Periodista.
Hay muchos, entre expertos, parlamentarios, dirigentes políticos, que se muestran asombrados por la caída libre del apoyo ciudadano al Presidente Kast. Porque de una u otra manera, se ha reforzado la imagen de inestabilidad en los equipos de gobierno. No es baladí que 6 autoridades de alto nivel han salido de sus cargos en poco más de tres meses de gobierno: dos ministras y cuatro subsecretarios.
El primer cambio de gabinete ocurrió a solo 69 días de asumir el gobierno, algo que varios analistas calificaron como excepcionalmente temprano en comparación con otras administraciones recientes.
En los últimos meses ya habían dejado sus cargos autoridades relevantes, entre ellas el exsubsecretario de Ciencia, Rafael Araos, además de cambios en el área de Seguridad y otros ajustes internos. La última fue la subsecretaria del ministerio de la Mujer, Danila Castro, lo que, en círculos de Renovación Nacional, -donde milita- se comentara que el presidente cortó el hilo por lo más delgado. Prefirió no entrar en problemas con el mundo evangélico que lo apoya y sostener a la ministra de la Mujer, la socialcristiana Judith Marín, quien representa una visión socialmente conservadora extrema y de inspiración cristiana evangélica. Demás está decir que el malestar está instalado en RN, que de nuevo aparece como segundón en el gobierno evidenciando que efectivamente hay dos almas en la administración de Kast.
Es lo que está quedando patente en esos círculos políticos, a propósito de la acusación constitucional fabricada por libertarios y republicanos en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau.
Las volteretas de Quiroz
Es curioso lo que está ocurriendo con el ministro de Hacienda de Kast, que comenzó su gestión con arrogancia suprema, asegurando que no haría cambios en su proyecto estrella. Desde el inicio, Quiroz presentó el proyecto bautizado como de Desarrollo, pero que escondía una reforma tributaria que beneficia a los más ricos del país, como una iniciativa prácticamente indispensable para recuperar crecimiento, inversión y empleo. Insistió en que la reforma devolvería al país «el entorno apropiado para aumentar las inversiones, el crecimiento y el empleo», desestimando buena parte de las críticas sobre sus efectos fiscales.
Es más. En esos días, el ministro transmitió la idea de que quienes cuestionaban el proyecto simplemente no entendían economía o estaban defendiendo el estancamiento.
Hoy, Quiroz ha tenido que reconocer varias situaciones que están lejos de su drástica posición inicial. Por ejemplo, respecto al “bencinazo” expresó: “Nos hubiese gustado, hubiese preferido no tener que traspasar el alza de precios internacionales a Chile. Tuvimos que hacerlo, pero no contábamos con los recursos suficientes ni con la holgura fiscal para absorber ese costo. (…) Cuando tomamos esa decisión dijimos que, una vez terminada la guerra, los precios bajarían”..
No fue lo que dijo en un principio. Su posición inicial frente al alza de las bencinas fue muy firme y poco inclinada a buscar mecanismos para amortiguarla. Uno de los aspectos más controvertidos fue que calificó el subsidio amplio a los combustibles como una política regresiva y defendió que los recursos públicos debían destinarse a ayudas focalizadas, no a mantener artificialmente bajos los precios para todos los consumidores. Más aún, en un seminario afirmó que cuando suben los combustibles «queremos que la gente use más locomoción colectiva», evidenciando su desconexión con la realidad de quienes dependen del automóvil.
No solo en este aspecto el ministro ha tenido que cambiar de posición. También respecto a la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Grau. Fue él quien entregó los elementos que libertarios, republicanos y la UDI necesitaban para construir el libelo. De hecho, dirigentes de oposición, economistas y parlamentarios de centro e incluso de centroderecha sostuvieron que fue el propio ministro Jorge Quiroz quien entregó la base política y argumental para que Republicanos y Libertarios presentaran la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
Es que Quiroz no se limitó a señalar diferencias técnicas en las proyecciones fiscales. Le sumó en sus declaraciones «inconsistencias» graves en las cifras heredadas; una diferencia superior a US$10.500 millones en las proyecciones de deuda; la necesidad de investigar «quién fue el responsable» y como la guinda de la torta, la posibilidad de que no se tratara simplemente de un error.
