El debate económico que se está desarrollando hoy en Chile ya no puede ser entendido como una simple discusión técnica entre especialistas. No se trata solamente de determinar cuánto crecerá el Producto Interno Bruto, cuál será el déficit fiscal de los próximos años o cuántos puntos debería reducirse el impuesto a las empresas. Detrás de cada una de estas cifras existe una disputa más profunda sobre el modelo de desarrollo, el papel del Estado y la forma en que una sociedad distribuye los riesgos económicos entre empresas, familias y trabajadores.
Bajo la administración del presidente José Antonio Kast y la conducción económica del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Chile ha comenzado a recorrer un camino inspirado en la economía de la oferta. Su propuesta combina reducción del gasto público, rebajas tributarias para las empresas, simplificación regulatoria y una redefinición del Estado como facilitador de la inversión privada. El argumento oficial sostiene que el país lleva demasiado tiempo creciendo poco y que la única forma de recuperar el dinamismo consiste en mejorar la rentabilidad de la inversión, reducir los costos que enfrenta el capital y liberar a la economía de regulaciones que, desde esta perspectiva, se habrían transformado en obstáculos para el desarrollo.
Esta estrategia no debe ser descartada mediante caricaturas. Chile efectivamente enfrenta un problema de bajo crecimiento tendencial, pérdida de productividad, debilidad de la inversión y dificultades fiscales que no pueden ser ignoradas. Un país que crece poco durante períodos prolongados pierde capacidad para crear empleos, mejorar salarios y financiar políticas sociales. Ningún Estado de bienestar puede sostenerse indefinidamente si la economía que debe financiarlo permanece estancada.
Pero reconocer la existencia de estos problemas no obliga a aceptar que la estrategia escogida por el Gobierno sea la única posible ni la más adecuada. Mucho menos obliga a aceptar el diagnóstico de una economía devastada o situada al borde de un colapso. La discusión central es precisamente esa: determinar si Chile necesitaba una corrección prudente y gradual o una terapia de choque que reduzca simultáneamente los ingresos públicos, el gasto estatal y las regulaciones que organizan la relación entre el mercado, la sociedad y el territorio.
Las entrevistas concedidas por Jorge Quiroz, Osvaldo Rosales y Mario Marcel permiten observar tres formas diferentes de comprender esta encrucijada. Quiroz representa una mirada centrada en los incentivos de la oferta y en la necesidad de recuperar la inversión privada. Rosales ofrece una perspectiva desarrollista que subraya la importancia de la coordinación entre Estado, empresas, infraestructura y capacidades productivas. Marcel, por su parte, formula una concepción socialdemócrata de la estabilidad: ordenar la economía no para reducir al Estado, sino para garantizar que las transformaciones sociales puedan sostenerse en el tiempo.
Estas tres miradas no son completamente incompatibles. Todas reconocen, de una u otra forma, la necesidad de crecer, invertir y mantener cuentas fiscales responsables. Sin embargo, difieren profundamente en el diagnóstico, en la secuencia de las medidas y, sobre todo, en quién debe asumir los costos si las proyecciones económicas no se cumplen.
¿Crisis económica o narrativa de emergencia?
Toda política económica necesita construir una interpretación del punto de partida. Las medidas adoptadas por el Gobierno se legitiman mediante el relato de una crisis heredada: un Estado sobredimensionado, un déficit estructural mayor al informado, una deuda pública en ascenso, una inversión debilitada y una economía inmovilizada por regulaciones y altos impuestos.
Desde esta óptica, el ajuste fiscal no constituye una opción ideológica, sino una obligación. La reducción del gasto sería necesaria para evitar una crisis de sostenibilidad; la rebaja tributaria permitiría recuperar la inversión, y la simplificación regulatoria liberaría proyectos actualmente paralizados por la denominada “permisología”.
