Editora Internacional Página 19
Este sábado 2 de mayo, la junta directiva del diario costarricense y crítico a la gestión del presidente Rodrigo Cháves, La Nación confirmó que Estados Unidos revocó, sin explicación alguna, las visas de turismo de su presidente, Pedro Abreu Jiménez, y de su directora, Carmen Montero Luthmer.
Calificado como «sin precedentes en la historia reciente de Costa Rica», esta medida unilateral encendió las alarmas tanto de la prensa internacional como en círculos políticos de la región, ya que además coincide con el endurecimiento de la política estadounidense hacia América Latina anunciada por Trump a mediados de abril y bajo el argumento de sancionar «actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos en el hemisferio». Recordemos que Washington ya había utilizado este mecanismo de presión: En Chile, el gobierno de Gabriel Boric acusó “razones político-ideológicas” tras ser revocadas las visas de altos funcionarios del gobierno como represalia por acercamientos comerciales y tecnológicos con China a raíz del proyecto Chile-China Express (CCE), impulsado por actores privados chinos y que conectaría Valparaíso con Hong Kong con 19.873 km de fibra óptica, generando tensiones diplomáticas con administración Trump que arguyó se trataría de una infraestructura de vigilancia china que afectaría la seguridad nacional estadounidense. Hoy, en Costa Rica, la presión es hacia la libertad de prensa y medios de comunicación críticos.
La espada de Damocles
Entre diplomáticos, la pregunta hoy es otra (y nadie la haría en voz alta): ante este escenario, es viable la candidatura de Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta y cercana al círculo político del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, también sancionado por Washington.
Simultáneamente a las sanciones en Costa Rica, China tomó las riendas del Consejo de Seguridad y puso sobre la mesa las reglas del juego para elegir a quien ocupará el cargo más alto de la diplomacia mundial a partir de enero de 2027. Actualmente, hay cuatro nombres en la baraja: la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall .
En palabras del embajador chino, Fu Cong, «necesitamos a alguien verdaderamente comprometido con el multilateralismo y no excesivamente alineado con las políticas de una sola superpotencia. (…) Si, después de tantos años, fuera una mujer, China se alegraría».
Aunque el diplomático chino no pronunció ningún nombre, el perfil encaja a la perfección con Michelle Bachelet. La expresidenta chilena, que cuenta con el respaldo de las dos potencias regionales, Brasil y México, se ha ganado la simpatía de los movimientos progresistas a nivel global, incluso a pesar de no contar con el apoyo oficial del actual gobierno de José Antonio Kast en Chile.
Para Beijing, Michelle Bachelet sería la candidata ideal: durante su mandato como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, criticó duramente las sanciones unilaterales de EE. UU., pero evitó el choque frontal con China en temas sensibles como Xinjiang o Hong Kong, prefiriendo la «cooperación técnica» a la condena abierta.
En la otra cara de la moneda está Rebeca Grynspan. Aunque su currículum multilateral es intachable, los analistas coinciden en que ha quedado atrapada en un callejón sin salida. Su historial como vicepresidenta de Óscar Arias -una administración con fuertes lazos estratégicos con Washington y promotora del Tratado de Libre Comercio (CAFTA)- la hace sospechosa a los ojos de China. Al mismo tiempo, el actual castigo migratorio de la administración republicana a su entorno político en Costa Rica la deja sin el vital respaldo del Norte.
Esta presión es inédita para Costa Rica. Desde hace un año, el gobierno republicano ha suspendido los visados a los políticos que encabezaban la oposición interna a Rodrigo Chaves, mientras hoy suma sanciones a lo que denomina “prensa canalla” y, finalmente, a cualquier sector civil que denuncie el deterioro de la libertad de expresión o critique medidas del oficialismo.
Con el correr de las horas, las reacciones no se hicieron esperar. La expresidenta Laura Chinchilla calificó la revocación de visas a los miembros de la Junta Directiva como “sorprendente”, al tiempo que recordó que, “pese a desacuerdos editoriales, nunca ha cuestionado su compromiso con valores democráticos”. Y el exmandatario Luis Guillermo Solís abogó por entender la medida como una señal contra la libertad de expresión a nivel hemisférico.
Sin embargo, ninguna de esas voces ha logrado articular una respuesta diplomática efectiva. Costa Rica carece de un mecanismo de reciprocidad: no puede revocar visas a funcionarios estadounidenses sin dañar su propia relación bilateral. Y en el tablero de la ONU, el país no cuenta con el peso poblacional, económico o militar de otros aspirantes latinoamericanos. La candidatura de Grynspan se sostiene casi exclusivamente sobre su prestigio personal y su red de contactos. La candidatura de Grynspan parece hoy inviable entre dos potencias que se disputan la hegemonía global.
En América Latina, el mero hecho de revocar visas a autoridades de gobiernos que anteponen sus intereses nacionales a aquellos impuestos por la nueva Doctrina Donroe, se percibe como una «lista negra» estadounidense, tal como fueron el alza de aranceles de manera unilateral al asumir su segundo mandato.
Mientras la base de apoyo político costarricense a la candidatura de Grynspan parece ser desmantelada por factores externos, China insiste en que el máximo responsable de la ONU debe descansar en alguien que no rinda cuentas a Washington. Beijing allana así el camino para que Michelle Bachelet emerja como una candidata de consenso entre los bloques no alineados y la potencia asiática.
