Chile no vive solamente una disputa sobre impuestos, permisos ambientales, seguridad o gasto público. Lo que está en juego es más profundo: una disputa sobre el sentido del Estado democrático en una sociedad cansada, desconfiada y sometida a múltiples presiones. La pregunta de fondo no es si el Estado debe ser grande o pequeño en abstracto. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera pregunta es si Chile necesita un Estado capaz de sostener derechos, seguridad, desarrollo humano, regulación legítima y cohesión social, o si, por el contrario, debe aceptar la idea de que el Estado es principalmente una carga, un obstáculo, un derroche o una traba para el crecimiento.
El Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, titulado Democracias bajo presión, entrega una clave interpretativa especialmente relevante para leer el momento chileno. Su tesis no se limita a defender la democracia electoral como procedimiento formal. El PNUD propone mirar la democracia a través de un triángulo inseparable: democracia, desarrollo humano y Estado. La democracia es el régimen político que permite deliberar, representar intereses, procesar conflictos y decidir colectivamente. El desarrollo humano es la expansión de capacidades reales para que las personas puedan vivir vidas que tengan razones para valorar. Y el Estado es el dispositivo institucional que transforma derechos, promesas electorales y decisiones colectivas en bienes públicos, servicios, seguridad, regulación, redistribución y garantías efectivas.
Esa mirada es decisiva porque permite escapar de una comprensión pobre de la democracia. Una sociedad puede votar periódicamente y, sin embargo, estar democráticamente erosionada. Puede tener elecciones competitivas, Congreso, partidos, tribunales y órganos autónomos, pero si esas instituciones no logran producir seguridad, bienestar, igualdad política, información confiable y confianza pública, la democracia comienza a vaciarse desde dentro. No se derrumba necesariamente por un golpe, sino por una pérdida progresiva de sentido: las personas siguen votando, pero dejan de creer que la política puede mejorar sus vidas.
Desde esta perspectiva, la democracia chilena no está simplemente amenazada por la delincuencia, la migración, el bajo crecimiento o la burocracia. Está bajo presión porque existe una fractura más profunda entre expectativas sociales, capacidad estatal y resultados concretos. Las personas demandan seguridad, salud oportuna, pensiones dignas, vivienda, transporte, educación, empleo, trato justo y protección frente al abuso. Pero cuando el Estado no llega, llega tarde, llega mal o llega de manera desigual, la promesa democrática se debilita. Ahí aparece el punto central del PNUD: la democracia no se sostiene solo con procedimientos; se sostiene con capacidades públicas que permitan convertir derechos en experiencia cotidiana.
Por eso el Estado ocupa un lugar tan importante en el informe. El PNUD señala que el vínculo entre democracia y desarrollo humano depende de un actor central: el Estado, entendido como el conjunto de organizaciones que ejecutan políticas públicas y traducen promesas electorales en resultados concretos. Además, recuerda que el Estado incide en el desarrollo humano mediante dos funciones inseparables: por una parte, promoviendo empleo, regulando mercados e incentivando inversión; por otra, redistribuyendo mediante impuestos y gasto público.
La precisión es importante. El PNUD no defiende un Estado burocrático, ineficiente o capturado. No está diciendo que cualquier gasto público sea bueno ni que toda regulación sea virtuosa. Lo que plantea es algo bastante más exigente: sin Estado capaz no hay democracia sustantiva. Sin presencia territorial, sin servicios públicos, sin redistribución, sin regulación legítima, sin fiscalización, sin capacidad profesional y sin recursos suficientes, la democracia queda reducida a una arquitectura formal incapaz de producir bienestar y confianza.
El propio informe muestra que América Latina y el Caribe tiene un problema estructural de baja capacidad redistributiva. Mientras en la Unión Europea la intervención estatal reduce fuertemente la desigualdad después de impuestos y transferencias, en América Latina esa reducción es mucho menor. Es decir, el problema regional no es que el Estado redistribuya demasiado, sino que redistribuye poco y de manera insuficiente.