Osvaldo Rosales cuestiona la magnitud de este diagnóstico. No niega los problemas fiscales ni el bajo crecimiento, pero sostiene que el gobierno de Kast no recibió una economía en una situación de emergencia macroeconómica. La inflación se encontraba por debajo del 3%, el PIB no minero venía expandiéndose a tasas cercanas al 3% desde mediados de 2025 y las cuentas externas estaban relativamente ordenadas. Chile no enfrentaba una crisis cambiaria, una inflación fuera de control, una cesación de pagos ni una pérdida abrupta de reservas internacionales.
Esta precisión es importante porque la palabra “emergencia” no es neutral. Cuando un gobierno declara que recibe una economía al borde del abismo, puede presentar medidas excepcionales como si fueran inevitables. Los recortes dejan de ser decisiones políticas y pasan a ser descritos como exigencias técnicas. Las rebajas tributarias dejan de ser beneficios dirigidos a determinados actores económicos y aparecen como condiciones universales para el crecimiento. La reducción del Estado deja de ser una preferencia ideológica y se transforma en una supuesta necesidad histórica.
El problema no consiste en que el Gobierno identifique dificultades reales. El problema aparece cuando esas dificultades se convierten en una narrativa total que excluye cualquier camino alternativo. Una economía con bajo crecimiento y estrechez fiscal requiere reformas; pero no toda reforma debe adoptar la forma de una reducción simultánea de impuestos, gasto público y capacidad reguladora.
Mario Marcel introduce aquí un matiz importante. Durante su gestión debió enfrentar desequilibrios macroeconómicos mucho más evidentes: una inflación elevada después de la pandemia, un fuerte aumento de la demanda interna, retiros previsionales, expansión extraordinaria del gasto y un escenario internacional marcado por alzas de precios y tasas de interés.
La respuesta de Marcel no consistió en negar los desequilibrios. Su gestión buscó restablecerlos. Pero esa estabilización no fue presentada como una justificación para abandonar las reformas sociales o desmantelar las capacidades del Estado. En su visión, la responsabilidad fiscal no debía servir para impedir las transformaciones, sino para hacerlas duraderas.
La diferencia filosófica es profunda. Un enfoque considera que el ajuste y la reducción del Estado permiten liberar al mercado. El otro entiende que ordenar las cuentas públicas permite conservar la capacidad estatal necesaria para enfrentar crisis, financiar derechos y sostener cambios sociales en el tiempo.
Dos maneras de pensar el crecimiento
El núcleo del programa económico de Jorge Quiroz consiste en modificar el motor del crecimiento chileno. Según su diagnóstico, el estímulo mediante transferencias, gasto público o expansión de la demanda se encuentra agotado. Chile debe crecer por el lado de la oferta: aumentando inversión, productividad, empleo y capacidad de producción.
La secuencia parece sencilla. Una reducción del impuesto corporativo desde el 27% hacia el 23%, acompañada por reintegración tributaria, flexibilización regulatoria y reformas laborales, elevaría la rentabilidad esperada de los proyectos. Esa mayor rentabilidad atraería capital, generaría inversión, aumentaría la producción y permitiría recuperar, mediante un mayor crecimiento, parte de los ingresos fiscales inicialmente perdidos.
El razonamiento puede resumirse de esta manera: menores impuestos y menos regulaciones producirían mayor rentabilidad; la mayor rentabilidad produciría inversión; la inversión generaría crecimiento y empleo; y el crecimiento permitiría recuperar la recaudación.
No se trata de una teoría desconocida. La reducción de costos y la simplificación regulatoria pueden influir en las decisiones de inversión. Existen permisos duplicados, procesos excesivamente lentos y fallas de coordinación que deben ser corregidas. Tampoco es razonable negar que los impuestos afectan la rentabilidad de los proyectos.
Pero el problema está en presentar esa relación como si fuera automática.
Una empresa no invierte solamente porque pagará menos impuestos. Invierte cuando espera que existirá demanda por sus productos; cuando puede acceder a crédito; cuando dispone de energía, infraestructura y conectividad; cuando encuentra trabajadores capacitados; cuando los precios internacionales son favorables y cuando existe estabilidad institucional.
