Economista, fundador del CENDA y profesor emérito de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
El cuarto trimestre del 2019 en todos los ámbitos de su actividad estuvo poderosamente influido por el estallido social iniciado el 18 de octubre con grandes movilizaciones ciudadanas y en varios días con paralizaciones de diferentes sectores económicos. Un país que estaba en un largo proceso de desaceleración iniciado a mediados de 2018 entró en un cuadro recesivo. La inversión productiva experimentó un fuerte descenso, aumentó la precariedad en el trabajo, que se expresó masivamente en todo el país durante las fiestas de fin de año en el elevado incremento del comercio ambulante, y la tasa de desempleo en la actividad formal. La reforma tributaria, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, fue rápidamente desahuciada después de una insistencia permanente en defenderla desde el inicio del gobierno, a pesar de la resistencia que despertaba y existía consenso que en el Senado su aprobación era prácticamente imposible. La de pensiones fue desgajada de los beneficios básicos y asistenciales, utilizados como factor de presión para su aprobación.
El último dato publicitado al cerrar el año, que cuantificó la fuerte caída en la actividad economía, lo constituyó que durante la primera quincena de diciembre las importaciones, que dependen en lo fundamental de la demanda interna, experimentaron una reducción de 17% en relación al mismo lapso de 2018. Los bienes durables lo hicieron en 14,5% y los de consumo en un 18%. A su turno, los bienes de capital, indicador clave de la inversión, descendieron un 21%.
En otro plano, al finalizar diciembre, el presidente promulgó la reforma que abre camino para que el país tenga una constitución de origen democrático que en un reiterado objetivo que no se visualizaba como un logro cercano, hasta la irrupción del movimiento social. En la presentación de la reforma, donde habló directamente de la posibilidad de una asamblea constituyente, el presidente se dedicó a delinear los ejes centrales de lo que en su opinión deberían ser los contenidos de la futura constitución. El presidente del Senado, Jaime Quintana, recordó que Piñera “nunca tuvo interés real por cambiar la constitución. Tenía –enfatizó- la oportunidad de hacer un auténtico llamado a la sociedad chilena a participar y deliberar, pero prefirió poner el énfasis en cómo le gustaría a él una nueva Carta Magna” (24/12/19).
El nivel de aprobación al presidente de la República después del estallido social se derrumbó a un nivel nunca registrado en periodos anteriores. La encuesta Cadem del 23 de diciembre constató una nueva disminución de un 13% a un 11%. En opinión del gerente de asuntos públicos de la encuestadora, Roberto Izikson, ello se produce porque “el gobierno no ha logrado retomar el control de la agenda ni conectarse con la opinión pública” (24/12/19).
Ello significa que la gran mayoría que lo eligió pasaron a ser críticos de su gestión. El escaso porcentaje de respaldo indica que no cuenta tampoco con el apoyo de los sectores que tradicionalmente se identifican con la derecha. Es el caso del director ejecutivo del udista Instituto de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín. “Es un hecho, no una opinión –declaró-, que la implementación del programa de gobierno de Piñera se acabó. Y las cosas que se están haciendo responden más bien a las demandas que surgen en estos movimientos sociales y la marcha habitual de gobierno (…). Es una suerte –caracterizó- de gobierno de administración, que trata de que siga funcionando el gobierno. Pero que está muy debilitado políticamente y con un Congreso adverso (…). En este ambiente –agregó- con tan poco poder, cualquier transformación estructural o un área que tiene un componente estructural saldrá para atrás. Ya por tercera vez – agregó- que el Presidente nos sube los impuestos, espero que no haya una cuarta. Lo que debiera hacer –concluyó- es una suerte de gobierno de administración, destrabando algunas cosas para que se siga produciendo en el país (…)” (28/12/19).
La ambición de Piñera
De la misma manera, la ambición de Piñera por convertirse en un gran protagonista en el plano internacional también se derrumbó. Debió renunciar a efectuar la COP25 en el país y trató de salvarlo trasladándola a España siempre con la presidencia de Chile, no escuchando las opiniones contrarias a hacerse cargo de su organización proveniente incluso de la propia Cancillería. Siguió adelante, particularmente convencido que con su liderazgo era posible sacar adelante el artículo sexto del acuerdo de Paris que establece “mecanismos de mercado para la acción climática”.
Dejando de lado que es un tema central donde existen diferencias en países claves para su concreción y el multilitarismo es cuestionado por Donald Trump, y en la región por Brasil. Supuso que podía convencer a Jair Bolsonaro. “Sin embargo –como anotó El Mercurio-, cuando comenzó la primera ronda de sesiones (en Madrid), la delegación notó algo que, poco a poco, fue permeando los ánimos. Junto con los brasileños estaban trabajando, mano a mano, varios expertos de Estados Unidos, país que se esperaba que no fuera tan activo, debido que está en proceso de retiro del Acuerdo de París. Pero lo que pasaba era exactamente lo contrario” (22/12/19). El propio Piñera recibió directamente el rechazó de Bolsonaro cuando lo llamó para contar con su apoyo.
“Brasil –constató Carolina Schmidt, ministra chilena de Medio Ambiente y presidenta de la COP25- tuvo una postura muy difícil. Su ministro del Medio Ambiente incluso salió twiteando de forma sarcástica. Más allá de las buenas relaciones bilaterales, dentro de la COP la posición de los grandes emisores privilegió más los intereses de corto plazo que de los de la comunidad global. Es irreal pensar –se defendió- que una humilde ministra del Medio Ambiente de un país pequeño al final del mundo iba a solucionar, en dos semanas, la problemática ambiental que el mundo no ha resuelto en décadas” (22/12/19).
No es el esquema con el cual se funcionó cuando el presidente metía a Chile en esta aventura.
El año finalizo con una crisis en la coalición de derecha, Chile Vamos. Ello también se vincula con el debilitamiento de la figura presidencial. Más aún cuando 2020 se presenta como un año electoral. La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que “si seguimos así, no vamos a terminar este gobierno como coalición”, sino más bien “como un mero pacto electoral” (23/12/19). El cambio de gabinete producido al inicio de las movilizaciones sociales significó desplazamientos en el equipo político. Responsabilidades fundamentales, los ministerios de Interior y de Hacienda, fueron asignadas a militantes de Evópoli. La UDI golpeada además por la acusación constitucional contra uno de sus “coroneles”, Andrés Chadwick, no oculta su resentimiento por este desplazamiento, y ha dirigido sus ataques en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
En el país siguen pendiente transformación de fondo. Una de ellas será el cambio de constitución, si culmina exitosamente el proceso iniciado. El país, como ha señalado en su último libro Jared Diamond, titulado Crisis, en un capítulo dedicado a Chile, destacó que después de treinta años del término de la dictadura de Pinochet sigue presente su legado, sin que las consecuencias de la política ultraliberal aplicada en los diferentes gobiernos que le sucedieron cambiaran ejes fundamentales impuestos, como las privatizaciones en salud, educación y previsión social. El programa de gobierno que estaba en aplicación por Piñera buscaba la continuidad de este estado de cosas, buscando revertir algunas modificaciones positivas producidas. Este intento se vino al suelo, la movilización producida ha logrado algunos mejoramientos sociales, pero las transformaciones de fondo siguen pendientes. Mientras ello no se modifique, la herencia dejada por la dictadura no será eliminada.
