periodista.
El proyecto presentado por parlamentarios y parlamentarias de la oposición, el 8 de diciembre, se fundamenta en la “búsqueda de una solución política, con sentido humanitario, por la situación que se encuentran las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos”, indicó la iniciativa.
Sin embargo, durante el pasado domingo 13 de diciembre, a menos de una semana de presentado, el presidente Sebastián Piñera advirtió que si el Proyecto de Ley sobre Indulto General avanza su tramitación en el Congreso, usará su facultad de veto.
La negativa del presidente fue acompañada posteriormente por los dichos del Ministro de Justicia, Hernán Larraín: “me parece sorprendente que se pretenda ocupar la figura del indulto en esta materia. El indulto se aplica a las personas que han sido condenadas (…). Aquí, el grueso son personas que están en el proceso judicial. Esas personas deben seguir bajo la tuición de un juez”, puntualizó en conversación con Radio Duna este lunes.
Frente a la apresurada reacción de La Moneda, instituciones y organizaciones de Derechos Humanos declararon que estos dichos “develan un claro desconocimiento del contenido y fundamentación legal” y añadieron que “incumplen la obligación de la debida sujeción a que se encuentran sometidos los diversos órganos del Estado, al estricto cumplimiento del respeto y debido resguardo de los derechos humanos contemplados en diversos tratados internacionales que regulan la materia”.
Con respeto a la decisión del presidente de vetar el proyecto éstas señalaron “una grave intromisión en las funciones propias de otro Poder del Estado y una nueva violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, al acusarlos de graves delitos, en circunstancias que en su gran mayoría se encuentran sólo formalizados, no condenados, vulnerando con ello la presunción de inocencia”.
Las organizaciones e instituciones de los Derechos Humanos hicieron un llamado a “no olvidar que las profundas causas que provocaron el estallido social, permanecen aún sin abordarse debidamente (…) Por lo tanto, las declaraciones y reacciones al Proyecto de Ley de Indulto General sólo consiguen profundizar el conflicto, lo que marca una clara diferencia con las motivaciones que tuvieron los cinco senadores que lo suscribieron e ingresaron, para su debida tramitación legislativa.”
Entre las organizaciones firmantes se encuentra la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, Londres 38, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Centro de Memoria y Futuro (CFMF).