Una rebaja tributaria puede mejorar el flujo de caja de una compañía sin que esos recursos se transformen necesariamente en nuevas fábricas, empleos o innovaciones. Pueden destinarse a distribuir utilidades, reducir deuda, adquirir activos existentes o aumentar la liquidez de la empresa. Para que una rebaja de impuestos produzca inversión adicional, deben existir oportunidades reales y expectativas favorables.
Esta es una de las principales objeciones de Rosales. Su crítica no consiste en negar la inversión privada, sino en cuestionar que la tasa impositiva sea su variable decisiva. Desde su perspectiva, Chile requiere un verdadero shock de inversión, pero este debe surgir de una coordinación entre el sector público y el privado.
El Estado debe construir infraestructura logística, mejorar puertos, carreteras y conectividad digital, invertir en vivienda, garantizar energía suficiente, formar capital humano, financiar innovación y promover la reconversión productiva. También debe construir un sistema de cuidados que permita aumentar la participación laboral femenina.
Esta diferencia es fundamental. Para Quiroz, el Estado debe retirarse parcialmente para que la inversión ocurra. Para Rosales, el Estado debe crear las condiciones materiales que permiten que esa inversión exista.
La discusión no se reduce, por tanto, a más Estado o más mercado. La pregunta es qué tipo de Estado se necesita para que el mercado produzca desarrollo y no solamente rentabilidad privada.
El problema del financiamiento
La estrategia gubernamental debe ser evaluada a partir de sus propios datos. Y es aquí donde comienzan a aparecer las principales dudas.
La Dirección de Presupuestos 2026 ha estimado que las medidas impulsadas por el Gobierno producirán un efecto fiscal negativo equivalente a aproximadamente 0,20% del PIB en 2026, 0,37% en 2027 y 0,46% en 2028. El saldo continuaría siendo negativo durante los años posteriores y los beneficios fiscales asociados al mayor crecimiento solo aparecerían plenamente en un horizonte más lejano.
Esto no significa que toda rebaja tributaria sea necesariamente perjudicial. Significa algo más preciso: los costos fiscales pueden calcularse con relativa certeza, pero los beneficios dependen de que ocurra una cadena de acontecimientos que no está garantizada.
Para recuperar la recaudación perdida, las empresas deben responder a los incentivos; los proyectos deben concretarse; la inversión debe elevar la productividad; la mayor productividad debe transformarse en crecimiento; y ese crecimiento debe generar ingresos tributarios suficientes para compensar el costo inicial.
Cada uno de esos pasos contiene incertidumbre.
El Consejo Fiscal Autónomo ha formulado una advertencia especialmente relevante. Según sus estimaciones, las fuentes de financiamiento incluidas en el proyecto no compensan completamente los menores ingresos entre 2026 y 2031. Sin considerar los efectos del crecimiento, el deterioro fiscal alcanzaría alrededor de 0,71% del PIB en 2030. Incluso incorporando el crecimiento esperado por Hacienda, persistiría una brecha cercana a 0,30% del PIB.
El CFA también estima que en 2026 quedaría sin financiamiento una parte considerable del impacto de las medidas que reducen la recaudación. Esa brecha continuaría durante los años siguientes.
La observación del organismo no es ideológica. Es metodológica. Los menores ingresos son relativamente ciertos desde el momento en que se rebajan las tasas. El crecimiento adicional, en cambio, es gradual y depende de supuestos sobre inversión, productividad, contexto internacional y comportamiento empresarial.
El Fondo Monetario Internacional ha formulado una advertencia semejante. El organismo valora las medidas orientadas a facilitar la inversión y modernizar regulaciones, pero exige que cualquier brecha fiscal generada por las rebajas tributarias sea compensada mediante ingresos permanentes o recortes claramente identificados.
Además, una fracción importante de las proyecciones optimistas depende de un precio del cobre situado entre US$5,5 y US$6 por libra. Chile no controla el precio del cobre. Depende de la demanda china, la producción mundial, la transición energética y la evolución geopolítica.
