Periodista.
Este primero de diciembre la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) celebró 25 años de historia. Un cuarto de siglo que marca al grupo de profesionales que viene trabajando intensamente para contribuir a la fiscalización de la tala ilegal de especies nativas, proponiendo ideas sustentables para fortalecer el sector forestal, pero sin duda lo más importante, es poner un enfoque centrado en lo social. Respetando a las comunidades. Es por eso que a principio de los 90s surgió la necesidad de tener un sello que regulara las malas prácticas del sector forestal. Además, por 16 años, estuvieron involucrados en la promulgación de la Ley de Bosque Nativo, la que este 2018 cumplió 10 años. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Dentro de sus líneas de acción, en 2009, la AIFBN ejecutó el primer Taller de “Hacia un Nuevo Modelo Forestal”, trabajo que llevó a tener un análisis del sector Forestal Chileno. Tras la elaboración del diagnóstico, se publicaron los resultados en un libro que abarcó la problemática social, ambiental, económica y política. Hoy este proceso se encuentra en una segunda etapa, que es el desarrollo de las propuestas.
Actualmente el sector forestal en Chile representa el 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), constituyéndose como la segunda actividad económica más importante del país, después de la minería. Es por esta razón que trabajar en propuestas que vinculen los distintos aspectos del sector es fundamental para sostener una convivencia armónica con los bosques, como sistemas productivos, que aportan servicios y bienes más allá de la madera.
Síntomas del DL 701
Las dos “leyes” forestales más importantes en el sector han sido “decretos leyes” promulgados por dictaduras; primero en 1931 durante la administración de Carlos Ibáñez del Campo y luego en 1974, por Augusto Pinochet Ugarte. Éste último favoreció el crecimiento del sector forestal chileno como es conocido en la actualidad, por medio de la promulgación del Decreto Ley 701. Sin embargo, y como bien expresa Luis Astorga, Director Honorario de la AIFBN, éste ya “no es sostenible a pesar de su éxito macroenomómico”.
En la actualidad y a 44 años desde que se inició este proceso de crecimiento de las empresas forestales, la debilidad del modelo, que en un principio se veía exitoso, dejó en evidencia una serie de síntomas.
Luis Astorga recuerda que a fines de la década de 1990, cuando el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) entregó las cifras del índice de Desarrollo Humano – ingreso, salud y educación- de todas las comunas del país, se pudo apreciar que “aquellas con grandes áreas de plantaciones forestales tenían los índices más bajos”.
Esta situación no ha variado. Es más, en la última encuesta CASEM (agosto 2018), los resultados en las regiones del Biobío, Maule y La Araucanía son los mismos de las últimas décadas, arrojando bajos ingresos en comparación con otras regiones del país.
En cuanto al impacto ambiental, las comunidades rurales comenzaron a reclamar con fuerza a fines de la década de 1990 por las consecuencias de las plantaciones de monocultivos de pino y eucaliptos. “Problemas de agua, biodiversidad, contaminación por químicos, paisajes desolados por grandes talas rasas, emigración a las ciudades, etc”.
“Esta sustitución del bosque nativo por plantaciones hoy continúa, aunque a un ritmo menor. La Ley de Bosque Nativo, que demoró 16 años en el Congreso, no tiene efectos significativos en su recuperación”. Y en cuanto a los gobiernos de turno, “tampoco han sabido resolver el problema de los pueblos originarios en Chile. Es el caso del territorio Mapuche, donde las empresas forestales han generado un mayor descontento con sus plantaciones”.
Otra repercusión que trajo el DL 701 se relaciona con la voracidad de los incendios forestales. Un ejemplo de esta situación es la que se vivió cuando se quemó “un pueblo entero, cobrado numerosas vidas humanas”. En 2017, el pueblo de Santa Olga fue arrasado por las llamas que provenían de un monocultivo de la empresa forestal Arauco. El fuego se llevó todo, dejando en evidencia que CONAF y la ONEMI no contaban con un plan de acción ante un escenario de dicha envergadura. Además, Astorga es tajante en decir que existe “un problema con el ordenamiento del uso de los territorios en las zonas de plantaciones”. Esto quiere decir que hay un alto riesgo de construir casas cerca de plantaciones homogéneas, pues son potenciales focos de incendio y de alta probabilidad de alcanzar gran magnitud una vez ocurridos. Es una alerta constante, porque pone en peligro la seguridad de las personas.
