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Durante esta mañana, se realizó un punto de prensa, vía online, en el cual se expusieron los argumentos de la acusación presentada ayer ante la Corte Penal Internacional, contra el Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad. La acción judicial es encabezada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en colaboración con la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) y el ex Juez Baltasar Garzón, jurista español que en en 1998 emitió una orden de detención contra el ex dictador Augusto Pinochet.
La querella presentada, pretende que la Corte Penal Internacional investigue, acuse y esclarezca la responsabilidad de Sebastián Piñera, autoridades de gobierno y de altos oficiales militares y de Carabineros, en los ataques a civiles, ocurridos durante el estallido social, por parte de agentes del Estado. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en ese período más de 400 personas sufrieron trauma ocular, a raíz del actuar policial.
“No podemos permitir que el crimen y la impunidad se normalicen en nuestro país”, afirmó Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien además señaló que a través de esta presentación “queremos que el Presidente de la República y las demás autoridades civiles y policiales, respondan ante la Corte Penal Internacional”.
Por su parte, Baltasar Garzón destacó que “la finalidad es dar protección a las víctimas e intentar que la impunidad no sea la norma en estos casos, como ocurrió en dictadura”.
Disconformidad con el rol de las instituciones chilenas
Uno de los principales motivos de los querellantes para presentar la denuncia, es la disconformidad con el rol que han tenido las instituciones nacionales en el tratamiento de los casos de violaciones de derechos humanos. Según datos entregados por Carlos Margotta, a partir del 18 de octubre de 2019, en Chile se abrieron 11.488 investigaciones judiciales por agresiones de agentes del Estado, de las cuales 6.221 ya fueron cerradas sin determinación de responsables. Esto equivale a un 55.02% de las denuncias totales por estos motivos.
Por su parte, Baltasar Garzón mencionó que “la Justicia Chilena es la que tendría que haber atendido y protegido a las víctimas, y no a los victimarios. Desafortunadamente creemos que ocurrió lo segundo y no lo primero”.
Margotta, lamentó que como consecuencia del masivo cierre de las indagatorias, hoy existe una baja cifra de carabineros y agentes del Estado formalizados. Situación que se contrapone con “los miles de presos por la revuelta social, cuyos derechos humanos han sido gravemente vulnerados”, criticando el uso excesivo de la prisión preventiva en manifestantes enjuiciados.