Aquí aparece una contradicción importante. El Gobierno sostiene que Chile enfrenta una situación fiscal especialmente grave y, al mismo tiempo, propone reducir ingresos permanentes con la expectativa de recuperarlos después mediante crecimiento.
Si la situación fiscal es tan crítica como se afirma, debería existir una prudencia todavía mayor antes de renunciar a recaudación cierta.
La anomalía que todavía necesita explicación
Rosales ha planteado otra pregunta relevante. Durante un período en que el PIB no minero mostraba crecimiento, los ingresos tributarios no mineros se debilitaron. Al mismo tiempo, la tasa efectiva pagada por las grandes empresas habría disminuido desde el 24,8% en 2022 hacia niveles cercanos al 21,5%.
Esta coincidencia no demuestra por sí sola una relación causal. La recaudación puede variar por devoluciones, cambios en la composición del crecimiento, pérdidas tributarias acumuladas, precios, modificaciones contables o errores en las proyecciones.
Pero precisamente por eso necesita ser investigada.
Antes de reducir la tasa legal del impuesto corporativo, el país debería comprender por qué la recaudación no estaba acompañando el crecimiento de la actividad no minera. También debería fortalecer sus capacidades para enfrentar evasión, elusión y planificación tributaria agresiva.
Una reforma que disminuye las tasas sin corregir las filtraciones de la base tributaria puede producir una pérdida fiscal mayor a la estimada.
El vacío económico de 2027
Uno de los aportes más interesantes de Rosales es su análisis de los tiempos económicos.
Los efectos de un recorte fiscal pueden aparecer rápidamente. Cuando se reduce la inversión pública, se paralizan obras, disminuyen empleos y se afecta a proveedores. Cuando se reducen transferencias o programas, los hogares pierden capacidad de consumo. Cuando se retiran mecanismos de estabilización de combustibles o energía, aumentan los costos de transporte, producción y alimentación.
La inversión privada funciona con otros plazos. Un gran proyecto debe ser diseñado, financiado, autorizado, construido y puesto en marcha. Incluso si las nuevas políticas mejoran las expectativas, sus efectos sobre empleo, producción y recaudación pueden tardar años.
El riesgo señalado por Rosales es que durante 2027 los efectos contractivos del ajuste ya estén operando mientras los beneficios de las reformas de oferta todavía no hayan madurado.
En ese escenario, el gasto público y el consumo de los hogares perderían dinamismo, pero la inversión privada no alcanzaría a ocupar el espacio dejado por ellos. El resultado podría ser un crecimiento bajo, desempleo elevado y mayor inseguridad social.
Quiroz respondería que ese costo transitorio es necesario para corregir desequilibrios y recuperar un crecimiento más sólido. Esa posición merece ser considerada. Las reformas estructurales frecuentemente necesitan tiempo.
Pero precisamente por eso resulta indispensable contar con redes de protección y capacidad fiscal. Si la transición produce desempleo, aumento de precios o debilitamiento de servicios, no es razonable pedir que las familias absorban solas el costo de una apuesta cuyos beneficios todavía no existen.
La pregunta decisiva: ¿quién asume el riesgo?
La diferencia más profunda entre Quiroz, Rosales y Marcel no se encuentra solamente en la teoría económica. Se encuentra en la distribución del riesgo.
La estrategia de Quiroz entrega un beneficio inmediato a las empresas mediante menores impuestos y regulación. A cambio, espera una respuesta futura en inversión y crecimiento. El riesgo de que esa respuesta sea menor a la esperada queda alojado en las cuentas fiscales.
Si la recaudación no se recupera, existen pocas alternativas: aumentar la deuda, subir otros impuestos o reducir todavía más el gasto.
En cualquiera de esos casos, una parte importante del costo puede recaer sobre la ciudadanía.
Cuando el Estado reduce sus capacidades, los riesgos no desaparecen. Se privatizan. Lo que deja de financiarse colectivamente en salud, educación, pensiones, vivienda o cuidados debe ser cubierto por los ingresos familiares, los ahorros o el endeudamiento.