Ahí comienza la tensión con el programa de gobierno de José Antonio Kast y con las llamadas megareformas impulsadas en el Parlamento. El programa de Kast reconoce síntomas reales: inseguridad, bajo crecimiento, lentitud administrativa, malestar social, desconfianza institucional y frustración frente al funcionamiento del Estado. Sería un error negar que esos problemas existen. El Estado chileno tiene fallas de gestión, duplicidades, demoras, desigualdad territorial, listas de espera, trámites excesivos, baja coordinación institucional y servicios que muchas veces no responden adecuadamente a la ciudadanía. Pero una cosa es reconocer la existencia de fallas estatales y otra muy distinta es convertir esas fallas en una narrativa general contra la capacidad pública.
El programa de Kast parte de una idea ordenadora: Chile estaría bloqueado por exceso de Estado, burocracia, permisología, gasto público, impuestos altos, inseguridad y falta de autoridad. Su respuesta se organiza como un “gobierno de emergencia” en tres grandes ejes: seguridad, economía y agenda social. En economía, propone menos trabas, rebaja de impuestos y un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones; en seguridad, control territorial y cierre de fronteras; y en agenda social, medidas en listas de espera, educación y vivienda. (Ex-Ante)
La fuerza política de ese relato es evidente. Habla al cansancio ciudadano. Dice: basta de delincuencia, basta de burocracia, basta de impuestos, basta de espera, basta de desorden. Pero su debilidad está en que transforma una experiencia real de malestar en una explicación demasiado simple: si el país no avanza, sería porque el Estado estorba. Esa idea puede ser comunicacionalmente eficaz, pero resulta empíricamente insuficiente si no demuestra con precisión que reducir impuestos, recortar gasto y facilitar permisos producirá automáticamente inversión, empleo, bienestar y legitimidad democrática.
La hipótesis crítica es esta: el programa de Kast tiene datos, pero no necesariamente evidencia suficiente. Tiene cifras, pero no demuestra todas sus causalidades. Tiene metas, pero no siempre mecanismos verificables. Tiene relato de eficiencia, pero no muestra con claridad los costos democráticos, fiscales y sociales de reducir capacidades estatales en un contexto en que, según el PNUD, la democracia necesita precisamente mayor capacidad pública.
El primer punto problemático es el ajuste fiscal. Kast propuso reducir el gasto público en US$ 6.000 millones. Esa cifra se presenta bajo el lenguaje de eliminar derroche, auditar el Estado, reasignar recursos y ordenar las finanzas públicas. Pero para sostener que existen miles de millones de dólares disponibles en “grasa estatal” no basta con invocar la palabra eficiencia. Se requiere identificar con precisión qué programas serán eliminados, qué partidas serán reducidas, qué servicios serán afectados, qué territorios resentirán el ajuste, qué funciones públicas se consideran prescindibles y cuáles son los impactos sobre salud, educación, vivienda, seguridad, cuidados, municipios, fiscalización ambiental y protección social.
Sin esa matriz, el ajuste opera como una promesa opaca. La ciudadanía escucha que se recortará grasa, pero no sabe si se terminará cortando músculo social. Y en una democracia bajo presión, esa diferencia es decisiva. No todo ajuste fiscal es antidemocrático; puede haber gastos mal diseñados, programas mal evaluados y estructuras innecesarias. Pero un ajuste sin trazabilidad social y territorial puede debilitar las mismas capacidades que permiten sostener legitimidad democrática.
El segundo punto es la rebaja del impuesto corporativo. El programa y las megareformas han propuesto reducir el impuesto de primera categoría desde 27% a 23%. En el debate parlamentario, esa medida fue presentada como una palanca para reactivar inversión, crecimiento y empleo. La Cámara de Diputados aprobó la reducción del impuesto corporativo, junto con la reintegración tributaria, crédito tributario al empleo e invariabilidad tributaria para grandes inversiones. (CNN Chile)
El problema no es que una rebaja tributaria sea, por definición, ilegítima. El problema es que debe probar su promesa pública. Si se afirma que bajar impuestos generará inversión, empleo y crecimiento suficiente para compensar la menor recaudación, entonces corresponde demostrarlo: cuánto se espera invertir, en qué sectores, con qué elasticidad, en qué plazo, cuántos empleos formales se crearán, qué tipo de empleos serán, cuánto se recuperará por mayor actividad económica y cómo se evitará que la pérdida fiscal afecte bienes públicos esenciales.
