Periodista.
Hay varios “impresentables” que surgen de la cuenta pública que el 1 de junio entregó el Presidente José Antonio Kast. Desde la poco digna entrada al segundo piso de asesores del palacio de un subsecretario Amarillos despedido a los pocos meses de haber asumido; hasta el intento de pasar sin que se notara tanto, el anuncio de aumentar la deuda del país en más de 6 mil millones de pesos, la misma cantidad que Kast en su candidatura prometió ahorrar mediante la reducción del gasto estatal; pasando por un Registro de Vándalos e Incivilidades que más bien significaría aumentar aún más la desigualdad existente en el país inaugurando una especie de “apartheid” social, según parlamentarios opositores.
Hay que recordar que, durante la campaña, José Antonio Kast y sus asesores económicos afirmaban que era posible ahorrar alrededor de US$6.000 millones anuales mediante reducción de programas, eliminación de duplicidades, recorte de burocracia, venta de activos y mayor eficiencia del Estado. En otras palabras, los famosos recortes en plena ejecución. El mensaje era que no se necesitaba subir impuestos ni aumentar significativamente la deuda porque había una enorme cantidad de gasto que podía recortarse.
Ahora, apenas unos meses después de asumir, el gobierno solicita autorización para endeudarse por unos US$6.200 millones adicionales. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sencillamente, dicen los expertos, porque el ministro Quiroz se dio cuenta que no podría rebajar recursos en la cantidad que quería. En el Mensaje de la petición de suma urgencia solicitada por el Gobierno se señala que “la actualización del escenario fiscal genera requerimientos adicionales de financiamiento para el ejercicio presupuestario 2026”, y explica dónde están las necesidades de financiamiento.
Con esta medida, que ingresó con la urgencia a tope en el Parlamento, que en teoría son quince días en Diputados y quince días en Senadores-, quedó en evidencia el inicio de la pérdida de Quiroz de sus planes económicos, que son en los hechos, una imitación burda de lo que hizo el presidente argentino Milei al inicio de su administración y que hoy por hoy, tiene sumida a Argentina en una crisis social y económica de envergadura.
Parlamentarios y economistas cercanos a la oposición afirman que el aumento de deuda pone en duda uno de los pilares del programa económico del gobierno: que las rebajas tributarias terminarían financiándose mediante mayor crecimiento e inversión. Pero, se ha repetido hasta el cansancio que la rebaja de impuestos propuesta y que beneficia solo a los más poderosos del país, genera una pérdida inmediata de ingresos y que los beneficios económicos, si ocurren, tardan años en materializarse. Mientras, el Estado necesita recursos para seguir funcionando y de ahí que Quiroz se anticipa a las vacas flacas que suponen llegarán a Chile, a raíz de la demora en recibir lo que supuestamente entraría a las arcas fiscales vía recorte de programas sociales. Supuestamente.
Gobierno en emergencia
Para los expertos, Chile no está enfrentando una crisis comparable a la pandemia, un gran terremoto o una crisis financiera internacional. Por ello algunos economistas opositores han preguntado por qué se requiere un aumento tan significativo de deuda cuando el gobierno llegó precisamente con la promesa de ordenar las finanzas públicas.
Desde el gobierno se ha respondido que los recortes no pueden aplicarse de un día para otro porque gran parte del gasto público está comprometido por leyes, contratos y obligaciones permanentes. Además, consideran necesario esta deuda porque se encontraron compromisos financieros y déficits mayores a los previstos y porque hay pagos pendientes a proveedores y otras obligaciones que deben cubrirse inmediatamente.
Si el gobierno hubiera encontrado al país con gastos comprometidos, con menores ingresos y obligaciones pendientes, comenta un economista, lo responsable sería reconocer públicamente el error y justar gradualmente el gasto, de manera de no trasladar-de nuevo- el pago a las familias de menores ingresos, como ocurrió con el precio de los combustibles,
El riesgo político para Kast
La discusión actual, luego de la Cuenta Pública del Presidente Kast se centra en las interrogantes que se abren a propósito de la deuda que está proponiendo Quiroz y en la credibilidad o no de las proyecciones económicas que el entonces candidato y su equipo presentaron durante la campaña presidencial. Las encuestas dan cuenta de que la confianza ya tambalea.
El gobierno llegó al poder prometiendo una mejora rápida en seguridad, migración y combate al crimen organizado. De hecho, era la gran promesa de Kast. Sin embargo, las encuestas mostraron una caída libre del apoyo precisamente en esas áreas, lo que generó presión interna para realizar cambios.