Mario Marcel sitúa esta discusión en el contexto del nuevo malestar social. La inseguridad contemporánea no consiste únicamente en carecer de ingresos. Una persona puede tener empleo y vivir con miedo a perderlo. Puede cotizar y temer que su pensión no alcance. Puede pagar un plan de salud y aun así quedar expuesta frente a una enfermedad grave.
Las nuevas formas de trabajo, la automatización y la inteligencia artificial aumentan esta incertidumbre. El empleo estable ha dejado de ser la experiencia dominante para una parte importante de los trabajadores. Las trayectorias laborales son discontinuas y las habilidades pueden quedar obsoletas con rapidez.
En una sociedad con un Estado de bienestar desarrollado, una enfermedad, un despido o una crisis internacional no deberían destruir inmediatamente el proyecto de vida de una familia. Las redes sociales existen para impedir que un riesgo económico se transforme en una tragedia vital.
Esta protección no es solamente una política social. Es una infraestructura democrática.
Cuando las personas sienten que sus esfuerzos no les permiten construir un futuro estable, disminuye la confianza en las instituciones. El miedo, la frustración y el abandono pueden abrir espacio a discursos autoritarios que prometen orden y castigo.
Por eso la seguridad social y la estabilidad democrática están relacionadas. Una sociedad permanentemente insegura puede terminar prefiriendo la autoridad antes que la libertad, no porque haya dejado de valorar la democracia, sino porque siente que la democracia no la protege.
La vulnerabilidad de una economía abierta
Chile necesita además conservar capacidad fiscal porque su economía se encuentra profundamente expuesta a factores externos.
La frase “si China estornuda, Chile se resfría” describe una realidad. Una desaceleración china reduce la demanda de cobre, afecta el precio de las exportaciones y disminuye los ingresos fiscales. Una guerra en Medio Oriente puede aumentar el precio del petróleo, encareciendo los combustibles, el transporte y los alimentos. Un alza de tasas de interés en Estados Unidos puede elevar el costo del crédito para el Estado, las empresas y los hogares.
Frente a esta vulnerabilidad, la política fiscal debe ser contracíclica. El Estado debe ahorrar durante los períodos favorables y disponer de recursos para actuar cuando la economía internacional se deteriora.
Reducir permanentemente los ingresos públicos en un momento de alta incertidumbre externa puede debilitar esa capacidad. El problema no consiste solamente en el déficit de un año, sino en el espacio disponible para enfrentar la próxima crisis.
La responsabilidad fiscal socialdemócrata que representa Marcel no busca acumular recursos por una obsesión contable. Busca que el Estado pueda intervenir cuando el mercado no es capaz de proteger el empleo, el consumo y los proyectos de vida.
Una síntesis exigente para Chile
Chile necesita recuperar inversión, productividad y crecimiento. En ese punto, el diagnóstico de Quiroz contiene una verdad que no puede ser ignorada. Un país que no crece termina enfrentando un deterioro progresivo de sus posibilidades sociales.
También es necesario modernizar el Estado. Existen trámites duplicados, procesos lentos y regulaciones mal coordinadas. Simplificar y digitalizar procedimientos puede mejorar la inversión sin debilitar estándares ambientales o derechos ciudadanos.
Pero Chile no necesita elegir entre crecimiento y protección social. Esa oposición es engañosa. Una economía que crece sin distribuir seguridad termina debilitando su propia legitimidad; del mismo modo, un sistema de protección que no dispone de una base productiva y fiscal suficiente corre el riesgo de volverse frágil.
El verdadero desafío consiste en corregir los desequilibrios sin destruir las capacidades que permiten enfrentarlos. La disciplina fiscal es necesaria, pero pierde sentido cuando se transforma en una reducción permanente de los instrumentos públicos disponibles para responder al desempleo, la enfermedad, el envejecimiento o una crisis externa. De la misma manera, promover la inversión es indispensable, pero resulta insuficiente cuando se confía casi exclusivamente en que una rebaja tributaria producirá, por sí sola, nuevas capacidades productivas.
