Myriam Carmen Pinto, periodista.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) expresó en una declaración pública emitida su profunda preocupación por la conducta desplegada en las últimas semanas por distintos representantes de los diversos órganos y poderes del Estado que buscan – según expresa – inequívocamente consolidar la Impunidad de los autores intelectuales y materiales de los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período del estallido social y afirma que los diferentes órganos y poderes del Estado de Chile tienen el deber de cumplir con las obligaciones de esclarecer la Verdad, aplicar la Justicia, otorgar las debidas Reparaciones a las víctimas e implementar Garantías de No Repetición.
Respecto de la eventual revocación de las pensiones de reparación otorgadas a un número reducido de víctimas de violación de los derechos humanos del estallido social, menciona que esta obligación debe cumplirse con prescindencia del historial pasado de la víctima y advierte que esta decisión significará un grave incumplimiento de la obligación internacional que tiene el Estado de Reparar a quienes han sufrido graves vulneraciones a sus derechos humanos, entre ellos, los manifestantes a quienes los efectivos policiales les dispararon a los ojos, dejándolos con pérdida de la visión de uno de sus ojos.
Frente a los ataques de los sectores de derecha que buscan interferir y dirigir las funciones propias de otros poderes del Estado, y específicamente refiriéndose a la remoción del fiscal Xavier Armendáriz, quien tenía a su cargo las investigaciones en las cuales figuran como imputados el ex presidente Sebastián Piñera, los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el ex director general de Carabineros, Mario Rozas Córdova y el actual, Ricardo Yáñez Reveco, entre otras autoridades políticas, policiales y militares, señala que se está en presencia de la vulneración del principio de separación de los poderes y del deber de resguardo de la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Publico, consagrados en la normativa internacional y en la propia Constitución vigente. También se refiere a los ataques y remoción de la fiscal Ximena Chong, afirmando que ambos han tratado de cumplir cabalmente con las funciones de investigar debidamente los graves casos de violaciones a los derechos humanos que han sido puestos en su conocimiento.
Sobre el avance de las investigaciones judiciales desarrolladas por el Ministerio Público frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto del Estallido Social, expresa que es precario y absolutamente insuficiente. De acuerdo a estadísticas entregadas por Amnistía Internacional, de las 10.568 denuncias presentadas producto de la acción de las fuerzas policiales y militares durante este período, sólo 27 procesos han concluido con condenas para los autores, lo que corresponde al 0.25% del total de los casos denunciados.
Finalmente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) reitera su compromiso irreductible con las víctimas y sus familiares, así como con su deber irrenunciable de interpelar y exigir permanentemente al Estado y a sus respectivos Poderes, el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales, so pena de incurrir en responsabilidad ante Naciones Unidas y su sistema de protección internacional de los derechos humanos.