Es que Kast no llegó prometiendo mejoras graduales, sino cambios rápidos y profundos. Durante años sostuvo que la delincuencia podía ser controlada con mayor decisión política. En el gobierno anterior no se cansó de repetir que el Estado estaba actuando con debilidad frente al crimen organizado y que la migración irregular debía reducirse drásticamente.
Afirmaba que un nuevo gobierno podría recuperar el control de la seguridad en poco tiempo. Y en ese poco tiempo, lo único que logró fue darse cuenta que efectivamente otra cosa es con guitarra. Ya se sabe.
En la Cuenta, Kast como ha ocurrido en todas sus intervenciones, menospreció los avances en seguridad de la administración de Boric, señalando que ahora sí el gobierno avanzaba en el control de las zonas dominadas por el crimen organizado. Dijo entre otras cosas, que al 31 de mayo Chile registró 378 víctimas de homicidio, cifra inferior a las 444 del mismo período del año anterior, aunque la calificó como “muy alta”.
El ex ministro de Seguridad, Luis Cordero, aclaró la situación. De acuerdo a lo que explicó, Chile tuvo indicadores muy complejos los años 2021-2022 añadiendo que “la gestión del presidente Boric en materia de seguridad se tradujo en la primera política contra el crimen organizado, en segundo lugar, una destinación de recursos históricas en materia de seguridad y en tercer lugar la promoción conjuntamente con la oposición de acuerdos legislativos significativos”.
“El resultado de eso, además de la nueva reestructuración del ecosistema de seguridad pública, el delito de homicidio que estaba en 6.8 cada 100.000 habitantes, bajó a 5.4. Los eventos de violencia en la macro zona sur bajaron un 80%. Los ingresos irregulares en la Macro Zona Norte bajaron cerca de un 50% y además de eso dejó consolidado un ecosistema de seguridad institucional muy clave”.
A los débiles parámetros de la seguridad en el país, se sumaron el despido de los dos subsecretarios que acompañaban a la anterior ministra Trinidad Steiner. Ambos, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, que fueron marginados -según el nuevo ministro- por una reestructuración interna del ministerio.
Sin embargo, distintas versiones políticas apuntan a razones más profundas: había una mala evaluación de la gestión. Según diversas fuentes de gobierno citadas por medios políticos, ambos subsecretarios venían siendo evaluados negativamente desde hacía semanas en La Moneda. Existía insatisfacción con la conducción del ministerio y con los resultados en materia de seguridad, que es la principal promesa del gobierno de Kast. Se afirma que Arrau habría decidido desmontar buena parte del equipo heredado y construir una nueva estructura de mando para enfrentar las críticas por seguridad, amparado en las amplias facultades que le fueron entregadas por el Presidente.
En cuestión de minutos, el ex subsecretario de Seguridad pasó a ser un elemento más del criticado segundo piso de La Moneda. Es que Kast algo tenía que darle a Amarillos, molestos por la forma en que sacaron a Jouannet, no fuera a ser cosa que le negaran los pocos votos que le quedan en el Congreso.
El Apartheid social
Y finalmente, entre las novedades no tan novedosas entregadas por el Presidente Kast, está el Registro Nacional de Vándalos. Se trata de una propuesta impulsada por el gobierno para crear una base de datos oficial de personas condenadas por determinados delitos cometidos en contextos de violencia callejera, disturbios, saqueos o destrucción de bienes públicos y privados.
La idea, según sus promotores, es registrar a personas que hayan sido condenadas por delitos como saqueos, incendios intencionales, destrucción de infraestructura pública, ataques a transporte público, daños graves a la propiedad, agresiones a policías u otros funcionarios en contextos de desórdenes públicos, rayados, etc.
Los objetivos de este registro son: Identificar reincidentes; facilitar la coordinación entre organismos del Estado; impedir que personas condenadas por estos delitos accedan a ciertos beneficios o cargos públicos; desincentivar actos de violencia en manifestaciones.
¿Y por qué hay quienes aseguran que este es un camino al apartheid social? Sencillamente porque al impedir que los condenados accedan a beneficios sociales como la PGU o la gratuidad escolar, se está castigando a los sectores más pobres del país, que son los que se benefician de esos derechos. Un joven grafitero de Vitacura o Las Condes, generalmente no los necesita. Se educan en colegios o universidades privadas. Es lo que no pasa con los jóvenes de Puente Alto, La Pintana y otras comunas del país.
Será un tema sin duda debatido. Y la discusión real no es si deben castigarse los saqueos o la violencia —algo en lo que existe amplio consenso—, sino si el Estado debe crear una categoría especial y permanente para quienes hayan sido condenados por esos delitos y qué consecuencias tendría aparecer en ese registro una vez cumplida la sanción impuesta por los tribunales.
