Periodista.
El Acuerdo de Escazú que el Gobierno de Chile se niega a firmar es el primero de su tipo a nivel mundial que busca mejorar la participación ciudadana, el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales. La firma de este tratado es importante en particular para nuestro continente, ya que América Latina ostenta el triste récord de ser la región con mayor número de asesinatos de líderes ambientales, que en su mayoría quedan impunes y, también, es la región que tiene el mayor número de conflictos ligados al medio ambiente.
El gobierno chileno recientemente entregó por escrito las razones de su rechazo, las que se pueden resumir en cuatro puntos:
- El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.
- El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.
- El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
- El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
Con esta decisión, Chile se aleja del compromiso que había asumido en la lucha contra el cambio climático, mostrando una incoherencia en materia de defensa del medio ambiente. Como país nos involucramos en la COP25 y el Acuerdo de París. Siempre las máximas autoridades han esgrimido un discurso público de defensa del medio ambiente, pero lo cierto es que la mayoría de los casos exitosos de defensa ante proyectos contaminantes para el medioambiente y las personas ha sido gracias a la acción y presión ciudadana.
Justo en momentos que el país está ad portas de un plebiscito histórico que busca, entre otras cosas, implementar una constitución con visión ambiental, para garantizar al gua como bien nacional de uso público y la protección de los ecosistemas por sobre los usos productivos, las máximas autoridades nacionales deciden cerrar la puerta unilateralmente al Acuerdo de Escazú que principalmente defiende la participación e inclusión ciudadana.
“Con la intervención en el Congreso del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y de la Ministra de Medio Ambiente, Claudia Schmidt, en donde han intentado explicar las razones por las que Chile no firmará el acuerdo de Escazú, se confirma que el gobierno del presidente Piñera ha engañado al país haciéndonos creer que los temas medio ambientales están en el centro de su agenda. No es así y hoy ha quedado ratificado con la intervención del Canciller.
El gobierno promovió y lideró el acuerdo de Escazú que hoy decide no firmar, el gobierno expuso el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25. Bueno, resulta todo fue un engaño. Una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera. Sentimos la decepción de quien ha sido engañado por largo tiempo”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
Esgrimir razones de vulnerabilidad, incluso de soberanía es paradójico toda vez que proviene de un gobierno que avala el modelo extractivista de nuestros recursos naturales por parte de empresas extranjeras. En ese sentido, entender el resguardo de nuestros recursos como parte de la soberanía parece un ejercicio lejano.
Para ampliar la información, se sugiere revisar el mapa de conflictos socioambientales en Chile: https://mapaconflictos.indh.cl/#/
En el siguiente link puede acceder al texto íntegro del Acuerdo de Escazú: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
