Periodista.
“Es muy fuerte ver una continuidad tan clara, la mismas formas de violencias contra mujeres y disidencias, prácticas casi idénticas a las del terrorismo de Estado durante las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay”, aseguró la abogada argentina especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, Ana Oberlin.
De visita en Santiago con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer e invitada por la Unidad de Género y Sexualidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Fiscal Ad Hoc de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de Argentina, dictó la conferencia “Violencias estatales diferenciales hacia mujeres y disidencias durante el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Continuidades en el contexto represivo actual en Chile”.
En conversación con Página 19, Oberlin indicó que pese a darse en un contexto distinto, las prácticas de violencias diferenciales contra mujeres y disidencias se repiten: “eso es algo que nos tiene que alarmar mucho y hay que buscar la manera de desarticularlas, de ver cómo las instituciones responden ante estos hechos”.
Desnudez forzada como puerta a otras violencias
Informes de diversos organismos internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Chile desde el inicio de las movilizaciones sociales fueron lapidarios al denunciar violencias específicas ejercidas contra mujeres y disidencias por parte de agentes del Estado, con prácticas, en otras, de tortura sexual, abusos, desnudamiento y vejaciones.
El balance entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco del 8 de Marzo sobre violaciones a los derechos humanos contra las mujeres y niñas, indica que entre el 18 de octubre de 2019 y el 5 de marzo de 2020 se registraron 433 víctimas mujeres en acciones legales presentadas por la institución; la cuarta parte de éstas, 112 en total, fueron víctimas de tortura con violencia sexual y el 57%, equivalente a 247 acciones legales, de otras formas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Las prácticas son las mismas, las mujeres denunciando desnudez forzada, que está totalmente prohibida en los protocolos de las policías, precisamente porque muchas veces es la puerta que habilita el ejercicio de toda una serie de otras violencias”, dice Ana Oberlin.
Agrega que durante los desnudamientos es cuando las mujeres son abusadas, sufren violaciones y reciben burlas sobre sus cuerpos, “situaciones que aparecen en los relatos de acá en Chile, ésta es una práctica que se implementó extensamente durante la dictadura y que se implemente en un contexto democrático es muy alarmante”, enfatiza.
Niñas y disidencias víctimas de tortura con violencia sexual
La abogada de derechos humanos se muestra conmovida frente a las múltiples denuncias que involucran a menores de edad: “Llama la atención que en muchos casos se trata de niñas, eso también se repite como un modelo, al igual que cuando tienen conocimiento de que se trata de la disidencia, por ejemplo, el caso que conozco de un joven gay, donde también se particulariza específicamente en eso, hay insultos, burlas, lo que es muy similar a las prácticas represivas durante el terrorismo de Estado”.
Según el informe del INDH, las niñas constituyen el 16% de las víctimas mujeres en las acciones judiciales pero son el 27% de las querellas por tortura con violencia sexual. El estudio detalla que de 59 niñas víctimas de torturas, 27casos, es decir el 46%, involucran violencia sexual.
El Instituto presentó en octubre de 2019 una querella en contra de Carabineros por el caso del estudiante de medicina Josué Maureira, quien sufrió tortura sexual en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda y relató que fue recriminado por ser homosexual. Su denuncia fue recogida en el informe de Amnistía Internacional donde se consigna que el joven “fue violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial. Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto cortopunzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual”.
Prácticas de terrorismo de Estado
Ana Oberlin, quien se ha desempeñado como representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y ha participado en diversos juicios por delitos de lesa humanidad, recuerda que las violencias estatales diferenciadas se aplicaron en las dictaduras del cono sur, época en que las mujeres, a diferencia de los hombres, tenían un lugar reservado solo en el ámbito doméstico como madres, cuidadoras y dueñas de casa: “eso las convirtió en sujetas de una violencia diferencial porque justamente había que disciplinar a las que se salían del modelo, las que eran doblemente transgresores, porque militaban pero además con sus militancias estaban desafiando ese modelo machista que las quería recluidas en el ámbito doméstico”.
Detalla que las mujeres con algún tipo de militancia sufrieron violencias diferenciales en los centros de detención, tortura y exterminio que funcionaron tanto en Argentina como en Chile y Uruguay: “Buscaban disciplinarlas con violencias que eran muy específicas, principalmente violaciones, abusos o amenazas de sufrir violencia política sexual, también en el caso de embarazadas, torturas para intentar que abortaran, abortos forzados, embarazos forzados, forzamiento a la pornografía, violencia psicológica muy específica respecto a sus roles de madres o a que no iban a poder ser madres por lo que le estaban haciendo, las señalaban como putas, promiscuas, siempre como un desvalor”.
Por otra parte estaban aquellas personas que se salían de la cisheteronormalidad, en especial gays, lesbianas, “y muy en particular las mujeres trans, a las que se las debía disciplinar, normalizar, mostrar lo retorcido que era salirse del modelo”.
Durante más de dos décadas, la abogada argentina ha recogido relatos de mujeres trans de Argentina, Chile y Uruguay que han declarado que al detenerlas las introducían a calabozos con hombres para que las sometieran a otros tipos de violencias, “eran golpeadas, violadas, torturadas. Hace 20 años que escucho testimonios y todavía me sorprende lo terrible de las violencias a las cuales fueron sometidas, entonces hay una batería de violencias específicas hacia estas personas que está prácticamente invisibilizada”, acota.
El mismo 8 de Marzo en la ciudad de Copiapó, la vocera de la Coordinadora Feminista Atacama, Lilian Vilches Zepeda, fue detenida en la 2° Comisaría de Copiapó, hasta donde llegó para solicitar información sobre el dirigente sindical y vocero de la disidencia Juan Domingo Rojas Olivares, quien había sido detenido tras participar de la marcha conmemorativa a la fecha.