Acerca de lo que califica como “la magnitud del problema detectado”, al presentar el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, el ministro dijo; «Lo que hemos detectado (…) es una inconsistencia de alguna relevancia sustantiva en la proyección de la deuda para el período 2026-2030».
Luego explicó el origen de la diferencia: «Si ustedes comparan el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 25 con el del cuarto trimestre del 25, ven un aumento en los déficits proyectados en el período 2026-2030, del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada».
Y agregó la frase que generó mayor controversia política: «La deuda proyectada, habiendo subido los déficits en 13 billones de pesos, sube solo en 3 billones de pesos, y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos». Acto seguido anunció una investigación administrativa para determinar las responsabilidades “para determinar cómo fue que ocurrió aquello y quién fue el responsable, y determinar si este fue un error o hay otro tipo de elementos».
Esa última frase —especialmente la referencia a determinar «si este fue un error o hay otro tipo de elementos»— fue interpretada por la oposición como una insinuación de que podía haber algo más que una equivocación técnica. Por eso varios dirigentes oficialistas de la época de Boric sostuvieron que Quiroz estaba elevando el conflicto desde una discusión técnica a una eventual controversia política y de responsabilidades personales.
Tras esas declaraciones, Republicanos y el Partido Nacional Libertario anunciaron la acusación constitucional utilizando precisamente esos antecedentes como fundamento principal. De hecho, ambos partidos señalaron explícitamente que actuaban a partir de las inconsistencias denunciadas por Quiroz
Cambia, todo cambia
Ahora, Quiroz puso en duda que la supuesta falla en las proyecciones económicas de Grau tenga el peso jurídico suficiente para una acusación constitucional. “Los legisladores son soberanos y está dentro de sus prerrogativas considerar acusaciones constitucionales contra los ministros, siempre que estén debidamente fundadas y resguarden nuestro Estado de Derecho. (…) Será materia de los abogados determinar si basta un error de proyección para sustentar una acusación. (…) Las proyecciones nunca son exactas en economía; eso es todo lo que puedo decir. Si ese es un argumento de la defensa, que así sea. Que las instituciones funcionen y ojalá lo hagan del mejor modo posible”, afirmó esta vez el ministro Quiroz.
Se comenta en el Congreso que sus referencias a acusaciones “debidamente fundadas” y al deber de “velar por el Estado de Derecho” no fueron bien recibidas en sectores de la derecha. Más aún. Hay quienes interpretaron que el ministro insinuaba que esos requisitos podrían no cumplirse en esta ocasión. Y que su afirmación de que “las proyecciones nunca son exactas en economía” relativizó uno de los ejes centrales de la acusación contra Grau.
Se comenta, además, que este giro hacia una defensa técnica de las proyecciones de Grau hecha por el ministro Quiroz obedecería a que en el gobierno se ha pasado de un optimismo total frente al destino de esta acusación, al temor que la acusación constitucional contra el exministro no prospere y termine complicando a Quiroz.
Es que no solamente el Frente Amplio advirtió que, en caso de que el libelo acusatorio contra el exministro Grau prospere en la Cámara, podría activar una serie de acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, comenzando por Quiroz. De hecho, la jefa de bancada del FA, Gael Yeomans, declaró que “podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz. Es más, lo voy a hacer si es que persisten con esta acusación constitucional”.
La próxima semana será fundamental para lado y lado. Porque el martes, la comisión revisora a cargo de la acusación constitucional en contra del exministro Grau, votará el informe preliminar que se presentará a la Sala de la Cámara para que dicha instancia determine si procede o no el libelo acusatorio en contra del frenteamplista.
Mientras tanto, parlamentarios del PS y el PC iniciaron su ofensiva contra el actual titular de Hacienda. En la oposición aseguran que, si el oficialismo persiste con la acusación que a su juicio no tiene sustento jurídico, responderán utilizando las mismas herramientas de fiscalización contra ministros del Gobierno de Kast.
Por eso es que Quiroz admitió esta vez que iría a la comisión de la Acusación Constitucional si lo invitaban. Y no es casualidad que al ser consultado respecto de si un error en las estimaciones era un argumento para una acusación constitucional, manifestó: “No voy dar mi parecer en esa materia, pero las proyecciones nunca son exactas en economía. Eso es todo lo que puedo decir”.
