voces sean consideradas. Solo así podremos enfrentar los desafíos con unidad y sabiduría, avanzando hacia una conciencia social más compasiva y comprometida con la justicia y la dignidad humana.
VII.- Como se puede apreciar, superar las dificultades y mejorar el sistema de justicia es tarea de todos, queremos escuchar y ser escuchados, porque el propósito es el mismo.
Solo me queda invocar porque la espera no sea tan larga.
Entretanto, los invito a escuchar un mensaje que viene resonando desde hace siglos, simple pero contundente: dijo Ulpiano “lo que el Derecho manda es vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada cual lo suyo”.
Si este es un llamado para dirigir nuestros pasos, también quiero compartir otro que nos insta a la reflexión, ahora de un jurista de nuestros tiempos. El ilustre procesalista uruguayo Eduardo Couture, que, en los últimos años de su fecunda vida, escribió un libro que recogió algunas de sus experiencias y meditaciones, titulado “El arte del Derecho y otras meditaciones”, en el capítulo que dedica al arte del Derecho, escribió: “El derecho es una ciencia, la abogacía es un arte y la justicia es una religión”, ¿cuál es el sentido del mensaje que nos quiso transmitir?. No lo explicitó, por lo que es tarea de cada cual su comprensión.
VIII.- Por último, considero importante destacar que mi llegada a la Presidencia de la Corte Suprema constituye un hito en la historia de Chile, al terminar con más de 200 años de una tradición institucional injustificada, que llevaba a que las mujeres no accediéramos al más alto cargo de la magistratura, como sí ya había ocurrido en los otros poderes del Estado. Estoy aquí, frente a ustedes, frente a las niñas, las adolescentes y las mujeres de nuestro país, para afirmar con convicción que, pese a las barreras de género, no existen límites insuperables, y que con trabajo, estudio y perseverancia, las mujeres podemos asumir las más altas responsabilidades en cualquier ámbito que nos propongamos.
Esto es lo que pienso; estas son mis convicciones; estos son mis anhelos, estos son mis afanes, por esto, gracias por escucharme.
