Periodista.
Las asociaciones de funcionarias y funcionarios de los organismos del Estado que trabajan por los derechos de las mujeres y equidad de género exigieron justicia y sanción ante los graves casos de violaciones a los derechos humanos en el marco del Estado de Emergencia en Chile.
“El Gobierno del presidente Sebastián Piñera debe responder política, jurídica y administrativamente por las graves violaciones de derechos humanos y de las mujeres perpetradas por agentes de Estado, FFAA y de Orden contra mujeres (niñas y adolescentes) y disidencias sexuales y de género en estado de excepción constitucional, de emergencia y toques de queda, decretado por el propio gobierno”, señalaron.
En un comunicado público emitido en conjunto por la Internacional de Servicios Públicos, la Vicepresidencias de la Mujer de la ANEF, la Vicepresidencia de la Mujer de la CUT, la Federación de Trabajadoras/es a Honorarios del Estado, la CONFUSAM y las Asociaciones Nacionales de Funcionarias/os de la institucionalidad de las Mujeres: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG), del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUSEM SERNAMEG) y de la Fundación PRODEMU (SINDICATO PRODEMU) -instituciones que diseñan e implementan políticas, planes y programas para la igualdad de género-, declaran que tienen el deber ético de denunciar esta vulneración de derechos.
”Exigimos Justicia y sanción antes las graves violaciones de derechos humanos y violencias de género político sexual perpetradas por agentes de Estado contra mujeres y personas de la disidencia sexual y de género”, manifiestan.
La declaración dice que ante estos hechos, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del Estado “quienes defendemos la función pública como garantía de derechos a las personas, y en particular a las mujeres, exigirán juicio y sanción en la línea de todas las responsabilidades, tanto materiales como políticas”. “No toleraremos la impunidad nunca más en Chile”, enfatizan.
Las y los funcionarios declaran que las autoridades de gobierno deben dar explicaciones “acerca de las 20 personas fallecidas en estado de emergencia, asumir responsabilidad en el asesinato por parte de agentes del Estado de al menos 5 personas -que constan en las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos-, y responder ante las acciones judiciales por delitos atribuidos a agentes del Estado, recursos de amparo y querellas por violencia y tortura sexual”.
Además piden que se esclarezcan las muertes de mujeres “como Valeska Fernanda Carmona López quién fallece de un Traumatismo Torácico por Proyectil, el día 20 octubre a las 01:37 horas (según consta en certificado de defunción que circula), no obstante, se registró como incinerada en un saqueo y posterior incendio. La muerte de Daniela Carrasco, conocida como la ´Mimo´, quien fuera encontrada ahorcada en sitio eriazo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que de acuerdo con redes sociales se trataría de un secuestro de fuerzas militares en protesta del pasado 19 de octubre. La muerte de Mariana Díaz Ricaurte, ciudadana colombiana que en contexto de protestas recibió un impacto de bala en la comuna de Lo Prado, su familia en Colombia pide justicia y apoyo para los gastos fúnebres, entre otros casos a esclarecer”.
Para las asociaciones, de constatarse la participación de agentes de Estado en estas muertes, y desde la concepción amplia del femicidio, “los casos podrían configurar feminicidios políticos en tanto crimen de Estado”.
¿Dónde está la ministra de la Mujer?
“¿Dónde está la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá Jarufe que proclamó Tolerancia Cero a la violencia de género en la Agenda Mujer de su gobierno? La ministra que hace una semana atrás llamaba a las mujeres a denunciar la violencia de género. ¿Por qué no salió de inmediato exigiendo el término de toda vulneración a los derechos humanos y de las mujeres que se estuviesen perpetrando en contexto de control militar?”, cuestiona el comunicado.
Las asociaciones firmantes consideran repudiable la conducta de la secretaria de Estado, que acaba de ser confirmada en el gabinete por el presidente Piñera, puesto que a su juicio, “ha mantenido un intencionado y conveniente silencio frente a las 17 querellas por violencia sexual perpetradas por agentes de Estado. Estas graves vejaciones, constitutivas de violencias de género: violencia sexual, torturas sexuales, tortura, detenciones arbitrarias, desnudamientos, violación, amenazas de violación, tocaciones; y posibles desapariciones; en tanto violencia político sexual no han merecido pronunciamiento alguno de la ministra Isabel Plá”.
“¿Acaso no es violencia política contra mujeres y niñas en contexto de terrorismo de Estado el que hemos estado viviendo en Chile?, subrayan, manifestando que el silencio de una ministra de la Mujer frente a hechos de violencia político sexual en un contexto donde las fuerzas armadas y de orden tienen el control de la población, es una conducta irresponsable, “viniendo de quien tiene por Ley el mandato de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, especialmente aquellos que guarden relación con la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria y de violencia contra las mujeres”, según estipula la Ley 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
El escrito hace mención a las declaraciones del 26 de octubre de la Ministra Plá a La Tercera, donde declaró que como ministerio “no se han recibido denuncias por abuso a mujeres en el contexto de las detenciones por las protestas y movilizaciones sociales que han ocurrido en el país en los últimos días”, calificándolas de inaceptables: “Ante la frase: ´no se han recibido denuncias’ no se puede aceptar que una ministra de la Mujer ponga la responsabilidad en las propias víctimas, naturalizando la violencia contra las mujeres, lo que supone desconfiar de las mujeres, ´no creer´ cuando las mujeres viven violencias, centrando la veracidad de los hechos en la judicialización, dejando el peso en las mujeres, las propias víctimas y en la responsabilidad individual de denunciar o no hacerlo. Sabemos que pueden ser muchos más los casos y que existe un subregistro”, aseguran.
Las agrupaciones emplazan a la ministra a pronunciarse y a repudiar públicamente estos hechos, apelando al acceso a justicia y sanción, con objeto de reparar y evitar que vejaciones como éstas vuelvan a ocurrir: “La llamamos a estar a la altura de las circunstancias como secretaria de Estado, para estar a la altura ética de la dignidad y vida de las mujeres. Si no puede con ello, entonces haga un paso al costado y renuncie a su cargo”, indican.
Las trabajadoras y trabajadores recuerdan que existe un mandato ético y político que tiene implicancias en las obligaciones consagradas en marcos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) e implicancias en el incumplimiento por parte del Estado de Chile a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer Belém do Pará.
Por último, conminan al Comité de Expertas/os CEVI y a la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará MESECVI, para que observe el cumplimiento de la debida diligencia por parte del Estado chileno frente a la violencia de género y violencia político sexual contra mujeres, niñas y personas de las disidencias sexuales y de género bajo el Estado de Emergencia.
