Este lunes, la Defensoría Ambiental presentó una solicitud a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para exigir el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas por la Corte Suprema el 28 de mayo de 2019. En este fallo distintas reparticiones del Estado fueron condenadas tras los envenenamientos masivos que ocurrieron en la bahía de Quintero y Puchuncaví en agosto y septiembre de 2018.
En este contexto, la Defensoría Ambiental interpuso un recurso de protección para resguardar urgentemente los derechos a la vida, salud y medio ambiente libre de contaminación de las personas afectadas. Otras ONG también interpusieron recursos de protección, tal como la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes de igual manera estarán solicitando a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el cumplimiento de la sentencia 5888-2019.
A la fecha, el Estado chileno no ha logrado resguardar las garantías fundamentales de las personas afectadas por la contaminación extrema de la bahía. Asimismo, en el año que siguió la dictación de la sentencia, se han producido 313 GEC (Gestión de Episodios Críticos), 9 alertas ambientales, 3 preemergencias y 1 emergencia ambiental. Sin embargo, el monitoreo de la calidad de aire está limitado y se refleja en la pobreza de la plataforma de monitoreo elaborada por AES Gener y Codelco.
«Recordamos que la exposición a contaminación atmosférica tiene que ser abordada con mayor preocupación en el contexto de crisis sanitaria por covid-19. El 8 de julio, la revista Nature Communications publicó un estudio científico que refuerza las conclusiones de estudios anteriores, con «evidencias robustas de que es posible la transmisión del SARS-CoV-2 a través del aire». Esto podría significar una mayor posibilidad de contagio en zonas muy contaminadas, las cuales presentan una alta tasa de material particulado (MP2,5 y MP10), que podrían facilitar la permanencia del virus en el aire », señala la Defensoría Ambiental.
