Periodista.
Las trabajadoras de casa particular exigieron ser incorporadas de forma inmediata al Fondo Solidario de Cesantía y contar con una renta básica de emergencia que les permita mantener a sus familias durante el periodo de la emergencia por Covid-19.
A través de una declaración pública, la Coordinadora Nacional que agrupa a estas trabajadoras, criticó la Ley de Protección al Empleo promulgada por Sebastián Piñera que flexibiliza el uso del seguro de cesantía.
“Hace unos días el Gobierno promulgó una ley destinada a hacerse cargo de los efectos en el empleo que está produciendo la pandemia del Covid-19, en la que flexibiliza la Ley del Seguro de Cesantía con la finalidad de permitir que las y los trabajadores puedan acceder a sus beneficios, en reemplazo de las remuneraciones mensuales que sus respectivos empleadores no paguen. Pero esta solución, para las trabajadoras de casa particular no existe”, señalan.
“Llevamos semanas recordándoles a las autoridades que las trabajadoras de casa particular no estamos afectas a la Ley 19.728 y que por lo tanto no seremos beneficiadas de la solidaridad comprendida en el sistema de seguro social ni de los beneficios de su Fondo Solidario”, agregan.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular -que reúne a diversos sindicatos, federaciones, asociaciones y organizaciones- la solución que previó el Gobierno para estas trabajadoras es recurrir a la indemnización a todo evento, “conocida como el 4,11%, a la que tenemos derecho solo si nuestro contrato termina por cualquier causa, situación que ya es discriminatoria para el sector pues coloca a las trabajadoras de casa particular en un estatus diferente al resto de las y los trabajadores”.
Añaden que lo que decidió el Estado es que las/os empleadores puedan suspender la relación con las trabajadoras de casa particular y se les comience a pagar con cargo al fondo que individualmente acumulan con el pago del 4.11%, el primer mes podrán retirar hasta un 70% de su remuneración mensual, y en forma decreciente los meses siguientes, de mantenerse la suspensión temporal del contrato y restarle fondos en la cuenta de capitalización.
“Al parecer las autoridades aún no comprenden que solo el 56% de las trabajadoras de casa particular realizan sus labores en condiciones de formalidad y que es muy probable que solo se les cotice por el mínimo y la movilidad constante entre diferentes empleadores no asegura que el fondo del 4.11% pueda sostener más de un ingreso mínimo mensual”, dicen en la declaración que está firmada por Luz Vidal Huiriqueo, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular; María Cotal Neira, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular y Bernardita Muñoz Barraza, presidenta de la Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares.
Medida insuficiente, discriminatoria e indigna
En el documento, las organizaciones firmantes recuerdan que recién el año 2011 el salario del sector se igualó al resto de las y trabajadores del país, pero a pesar de esto, el monto que reciben sigue siendo menor al legal. “Saquemos un cálculo fácil, el promedio de remuneración que recibe el sector en Chile, es bajo el salario mínimo, es de $270.000, eso quiere decir que el 4.11% mensual corresponde a $11.097, si la/el empleador cotizó un año completo el monto al que podrá acceder la trabajadora será de $133.164, un 44% del sueldo mínimo legal en Chile, y que solo alcanzará para pagar un mes de remuneración”, detallan.
Por esta razón, califican la solución entregada por el gobierno como discriminatoria y atentatoria a la dignidad de las trabajadoras de casa particular, “la respuesta frente a la eventual pérdida de ingresos en caso de suspenderse la prestación de nuestros servicios por efectos de las medidas de aislamiento social, es más que insuficiente, es discriminatoria e incluso indigna”, expresan.
Agregan que además el 54% de las trabajadoras de casa particular trabajan en la informalidad, tasa que es muy superior a la existente en otros sectores: “llevamos meses denunciando y llamando a las diversas autoridades a hacerse cargo de la deuda histórica que se mantienen con las trabajadoras de casa particular, uno de los sectores más marginados y discriminados en la historia del derecho y la legislación laboral, pero al parecer los oídos siguen sordos y las medidas tomadas nos mantienen en la indefensión”, enfatizan.
La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Luz Vidal, dijo a Página 19 que como gremio se anticiparon a la difícil situación que tendrían que enfrentar, pero no fueron escuchadas por el Gobierno “y hoy las medidas económicas no recogen esta realidad y no nos benefician”.
Demandas
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular detalla que las exigencias que hacen al Estado frente a la actual crisis son:
5. La modificación de la legislación interna, comprometida por el Estado chileno al ratificar el Convenio 189 de la OIT, con el fin de terminar con todo estatus especial para las trabajadoras de casa particular y la igualación a los derechos laborales de todos/as los/as trabajadores del país.
Explican que el aislamiento social les ha traído consecuencias en el ámbito laboral, familiar y personal, como el incremento del trabajo en los hogares, entre otros por el cuidado de niños y niñas durante el cierre de las escuelas; la posibilidad de perder el ingreso cuando, por razones sanitarias, se les solicita dejar de trabajar por considerarlas un riesgo de contagio para las familias con las que trabajan; en el caso de las trabajadoras puertas adentro, el retorno a sus hogares en muchos casos les significa sortear la cuarentena y aduanas sanitarias puesto que deben trasladarse a sus ciudades o localidades de origen; y además una de cada 3 mujeres que realizan trabajo de casa particular en Chile son migrantes, quienes quedan abandonas a su suerte sin poder regresar a sus países.
