Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, millones de ellas marcharon por las calles exigiendo derechos a la dignidad e igualdad humana y ciudadana: Chile ha dado un paso más hacia una sociedad más democrática, más justa, más paritaria. La aprobación parlamentaria de la paridad de género, aunque sólo para la Convención Constitucional, implica un pequeño pero estratégico paso hacia una sociedad en que cada ciudadano y ciudadana valga exactamente lo mismo en dignidad efectiva y pueda disfrutar en la mesa común de toda las diversidad de bienes y servicios producidos por la inteligencia y la creatividad del trabajo humano. Hemos avanzado como sociedad, pero aún falta mucho por alcanzar ese nivel anhelado de sociedad y de cultura de relación humana, por ello, la nueva constitución es un andamiaje cultural, social, político e institucional que permitirá acordar nuevas relaciones sociales, de género, laborales que no pueden construirse sin la participación activa de la mayoría de la población chilena que es… mujer. Bien por el avance en la paridad que se suma a la Ley N° 20.840, que introdujo una ley de cuotas que obliga a los partidos políticos, a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, a presentar un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas.
Pero persisten muchas otras desigualdades, una de las más relevantes es la territorial. La Concentración del poder político, de la concentración de la riqueza y del consumo, de la presencia mediática que construye la hegemonía ideológica, de las expresiones culturales, se encuentran en el centro del país, en las Regiones Metropolitana y de Valparaíso.
El resto del país sigue una vida paralela, muchas veces ensimismada, mirando al centro, subordinada a las dinámicas centralistas, sufriendo las consecuencias de esta situación: asignación de recursos al transporte de las grandes ciudades (el sistema “espejo” casi no funciona), extracción de las riquezas naturales de las regiones acumulando las ganancias en el centro, absorción de los mejores cuadros profesionales, artísticos, deportivos, científicos, intentos de apoderarse del agua y la energía para acumularla en el centro, recursos limitadísimos de viáticos y pasajes para que los funcionarios del Estado se desplacen a regiones.
Es cierto que alrededor del 80% de la población se concentra en Santiago, Valparaíso y Concepción y un 40,5% aprox. del total de población del país en la capital. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (queremos creerle, aún en este gobierno), la enorme mayoría de la población es urbana (la OCDE y el PNUD tienen otros indicadores que señalan proporciones mucho mayores de población rural).
Modelo de desarrollo sostenible
Ello plantea también la cuestión de la centralización de las grandes ciudades en las regiones, pero, por ahora, pensemos a escala regional. Las regiones queremos (escribo desde Temuco) alimentar sanamente a las ciudades, queremos guardar el patrimonio cultural, lingüístico y natural para las generaciones jóvenes, queremos asegurar el agua y la belleza del bosque y de las montañas para el futuro, queremos participar de los que nos atañe, un modelo de desarrollo sostenible y descentralizado para Chile: queremos un modo de vida que siga un camino diferente al que lleva hoy el país y las grandes ciudades. Centralismo es igual a concentración y, por lo tanto, a subordinación del resto, centralismo y concentración son opuestos a la participación y ampliación de la democracia. La Convención Constitucional debe romper también esta desigualdad.
Al revisar los medios de comunicación hegemónicos, al escuchar a los y las dirigentes de partidos o de organizaciones sociales y sus colectivos y movimientos, los nombres que surgen son del centro del país: ya se está preparando la reproducción de la desigualdad territorial. Esta es la segunda paridad que requiere la Convención Constituyente: constituyentes equilibrados en su origen entre la Región Metropolitana y el resto del país.
Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad tienen estructuras centralizadas de poder que reproducen la sociedad, la cultura y las visiones de poder despojando a las regiones y provincias de visibilidad y participación ya que, incluso algunos de sus parlamentarios –puestos por sus partidos para los militantes fieles- no viven en las regiones. Los expertos constitucionales no están todos en Santiago o Valparaíso, los especialistas en minas se fueron en su mayoría a Santiago pero quedan en Antofagasta, los expertos en temas de tierras y agua están en las regiones de La Araucanía, y Aysén, en agricultura en El Maule, Pesca en Bio Bio, Autonomía regional en Magallanes… El tema no es sólo el origen sino el enfoque, la mirada, la perspectiva. Los teóricos del conocimiento hace siglos (desde Marx y antes hasta hoy) enseñan que se piensa desde la historicidad del pensamiento, desde su tiempo, posición social, de clase, de identidad, de pertenencia a un territorio. No da lo mismo desde donde se piense Chile: el resultado será diferente si se hace desde el centro homogenizador que desde vértices diversos del territorio.
Legitimidad constitucional
En el Programa de Magister en Desarrollo Humano Local y Regional decimos que nos es lo mismo ser parte de una universidad regional que de una universidad que piensa Chile desde las regiones. No es lo mismo pensar sólo el territorio próximo que pensar Chile desde el territorio al que se pertenece. ¿Por qué señalar sólo a las universidades con sedes en regiones como regionales y no a las que están en la Región Metropolitana como regionales de su región? ¿Quién dijo –salvo el poder central– que las universidades de Santiago son nacionales y no de la Región Metropolitana?
Nadie niega su tremenda importancia y aportes –con los “pecados” que han cometido, como todas las antiguas y nuevas, estatales y privadas– pero otra cuestión es otorgar el carácter de únicos lectores de la realidad nacional: esa es otra expresión, ahora en la educación, del centralismo del país. Y por ello, son sus egresados los que se sienten llamados o, peor, son llamados, a pensar Chile. ¿Es el síndrome aún vivo del “provincianismo” de Martín Rivas que subsiste en la “siutiquería” de la élite centralista proyectada a la Convención Constituyente?
La legitimidad de la Constitución estará dada también por sus constituyentes y si en ellos no hay una presencia significativa, próxima al 60% o al menos la mitad de actores regionales, que vivan en las regiones (con su hogar fuera de Santiago), tendrá un problema que podrá cobrarse algún día. Los partidos políticos –a mi juicio obligatoriamente para los de centro e izquierda- y las organizaciones sociales –a mi juicio obligatoriamente a las democráticas, libertarias y progresistas- deben integrar en sus listas candidatos constituyentes, al menos en paridad, entre quienes viven y trabajan en Santiago y en Regiones, sin concentrar éstas en Valparaíso que es hoy una extensión política de Santiago por su presencia en los medios de comunicación, en el Parlamento, en las presiones sociales ante las comisiones, en las decisiones económicas.
La paridad ahora se llama paridad territorial de constituyentes y eso asegurará, como la paridad de género, una constitución de verdad nueva, que exprese relaciones sociales de una sociedad compleja y diversa, al mismo tiempo que unitaria y unida en democracia y paz. Así el YO APRUEBO será un acto que se proyectará desde cada rincón de Chile en sus más capacitados hombres y mujeres, independientemente de donde vivan y sean originarios.
