Amnistía Internacional presentó parte de los resultados de la misión que investigó las violaciones a los derechos humanos  en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, investigadora de crisis para Amnistía Internacional, y Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, dieron a conocer las conclusiones del informe.

Para Amnistía, el Ejército y Carabineros, bajo el mando del presidente Piñera, están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, aseguró Erika Guevara.

Amnistía recordó que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de dos mil 300 han resultado lesionadas, de ellas, más de mil 400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Por su parte, la Fiscalía ha registrado más de mil 100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de mil 600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

Hasta el momento, la organización ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Biobío, Antofagasta, Coquimbo, Maule, La Araucanía y Metropolitana, y ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, declaró.

Amnistía Internacional considera que “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”.

Añade que “el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”, lo que debe ser dilucidados por una autoridad judicial independiente e imparcial.

Amnistía indicó que “la decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el Estado de Emergencia tuvo consecuencias catastróficas”, además de recordar que la no prevención de actos de maltrato y tortura, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional.

Armamento Militar Letal

El informe de la misión de investigación en el país detalla que de las cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional -cuatro a manos de funcionarios del Ejército y una de carabineros- dos de ellas fueron con armamento militar.

A través del análisis de imágenes, confirman que el ejército “usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos”, entre los que se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal.

A ello agregan que “también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales”.

El movimiento de defensa de los derechos humanos destacó el caso de Romario Veloz, de 26 años, quien murió luego que un militar le disparara en el cuello y de Rolando Robledo, de 41, herido de muerte en el tórax por otro disparo de un militar, mientras participaban de una marcha en La Serena, junto al de José Miguel Uribe, de 25, quien murió después de que un militar le disparara al tórax en Curicó tras manifestarse en un corte de calle.

Torturas, Abuso Sexual, Malos Tratos y Ensañamiento

 Respecto a torturas y malos tratos, el documento sostiene que “una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura, lo que constituye un crimen de derecho internacional”.

Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual y un caso de muerte por maltrato policial, el de Alex Núñez, de 39 años, quien falleció producto de una brutal golpiza propinada por carabineros en la comuna de Maipú.

Detallan que a la fecha, la Fiscalía registra 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de fuerzas de seguridad, como es el caso de Josué Maureira, quien fue violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial. Se expuso además el caso de una persona golpeada brutalmente por doce funcionarios de carabineros en la plaza Ñuñoa,  dejándolo con la pérdida de visión de un ojo, fractura nasal, la luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas con resultado de una lesión en un pulmón.

El organismo observó la práctica de carabineros y soldados “de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones”, en una de las cuales un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano.

“Amnistía verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente. Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción”, precisa el informe.

Armas Potencialmente Letales y Uso Indiscriminado de Lacrimógenas

A pesar de que el derecho internacional exige que las armas de fuego con munición potencialmente letal (como perdigones de goma) sólo sean utilizadas de forma excepcional para casos donde esté en peligro la vida o integridad de una persona y de tal forma que se cause el menor daño posible, Amnistía Internacional registró el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta, “Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, denuncia.

Entre los casos más graves, se menciona el de Kevin Gómez de 24 años, fallecido según el parte médico por una “herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles” el 21 de octubre en Coquimbo y el de una niña de 15 años que recibió múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento, mientras ésta se encontraba en una concentración pacífica en Cerrillos.

Asimismo, corroboró el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado. Junto con ello, se ha identificado el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones.

Sumado a esto, el informe de Amnistía denuncia que en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios. En el mismo sentido, conoció casos de personas golpeadas o lesionadas con disparos de perdigones mientras prestaban primero auxilios, como el funcionario del INDH Jorge Ortiz, quien el día 29 de octubre recibió seis perdigones mientras realizaba sus labores de observación, pese a estar identificado con el uniforme amarillo de la institución.

Reforma a Carabineros

“Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”, dijo Ana Piquer.

Finalmente, el organismo realizó recomendaciones al Estado de Chile, entre las que se cuentan que “las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia”; que los órganos de justicia investiguen la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales y que las autoridades aseguren que las legítimas demandas de la población sean atendidas.

Por último recomiendan que las autoridades deben emprender una reforma profunda a Carabineros, “Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos”.

Puede acceder al informe completo en https://n9.cl/fj59