La dirigenta cuenta que acudió “por temor a los apremios ilegítimos que podría vivir, porque ha pasado en otras regiones que personas de la disidencia han sufrido apremios y vejaciones graves por parte de carabineros”. Según su relato, en el lugar se produce una discusión tras lo cual fue esposada a una silla y luego pasada a calabozo, “las manos las llegué a tener negras porque me apretaron mucho”.
Durante el encierro recibió burlas especificas por su calidad de militante feminista: “6 a 7 carabineras me empezaron a increpar, a insultar, a reírse de mi condición de feminista, del movimiento, me decían que era la vocera; la mayor Carolina Vergara azuzaba a las otras carabineras a insultarme y a burlarse de mi”.
Añade que pese a estar adolorida físicamente, le pesa más el daño psicológico: “Lo más cruento de esto es estar todo momento escuchando como se burlan de ti, que en cualquier momento pueden entrar a tu calabozo; yo considero que debiese ser importante en la constatación de lesiones esto, no solamente lo físico sino también el daño psicológico, eso es lo más grave en mi caso”. Vilches entregó su testimonio al INDH.
Para Oberlin, junto con el ensañamiento particular con las mujeres, las niñas y las disidencias, la negación de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno chileno, pese a los contundentes informes en la materia, es una muestra más de esta reiteración de prácticas estatales: “La dictadura de Pinochet siempre negó lo que ocurría, esto es una democracia pero siguen negando y lo hacen para garantizar la impunidad de quienes ejecutan los hechos; el Estado cobija a sus propios agentes a quienes manda a reprimir y les garantiza impunidad, eso también se parece mucho al terrorismo de Estado que hacía exactamente lo mismo”.
Agrega que esto explica la utilización de “alias” y de disfraces, “la privación de la visión de las víctimas que también ocurre hoy aquí, no en el sentido de la mutilación que es el horror novedoso que están aplicando, pero les tapan la vista, ellos están con nombres cambiados, rostros cubiertos, incluso las patentes de sus vehículos, esto se repite, es alarmante la cantidad de coincidencias y de paralelos que hay con las prácticas represivas estatales de las dictaduras”, lamenta.
La jurista se manifiesta sorprendida en su regreso a Santiago luego de un par de años: “Me impactó ver las calles totalmente militarizadas, llenas de carabineros, de carros, son las mismas imágenes de lo que he visto que ocurrió durante la dictadura, es otra ciudad”.
La impunidad genera más impunidad
Ana Oberlin es hija de padre detenido desaparecido y su madre fue presa política en Argentina. Militó por años en el movimiento Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia (H.I.J.O.S): “Cuando empezamos teníamos un lema que era la impunidad genera más impunidad y me parece que lo que está pasando en Chile es sin duda impunidad, pero también siempre decíamos que la justicia genera justicia, espero que en especial Chile pueda recorrer esa camino y encontrar la posibilidad de responsabilizar a quienes han cometido estos delitos”, expresó.
Consultada sobre recomendaciones ante la actual crisis de legitimidad de Carabineros, manifiesta que el Estado debe democratizar todas las fuerzas policiales: “Que no se investigue de está dando un mensaje que dice ´sigan adelante’; pero también es necesaria la justicia, que tiene que ser ejemplar, no se deben permitir estas violaciones a los derechos humanos porque entonces el mensaje es ´está bien, síganlo haciendo´. En Chile el Estado está negando las violaciones a los derechos humanos y al estar negando las está promoviendo”, dijo a Página 19.
Recuerda la justicia por los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina, Chile y Uruguay ha sido lenta y dentro de sus similitudes está el retraso en el juzgamiento de la violencia diferencial hacia mujeres y disidencias, pese a que, tal como ocurre en Chile hoy, hubo un especial ensañamiento sobre sus cuerpos.
En el consolidado proceso argentino, visto en el mundo como un ejemplo, apenas el 12% de las condenas, que alcanzan a más de 240, incluyen delitos vinculados a la violencia diferenciada sobre las mujeres, pero en la mayoría de los casos éstas pasan inadvertidas en el ámbito judicial. En Uruguay, a pesar de la existencia de una denuncia hecha por un grupo de mujeres en 2011, en la que se entregaron 107 nombres de responsables, ninguno de ellos ha sido procesado.
En Chile, en tanto, recién en mayo de 2019 se dictó la primera condena que ha reconocido la violencia sexual sobre dos mujeres, Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar, quienes en junio de 1974 fueron detenidas y torturadas por agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, donde se aplicó la figura de secuestro agravado con connotación sexual, “yo no entendía muy bien, porque existiendo la figura de violación, de abuso, no se aplica y se inventó esta otra figura rara y las penas tan bajas, van desde 541 días a 5 años y un día quien más pena tuvo, me acuerdo porque me sorprendió”, sostuvo.
Ana Oberlin destaca que es parte de las medidas de reparación integral a las sobrevivientes que las sentencias dejen establecido cuando se trató de una violencia específica diferencial hacia las mujeres o disidencias: “Esta justicia es tardía, fragmentada, mínima, pero de todas maneras históricamente marcan algo, su efecto simbólico es muy importante, sobre todo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y además es un deber que tenemos desde el Estado, no es si me gusta o no que la sentencia lo diga, estamos obligades por todas las convenciones internacionales y las legislaciones de nuestros países, a visibilizar en particular las prácticas violentas hacia las mujeres y las disidencias”, finalizó.