Sin esa demostración, la rebaja tributaria se parece más a una apuesta ideológica que a una política pública empíricamente robusta. Puede beneficiar la rentabilidad empresarial, pero no necesariamente producir desarrollo humano. Puede aumentar caja privada, pero no necesariamente inversión productiva. Puede mejorar expectativas del capital, pero reducir recursos del Estado. Y si el Estado ya tiene baja capacidad redistributiva, como advierte el PNUD para América Latina, entonces una reducción tributaria permanente requiere un estándar de justificación mucho más alto.
El tercer punto crítico es la invariabilidad tributaria. La megarreforma aprobada en la Cámara incluyó un régimen de invariabilidad por 25 años para inversiones superiores a US$ 50 millones. La medida fue respaldada por 81 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones, y pasó a la discusión del Senado. (CNN Chile)
La invariabilidad se presenta como certeza jurídica. Y es cierto: la inversión valora estabilidad, reglas claras y previsibilidad. Pero una democracia también requiere capacidad de adaptación fiscal. Amarrar reglas tributarias por 20 o 25 años no es una decisión meramente técnica; es una decisión política de enorme alcance. Significa limitar la capacidad de futuros gobiernos y futuras mayorías democráticas para modificar condiciones fiscales ante nuevas crisis, nuevas desigualdades, nuevas demandas sociales o nuevas necesidades ambientales.
El punto no es negar toda certeza a la inversión. El punto es preguntar cuánta certeza puede entregarse al capital sin transformar la incertidumbre en costo ciudadano. Porque una invariabilidad extensa puede garantizar tranquilidad al inversionista, pero reducir flexibilidad al Estado. Y en una democracia bajo presión, donde las demandas sociales cambian, la economía se transforma y las crisis se acumulan, debilitar la capacidad futura de decisión fiscal puede convertirse en una forma silenciosa de desposesión democrática.
El cuarto punto es la llamada permisología. Kast y su programa sostienen que Chile necesita destrabar inversiones, reducir permisos, acelerar procesos y terminar con el obstruccionismo. Nuevamente, el problema que identifica no es falso. Chile tiene procesos lentos, incertidumbre regulatoria, duplicidades administrativas y conflictos que pueden extender indefinidamente proyectos relevantes. Pero la pregunta es qué se entiende por destrabar. Si destrabar significa reducir arbitrariedad, eliminar duplicidades, mejorar coordinación pública, profesionalizar evaluación ambiental y dar plazos claros, entonces puede ser una reforma razonable. Pero si destrabar significa debilitar fiscalización, reducir participación, acortar controles ambientales o subordinar la regulación al interés de grandes inversiones, entonces el costo democrático puede ser alto.
La regulación no existe solo para molestar al inversionista. Existe para ordenar conflictos, proteger territorios, resguardar bienes comunes, prevenir daños ambientales, equilibrar asimetrías de poder y construir legitimidad. El PNUD recuerda que el Estado es mediador entre democracia y desarrollo humano; por tanto, sus funciones regulatorias no son un accesorio burocrático, sino parte de la arquitectura que permite procesar democráticamente conflictos sociales, económicos y ambientales.
En este punto, la comparación entre PNUD y Kast se vuelve muy nítida. Para el PNUD, la debilidad latinoamericana está en Estados que no alcanzan: Estados que llegan de manera desigual, que no redistribuyen suficientemente, que tienen presencia territorial fragmentada, que no logran convertir derechos en garantías homogéneas. El informe señala que la presencia estatal territorial es clave para el desarrollo humano, porque el acceso a servicios públicos como salud, educación, agua, saneamiento, electrificación y documentos de identidad condiciona las oportunidades reales de las personas.
Para Kast, en cambio, el diagnóstico tiende a ser el de un Estado que sobra: demasiados permisos, demasiados impuestos, demasiado gasto, demasiada burocracia. Esa diferencia no es técnica, sino política. Define dos proyectos de país. Uno entiende que la crisis democrática requiere más capacidad pública, mejor Estado, mayor presencia territorial y redistribución efectiva. El otro entiende que el país necesita liberar al mercado de un Estado que estorba, ordenar la seguridad con más autoridad y reconstruir la confianza mediante inversión privada.
La seguridad es probablemente el terreno donde ambos diagnósticos parecen acercarse, pero también donde se separan con mayor claridad. El PNUD reconoce que el crimen organizado y la inseguridad son presiones reales sobre la democracia. No se trata solo de delitos comunes. El crimen organizado puede disputar el monopolio estatal de la fuerza, controlar territorios, corromper instituciones, distorsionar mercados, erosionar confianza comunitaria y afectar la representación política. El informe advierte que estos fenómenos debilitan la capacidad estatal, restringen libertades cotidianas, erosionan capital social y polarizan el debate público entre respuestas de mano dura, militarización o enfoques preventivos.
