Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera. 
Asesinato de la profesora de Calama, bombas molotov en un colegio de Santiago, en Curicó una madre denuncia que su hijo fue armado al colegio, en Angol descubren un arma en una mochila… una noticia tras otra en el mismo noticiero central. La noticia estalla: ¡violencia en las escuelas”! (no en el Liceo que es donde se producen esos hechos… es en todo el sistema educacional) y empiezan a salir más noticias: en Villarrica una amenaza, en Temuco dos más y así… paralelamente el gobierno lanza dos proyectos de ley: el primero busca modificar el Código Penal para poder sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como contra la propiedad cometidos en dependencias educativas; el segundo, denominado “Escuelas Protegidas” (¿Chao “Aula Segura”?), tiene por fin resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades mediante medidas de seguridad reguladas en la Ley General de Educación “Este Gobierno fue elegido precisamente por la mayoría de los chilenos para devolver, para recuperar el orden, el sentido común y la autoridad” (Extraído de Web de la Presidencia). La TV, los Medios y las RRSS que los reproducen, cambiaron el eje de los “portonazos” por el de la violencia escolar. Nada es casual. Apuntan a crear una sensación de criminalización que lleve a la población a creer que más represión y menos democracia, menos libertad y más control, resolverán el problema, mientras, el poder oligárquico gana terreno ideológico, político y económico: avanza el neoliberalismo. Sin excluir la educación.
Causas comunes.
La educación como prevención integral y no como sentido común (los problemas de salud mental lo distorsionan), recuperar la autoridad, no por el temor sino por el respeto mutuo, generar orden, no por el castigo sino por la autoregulación y regulación social, son opciones que no se consideran y se dan por perdidas o se arrojan al futuro. Desde el conductista Skinner, en los años 50 del Siglo pasado, está demostrado que el castigo no cambia profundamente conductas adquiridas más allá del corto plazo, menos en una sociedad que ha quedado excluida del debate para situar todo en la “seguridad pública”, como respuesta a la idea de “inseguridad pública”, provocada por jóvenes, excluidos, migrantes, los que viven en “blocks” o “tomas”: Hermosilla, Macaya, Guerra, Vivanco, Lavín, son otra categoría de “presuntos delincuentes o condenados”, son ilustrados y menos violentos. La violencia -física, verbal, gestual, emocional- se construye como realidad simbólica y valora como acto patriarcal de poder, modo de hacer política, forma de resolver problemas.
La educación.
El estado y sus políticas públicas, los intelectuales y cuadros políticos, incluso progresistas, no quedan excluidos de responsabilidad. La educación escolar de Chile -como toda educación- responde a la sociedad a la que pertenece y a la que debe contribuir formando ciudadanos, seres libres y autónomos, buenos trabajadores especializados, pero en las últimas décadas se ha centrado en el desarrollo cognitivo (el cuerpo, el corazón, el espíritu, el vínculo social y con la naturaleza, la cooperación como motor de la evolución y del desarrollo, son ubicados en los márgenes curriculares, al libre arbitrio de los espacios que dejen las asignaturas obligatorias), en la capacidad de desarrollar competencias y habilidades, prácticas, formales, preestablecidas, con un trasfondo de sustentación en el dinero por el valor económico de cada estudiante (vale una subvención y algo más). La cantidad de estudiantes universitarios que narran como los docentes se ven obligados a falsear la asistencia es común y mucha: el sistema está mal, a veces opera con mentira y los estudiantes lo ven, conversan, analizan y actúan en consecuencia. Los actos violentos en la educación escolar no son sólo un problema de salud mental: es consecuencia de un sistema que despojó a la infancia y sobre todo a la adolescencia y juventud de sus sentidos de vida, de sus espacios, de sus amigos, de sus modelos de personas a seguir… de sus comunidades. No es sólo responsabilidad de docentes y de las familias, como se quiere decir, es culpa de un sistema educacional fracasado, que ya no acepta reparaciones de parche, que no se va a arreglar con castigo, desconfianza, represión… ¡quitar el derecho a la gratuidad si cometes un delito a los 14 años!… el clasismo inherente es claro: la delincuencia, según el poder ideológico y político dominante, se territorializa en el mundo de los pobres y clases media empobrecidas, que son los que después requieren la gratuidad, se les castiga dos veces. ¡Qué mundo, qué educación se está propiciando!
La educación se ha jibarizado: la comunidad escuela se ha reducido a la sala de aula, la participación de las familias a consumidores como si educar fuese un producto más como una hamburguesa, la formación integral a las competencias, la educación pública a una disgregación de expresiones (municipios, SLEP, gestión delegada, validación de estudios), la validación social de la educación a la medición e indicadores, la docencia a una autonomía profesional precaria y dependiente de sostenedores, la precariedad del empleo desvaloriza el papel de movilizador social de la educación. Educarse es asistir y permanecer en aula. Ya no es prevención de la violencia la formación de ciudadanos integrales, comprometidos con el bien común, la libertad, el amor al prójimo como servicio y solidaridad práctica. Se explicita la concepción y modelo educacional que emerge hoy.
Estamos en un nuevo momento -ha habido varios, en varios gobiernos anteriores- de “chutear” el problema de cambiar un sistema educacional fracasado, para mantener el que existe, beneficiando la diferenciación social y la desigualdad ante el ejercicio del poder económico, político y cultural privado, que coopta al estado y a mucha sociedad civil, política y académica.
