Myriam Carmen Pinto, periodista.
El ADN ambiental, una tecnología utilizada para estudiar microorganismos en salares del desierto, ha logrado un hito histórico en Antofagasta. Gracias a esta herramienta, fue posible identificar el lugar exacto en la Quebrada El Way, ubicada en el desierto al sur de la ciudad, donde 14 prisioneros políticos fueron ejecutados el 19 de octubre de 1973. Dicha información no solo permitió ubicar el espacio donde ocurrió la masacre, sino que también fue crucial para que fuera declarada Monumento Histórico y Sitio de Memoria el 4 de septiembre de 2025; un terreno que había pasado a manos del Ejército en 1981 y donde recientemente operaba la minería privada.
La solicitud de declarar este lugar como Monumento Histórico fue presentada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Antofagasta y fue acogida por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), con el fin de resguardar un sitio que conserva integridad, significación y evidencia directa de violaciones a los derechos humanos. Nélida Pozo Kurdo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), destacó al dar a conocer la noticia que este reconocimiento forma parte de una política pública orientada a proteger y dignificar estos lugares como espacios de memoria activa, encuentro ciudadano y transmisión de valores democráticos.
Ciencia y Derechos Humanos
La investigación, liderada por la científica ecóloga microbiana Cristina Dorador, ex constituyente, en conjunto con los científicos Jonathan García y Valeska Molina, todos ellos de la Universidad de Chile de Antofagasta, analizó el ADN de muestras de suelo del lugar y luego lo comparó con la tierra roja encontrada en los cuerpos de las víctimas, de acuerdo a la información contenida en informes de autopsia y declaraciones de los militares acusados que se encuentran en los expedientes judiciales, tras una reconstitución de escena ordenada por el ministro Juan Guzmán.
Mónica Díaz y Sandra Gahona, entre otras integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Antofagasta, participaron en las visitas al lugar junto con el equipo de científicos hasta encontrar y precisar el punto exacto donde ocurrió la masacre perpetrada, en el marco de los operativos de la reconocida Caravana de la Muerte, cuya comitiva de militares, dirigidos por el general Sergio Arellano Stark, asesinó a 93 prisioneros políticos, a lo largo del país, entre septiembre y octubre de 1973.
Héctor Maturana, integrante de la Agrupación Sitio de Memoria Providencia de Antofagasta, señala que este logro no es solo simbólico, sino un compromiso político y moral con la verdad, la justicia y la memoria para las próximas generaciones. Rosita Silva, hija del abogado, Héctor Mario Silva Iriarte, secretario regional del Partido Socialista (PS) , ejecutado en dicho lugar, considera que esta declaratoria impedirá a las mineras tragarse una realidad de sangre, así como se han tragado las aguas de los ríos
Los 14 prisioneros ejecutados en la Quebrada El Way, militaban y o eran adherentes a los partidos de la coalición Unidad Popular del gobierno del presidente Salvador Allende. La lista es la siguiente: Luis Alaniz Álvarez, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte; Dinator Ávila Rocco, empleado de SOQUIMICH; Guillermo Cuello Álvarez, funcionario de la CORFO; Segundo Nortón Flores Antivilo, asistente social, funcionario de SOQUIMICH; Darío Armando Godoy Mancilla, estudiante secundario; José García Berríos, dirigente sindical; Miguel Manríquez Díaz, profesor, empleado de la empresa INACESA; Danilo Moreno Acevedo, chofer de CORFO; Washington Muñoz Donoso, interventor de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU); Eugenio Ruiz Tagle, gerente de la industria INACESA; Héctor Mario Silva Iriarte, gerente CORFO; Alexis Valenzuela Flores, empleado SOQUIMICH, dirigente sindical de la CUT-Tocopilla; Marco de la Vega Rivera, alcalde de Tocopilla; Mario Arqueros Silva, gobernador de Tocopilla.
En 2013, el juez Juan Guzmán condenó por estos asesinatos a los coroneles en retiro Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton y al mayor Patricio Ferrera Duco a 15 años de prisión. El teniente (r) Pablo Martínez fue sentenciado a 5 años como cómplice. El coronel Sergio Arellano Stark, no fue condenado, según su defensa por deterioro de su salud mental (alzheimer). Murió en 2016.