Kast recoge esa preocupación, pero su respuesta se estructura principalmente desde una gramática de orden: control territorial, cierre de fronteras, respaldo a policías, endurecimiento penal y autoridad. Esa respuesta puede conectar con una demanda legítima de seguridad. Nadie puede vivir plenamente la democracia si vive con miedo. Pero la seguridad democrática no se agota en castigo y control. Requiere prevención social, inteligencia financiera, persecución penal eficaz, control de armas, sistema penitenciario funcional, reinserción, urbanismo, oportunidades juveniles, cohesión barrial, confianza policial y presencia estatal legítima.
Cuando la seguridad se reduce a coerción, corre el riesgo de administrar los síntomas del deterioro sin transformar sus causas. Puede contener temporalmente ciertos delitos, pero no reconstruir confianza. Puede mostrar autoridad, pero no producir legitimidad. Puede responder al miedo, pero no resolver la vulnerabilidad social que permite que las economías ilícitas ganen presencia en territorios abandonados.
Hay, además, una dimensión que el PNUD desarrolla con fuerza y que el programa de Kast parece abordar de manera insuficiente: la presión digital. Las democracias actuales no se erosionan solo por delincuencia, desigualdad o mala gestión estatal. También se erosionan por desinformación, manipulación algorítmica, cámaras de eco, violencia digital, fragmentación informativa y pérdida de confianza en la verdad pública.
El PNUD muestra una paradoja inquietante: en América Latina, muchas personas desconfían de las redes sociales, pero al mismo tiempo las usan como fuente principal de noticias. En Chile, la propia información del informe muestra altos niveles de desconfianza en redes sociales y, simultáneamente, alta dependencia de ellas para informarse.
Este dato es fundamental para la política chilena. La ciudadanía vive dentro de un ecosistema informativo del que sospecha, pero del cual depende. Allí se construyen percepciones sobre seguridad, migración, impuestos, corrupción, Estado, empresarios, derechos sociales y democracia. Si una reforma tributaria compleja se comunica como “alivio al crecimiento” o “regalo a los ricos”, si una política migratoria se reduce a “orden” o “xenofobia”, si el Estado se presenta como “grasa” o como “derechos”, la deliberación democrática queda sometida a marcos emocionales de enorme potencia.
El programa de Kast habla de tecnología, digitalización y eficiencia estatal, pero no parece ofrecer una reflexión equivalente sobre la democracia digital: transparencia algorítmica, alfabetización mediática, regulación de IA electoral, protección frente a desinformación, fortalecimiento del periodismo local y reconstrucción de una esfera pública confiable. Ese vacío es relevante, porque una democracia bajo presión no solo necesita policías, inversión o gasto eficiente; necesita también condiciones mínimas para deliberar con información pública confiable.
La palabra “reconstrucción” resume bien la ambigüedad del proyecto. El Plan de Reconstrucción Nacional incluye medidas que pueden tener justificación social inmediata, como apoyo a familias afectadas por incendios, financiamiento de viviendas, exención de contribuciones para adultos mayores y medidas de empleo formal. La prensa informó que la megarreforma aprobada por la Cámara incluye medidas económicas, tributarias, laborales, ambientales y habitacionales, destacando la reducción del impuesto corporativo, crédito tributario al empleo, eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años e invariabilidad tributaria para grandes inversiones. (El País)
Pero bajo ese lenguaje de reconstrucción se aloja una pregunta incómoda: ¿qué se está reconstruyendo realmente? ¿La capacidad pública del Estado para responder a una ciudadanía bajo presión? ¿O las condiciones de rentabilidad, certeza y protección regulatoria para grandes inversiones? ¿Se reconstruye el vínculo entre democracia y desarrollo humano, o se reconstruye la confianza del capital mediante un Estado fiscalmente más débil y regulatoriamente más limitado?
La paradoja es que el proyecto promete reconstrucción, pero podría producir desposesión institucional si reduce recursos públicos, limita potestades futuras y debilita funciones regulatorias. No porque toda medida sea negativa, sino porque el paquete general puede desplazar capacidad desde el Estado hacia el mercado. Puede entregar certeza al inversionista y dejar incertidumbre al ciudadano. Puede acelerar proyectos y, al mismo tiempo, reducir controles. Puede prometer empleo y, al mismo tiempo, afectar recaudación. Puede hablar de eficiencia y terminar debilitando servicios.
