La Orden Profesional emitió el siguiente comunicado público:
“El reportaje de CHV que ha revelado una red de troll y bots utilizados para difundir discursos de odio contra las candidatas presidenciales Jeannette Jara y Evelyn Matthei, involucrando a Patricio Góngora, periodista y ejecutivo de Canal 13, quien recientemente renunció a su cargo, subraya la importancia de reflexionar sobre el rol de periodistas y medios en la era digital, y la responsabilidad de estos en la transmisión de información veraz y ética.
Según el artículo 1 del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, “las y los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos”. En este marco, la función esencial del periodista es entregar información veraz, responsable y verificada, permitiendo que la ciudadanía se forme opiniones fundamentadas y participativas. La difusión de desinformación y ataques coordinados contra personas públicas, como los que hemos visto en este caso, no solo vulneran este principio, sino que también afectan la calidad democrática de nuestra sociedad.
El Sindicato de Canal 13, ha condenado la situación y referido que esto se trata de terrorismo comunicacional. Este término, en el que se describe la manipulación sistemática de la información con el objetivo de generar daño, desestabilizar y crear un clima de odio y polarización, refleja con precisión los riesgos que estas prácticas suponen para la convivencia social. El terrorismo comunicacional no se trata solo de la difusión de mentiras, sino de la creación deliberada de narrativas que pueden destruir reputaciones, generar conflictos y sembrar desconfianza en los medios y las instituciones. Esta violencia simbólica, que se oculta detrás de la “libertad de expresión”, tiene consecuencias devastadoras para la integridad de las personas y la cohesión social.
La propagación de estas prácticas debe ser rechazada de manera rotunda, ya que representan una amenaza no solo para las víctimas inmediatas, sino para el tejido social en su conjunto. Los responsables de estas acciones deben ser investigados judicialmente, pues es fundamental que se tomen medidas efectivas para sancionar la violencia comunicacional, tal como corresponde. La libertad de expresión, que debe ser un derecho fundamental, no debe utilizarse como un pretexto para la propagación de odio y desinformación.
El Tribunal de Ética Metropolitano ya está revisando la denuncia interpuesta contra el periodista implicado, y confiamos en que la Fiscalía de Valparaíso investigará los casos de acoso digital con la debida seriedad. Este episodio debe servir como una oportunidad de reflexión colectiva para reafirmar el compromiso con la ética y la transparencia en el ejercicio de la comunicación.
Es esencial que trabajemos para construir un ecosistema comunicacional más saludable y seguro, donde la veracidad y el respeto sean los pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática.
No más desinformación.
No más ataques a la honra de las personas.
Consejo Nacional – 6 de septiembre 2025
