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Tras un trabajo de meses, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un documento que aborda los principales desafíos y formas de mecanismos para asegurar una correcta participación ciudadana en el proceso constituyente que está ad-portas de comenzar en el país.
La instancia se realizó de forma remota y contó con la presencia de Claudia Mojica y Marcela Ríos, miembras representativas de la entidad, junto a Bernardo Pardo, de la Fundación Superación de la Pobreza y Director Regional en La Araucanía; Gonzalo Delamaza, profesor en la Universidad de Los Lagos, Javiera Ascencio, abogada de la Fundación Rumbo Colectivo; Consuelo Alvial, directora ejecutiva del Instituto Libertad; y Felipe Ajenjo, también parte del PNUD y mediador de la actividad.
Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, Mojica explicó que este proceso de cambio constitucional significa una importante oportunidad para crear una visión compartida del futuro. “Con impactos profundos y duraderos en términos de paz, democracia, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. Son los pilares que componen el trabajo de nuestra organización”, agregó.
En el informe, se señala la alta exigencia de los procesos de participación en la actualidad, debido a la necesidad de legitimidad en este proceso constituyente, siendo la participación de la población, una pieza clave para asegurar su efectividad.
Es por esto por lo que el programa indica un análisis de los mecanismos de participación ciudadana que pretende ayudar e informar a las y los actores políticos y sociales sobre las diversas alternativas de construir el nuevo proceso de redacción del texto constitucional, de manera que se encarne las necesidades de las personas. “Lo que va a pasar durante la Convención no es solo responsabilidad de las y los constituyentes, sino que también de la sociedad en su conjunto, acompañando este proceso, lo que es sumamente importante”, apuntó Felipe Ajenjo.
“Desde las Naciones Unidas tenemos el compromiso de brindar asistencia constitucional, respetando a la ciudadanía de cada nación y promoviendo estos estándares internacionales desde un enfoque centrado en las personas”, destacó Claudia Mojica. En este sentido, el documento abarca distintas formas de enfocar el trabajo constituyente para que se redacte una Carta Magna que incluya las distintas miradas de los sectores que históricamente han sido excluidos de la agenda del Estado.
El programa
En términos de participación ciudadana, el PNUD consideró, en primer lugar, que no hay un modelo que asegure perfección, sino que en estos momentos lo fundamental es enfocarse en el tiempo disponible, el presupuesto y en adaptar de una mejor manera los mecanismos participativos que ya se han implementado.
Además, de manera pragmática se forjaron tres pilares como base: Contribuciones, encuestas y reuniones. Las dos primeras constituyen las mejores formas de plasmar las necesidades ciudadanas, de manera que lleguen a manos de las y los representantes en el proceso constituyente y puedan trabajar desde lo que la gente manifieste. Las reuniones sugieren la creación de encuentros que funcionen como lo hacen actualmente las asambleas públicas, con el objetivo de que las personas puedan realizar presentaciones y exposiciones.
“Uno de los mayores desafíos de la Convención es ver cómo recibir esa información de los cabildos y registrarla”, recalcó Javiera Ascencio, quien consideró que es necesaria la existencia de un registro de participación ciudadana, para que esta sea de carácter significativo.
Por otra parte, otras de las recomendaciones van directamente relacionadas cómo incluir la participación de los pueblos originarios, la cual, según recalcó el informe, debe ser bajo un espacio específico y diferenciado. “El Estado ha instalado una interculturalidad que no necesariamente es compartida por los pueblos originarios. Ha sido más bien folclórica. Eso es algo que hay que resolver y entender que quienes debiesen establecer sus mecanismos de participación, son las y los propios constituyentes indígenas”, subrayó Bernardo Pardo.