En ese sentido, la crítica no debe formularse como defensa acrítica del Estado existente. El Estado chileno necesita reformas profundas. Necesita ser más eficiente, más transparente, más territorial, más profesional, más evaluable y menos abusivo con las personas. Necesita reducir trámites absurdos, combatir corrupción, mejorar compras públicas, coordinar servicios, fortalecer municipios, digitalizar procesos sin excluir a quienes no tienen habilidades digitales y orientar su acción a resultados verificables. Pero reformar el Estado no es lo mismo que vaciarlo. Modernizar no es reducir sin distinguir. Eficiencia no es sinónimo de adelgazamiento fiscal.
El documento de trabajo que dio origen a este ensayo lo formula con claridad: la democracia chilena atraviesa una crisis de legitimidad sustantiva que no se resuelve solo con procedimientos electorales, sino reconstruyendo el vínculo entre democracia, Estado y desarrollo humano. También advierte que, al proponer reducción agresiva del gasto, rebaja del impuesto corporativo y desregulación institucional, el programa de Kast no demuestra suficientemente cómo una contracción estatal podrá responder a las crecientes demandas sociales que alimentan la desconfianza democrática.
Esa es la tensión decisiva. El PNUD diagnostica una democracia que necesita más capacidad pública para producir bienestar, seguridad y confianza. Kast diagnostica un Estado que debe ser reducido, auditado y disciplinado para liberar inversión, empleo y orden. Ambas miradas reconocen el malestar, pero lo interpretan de manera radicalmente distinta. Para el PNUD, la democracia se erosiona cuando el Estado no alcanza. Para Kast, el país se estanca porque el Estado sobra.
La diferencia no es menor. Si el problema es que el Estado no alcanza, la solución es fortalecer capacidades públicas, mejorar redistribución, construir presencia territorial, garantizar derechos, regular mejor, producir seguridad democrática y reconstruir confianza. Si el problema es que el Estado sobra, la solución es recortar gasto, bajar impuestos, reducir permisos, entregar certeza al inversionista y trasladar al mercado parte importante de la promesa social.
Chile debe decidir cuál diagnóstico se acerca más a su experiencia histórica. El estallido social no fue una demanda por menos Estado. Fue, en gran medida, una demanda por dignidad, protección, reconocimiento, derechos y fin de abusos. La crisis de seguridad no expresa solo falta de castigo, sino también déficit de presencia estatal, inteligencia, justicia, cohesión territorial y oportunidades. La crisis de vivienda no se resuelve solo con incentivos al mercado, sino con suelo, planificación, inversión pública, regulación y acción territorial. La crisis de salud no se resuelve solo comprando prestaciones privadas, sino fortaleciendo redes, atención primaria, gestión, especialistas y financiamiento. La crisis de confianza no se resuelve solo con crecimiento, sino con justicia social, transparencia y resultados concretos.
Por eso, la pregunta final no es económica, sino democrática: ¿puede una sociedad reconstruir su democracia debilitando al Estado que debe sostenerla? La respuesta del PNUD parece clara. Una democracia bajo presión no necesita un Estado obeso ni burocrático, pero tampoco un Estado mínimo, retraído o subordinado al capital. Necesita un Estado capaz. Capaz de proteger sin abusar. De regular sin paralizar. De invertir sin despilfarrar. De redistribuir sin clientelismo. De garantizar derechos sin prometer lo que no puede cumplir. De generar seguridad sin sacrificar libertades. De producir crecimiento sin abandonar desarrollo humano.
El programa de Kast puede ser políticamente eficaz porque habla el lenguaje del hartazgo. Pero una democracia no se reconstruye solo con consignas de orden, eficiencia y crecimiento. Se reconstruye con evidencia, responsabilidad fiscal, deliberación, justicia social, capacidad pública y legitimidad. Allí donde el programa ofrece una retórica de emergencia, el diagnóstico del PNUD exige una pregunta más incómoda y más profunda: no cuánto Estado podemos reducir, sino qué Estado necesitamos construir para que la democracia vuelva a tener sentido en la vida concreta de las personas.