Un Nuevo Modelo
Con todas las consecuencias que ha trajo la descontrolada sustitución de especies nativas por monocultivos en el pasado, o el establecimiento de estos en muy extensas áreas continuas, es “necesario un Nuevo Modelo para el sector. Las propuestas del Consejo de Política Forestal, acordes a las necesidades, y un protocolo de plantaciones llegan tardíamente. Es necesario avanzar más adelante y con mayor rapidez”.
Además, y como bien plantea el actual equipo de trabajo del Nuevo Modelo Forestal, el actual sistema de mercado “no ha sido capaz de resolver problemas de mediano y largo plazo del sector. El Estado no ha jugado un rol orientador y regulador, debiendo haber sido mucho más efectivo”, señala Astorga.
Seguridad Nacional
Ante este escenario el concepto que se asoma y se instala con mayor fuerza es el de “Seguridad Nacional”. Esto no significa “solo defensa de nuestras fronteras ni el combate al delito organizado interno. Es algo mucho más amplio y se refiere a la seguridad de las personas que viven en el territorio frente a una situación que cada día se va tornando más crítica”.
Ya no es un misterio la falta de agua en zonas forestales, esto ha obligado a “las municipalidades a gastar millones en su distribución”. Para indagar lo planteado por Astorga, se ha solicitado -vía portal de transparencia de febrero de este año-, un informe a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). En él se señala que la cantidad de recursos públicos destinados a la contratación de camiones aljibes para distribuir agua, tanto para consumo humano como para riego entre los años 2014 y 2017, fue de más de $110.593 millones de pesos. Y donde sólo para las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía se destinó un monto sobre los $66.850 millones. Es decir, en esos cuatro años el 60,4% de los recursos de la institución se destinaron a estas zonas de vocación forestal, para enfrentar la escasez de agua.
Además “los incendios forestales del verano pasado (2017) han mostrado una gran vulnerabilidad del modelo actual de plantaciones”. Ya que han sido planificadas en función “de crear una fuente de materia prima para la industria”, dejando de lado o incluso olvidando que esos territorios también son utilizados para la agricultura, la ganadería y que están estrechamente relacionados a los suelos, la biodiversidad, la alimentación. Actividades y procesos fundamentales para el desarrollo de la vida.
Dentro de esta misma línea, el conflicto entre las grandes empresas forestales –certificadas con sello FSC– con el pueblo Mapuche es “inaceptable”. La imposibilidad de resolver el problema en La Araucanía por medio de una vía pacífica solo ha traído más represión; y el impacto rural y emigración que han originado las plantaciones de monocultivo, reflejan con mayor claridad un problema de Seguridad Nacional.
El sistema de mercado no ha sido capaz de resolver problemas de mediano y largo plazo del Sector Forestal y los gobiernos de turno no han jugado su rol orientador y regulador.
La Propuesta
Al calor de los actuales acontecimientos en el sector forestal, como la carrera por obtener la certificación forestal “FSC” (instancia donde la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo decidió dejar de ser miembro en noviembre de 2017), también se suma la modernización y ampliación de la Planta Arauco en el Biobío. Este es un mega proyecto que pretende posicionar a Chile como segundo productor mundial de celulosa. Este tipo de proyectos industriales, poco amigables con el medio ambiente, empuja aún más el trabajo de la AIFBN por cambiar el actual paradigma de la producción forestal.
La propuesta del Nuevo Modelo Forestal se constituye bajo la mirada de un grupo de trabajo de 26 profesionales –entre miembros y colaboradores de la AIFBN– con diversas especialidades y experiencias. En este equipo, algunos provienen de la academia, otros del sector privado, algunos de organismos públicos y también una fracción pertenece a organizaciones de la sociedad civil.
Las propuestas se analizarán, revisarán y complementarán por el grupo de trabajo y por otros actores, de modo de ser lo más integrales y pertinentes posible. Es un trabajo arduo, de alto contenido técnico y de amplia discusión. La intención de la AIFBN es contar con una versión final en los próximos meses, de modo que el texto definitivo se de a conocer como propuesta al país el primer semestre del año 2019, y a partir de ese momento iniciar todas las acciones necesarias para su implementación.
CAJA INFORMATIVA
¿Qué es un Modelo Forestal?
En el contexto del sector forestal esta definición de “Modelo”, se basa en el modo general -a nivel local o internacional- de hacer frente a los problemas políticos y económicos relevantes. Incorporando formas históricamente aceptadas para enfrentar y buscar soluciones a desafíos sociales contemporáneos. De esta forma se puede guiar y organizar las relaciones sociales y los intereses establecidos.