La debilidad del enfoque gubernamental no se encuentra en reconocer la importancia de la inversión privada, sino en atribuirle una reacción demasiado automática. La economía real funciona mediante decisiones más complejas. Las empresas invierten cuando encuentran demanda, infraestructura, financiamiento, energía, capital humano y estabilidad. Los impuestos influyen, pero no reemplazan esas condiciones.
También existe una fragilidad en la forma de comprender al Estado. Modernizarlo no debería significar simplemente reducirlo. Un Estado lento, fragmentado o burocrático necesita mejorar sus procedimientos; pero un Estado debilitado pierde capacidad para fiscalizar, coordinar inversiones, formar trabajadores y amortiguar las crisis. La eficiencia pública no consiste solo en gastar menos, sino en producir mejores resultados y anticipar riesgos.
Por eso, la discusión no debería limitarse al tamaño del gasto o a la tasa legal del impuesto corporativo. Debería concentrarse en la calidad de las decisiones, en la solidez de los supuestos y en la distribución de sus consecuencias. Una medida puede parecer favorable en una planilla fiscal y, sin embargo, generar costos sociales que aparecerán más tarde en forma de desempleo, endeudamiento familiar, deterioro de servicios o desconfianza institucional.
La advertencia de Rosales sobre 2027 resume bien este problema. Los efectos de los recortes pueden sentirse rápidamente, mientras que los resultados de la inversión privada requieren tiempo. Ese desfase obliga a actuar con especial prudencia. No porque toda reforma de oferta sea equivocada, sino porque una transición mal protegida puede terminar debilitando la actividad económica antes de que aparezcan los beneficios prometidos.
Marcel incorpora la dimensión que permite comprender por qué este debate excede la macroeconomía. La estabilidad no se agota en controlar la inflación o reducir el déficit. También implica entregar a las personas un grado razonable de seguridad frente a acontecimientos que no pueden controlar. Cuando esa seguridad desaparece, la incertidumbre económica se transforma en frustración social y, finalmente, en desconfianza política.
La mejor estrategia, por tanto, no surge de sumar mecánicamente las ideas de Quiroz, Rosales y Marcel. Surge de evaluar qué parte de sus diagnósticos resiste mejor la evidencia. Quiroz acierta al advertir que el crecimiento y la inversión son indispensables. Rosales acierta al recordar que la inversión no depende únicamente de la carga tributaria y que el tiempo de maduración de las reformas importa. Marcel acierta al situar la estabilidad dentro de un propósito más amplio: proteger a la sociedad y preservar la capacidad del Estado para responder a crisis futuras.
El problema del proyecto actual no es que intente recuperar el crecimiento, sino que coloca demasiada confianza en beneficios futuros y demasiada presión en ajustes presentes. El costo fiscal de las medidas puede medirse desde ahora; la inversión adicional, en cambio, depende de decisiones empresariales, condiciones externas y supuestos que todavía deben demostrarse.
Esa asimetría debería ser el centro de la discusión pública. Cuando los beneficios son inciertos y los costos recaen desde el comienzo sobre el presupuesto, la prudencia no es inmovilismo. Es responsabilidad democrática.
No es posible construir derechos sociales duraderos sobre desequilibrios fiscales crónicos. Pero tampoco es posible construir una sociedad estable sobre la inseguridad permanente de sus ciudadanos.
Chile necesita una conducción capaz de comprender ambas verdades. Una conducción que administre las cifras con rigor, pero recuerde que detrás de cada cifra existen personas; que valore la inversión, pero no confunda incentivos con resultados garantizados; que modernice el Estado sin despojarlo de sus capacidades; y que entienda que la disciplina fiscal pierde legitimidad cuando se convierte en una administración ordenada de la desigualdad.
La economía no puede evaluarse únicamente por la rentabilidad de las empresas ni por el tamaño del déficit. También debe juzgarse por su capacidad para producir bienestar, seguridad y libertad efectiva.
Esa es la verdadera encrucijada de Chile: confiar en que la protección social llegará después del crecimiento o comprender que crecimiento, estabilidad y seguridad deben avanzar de manera inseparable.
