Una noche de terror vivieron los pobladores de “Lo Hermida”, una población que se ubica en la comuna de Peñalolén, al oriente de Santiago de Chile. Desde tempranas horas, un Comité de allegados se tomó la viña Cousiño de Macul como una manera de protestar por la faltas de viviendas para sus familias.

A pocas horas de tal acción, Carabineros los desalojó y tomó detenidas a varias personas. Al llegar la noche, Lo Hermida se transformó en un verdadero campo de batalla. La fuerza policial usó todo tipo de armamentos dejando heridos a casi un centenar de personas, entre ellas a una mujer embarazada que fue brutalmente golpeada y que se encontraba detenida en la 43 comisaría de ese sector. Hasta ese lugar, llegaron varios pobladores que se enfrentaron con carabineros, losque respondieron lanzando varias bombas molotov. El resultado fue 8 carabineros heridos de distinta consideración, pero ninguno con riesgo vital. A esa misma hora, los rumores que corrían por las redes sociales indicaban que el centro policial había sido quemado, cosa que no fue cierta.

Según los vecinos y vecinas de la población Lo Hermida, Carabineros se desplegó hasta la madrugada por todo el sector lanzando bombas lacrimógenas, balines y perdigones contra sus viviendas, sin consideración alguna a ancianos y niños habitantes del sector..

La alcaldesa de Peñalolén condenó los hechos y se reunió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para, eventualmente, presentar querellas contra Carabineros de Chile.

En este mismo día, el Director General de Carabineros, Mario Rozas, había enviado un video a toda su dotación policial, señalando que se les entregaría nuevas instrucciones sobre el uso de balines y perdigones cuando les correspondiera enfrentar manifestaciones. A pesar de ello, Carabineros siguió reprimiendo y usando este tipo de armamento contra civiles.

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Quito, Ecuador, sesionó especialmente sobre el estallido social en Chile. La mayoría de los invitados condenaron lo que consideran una violación sistemática de DD.HH. en nuestro país, salvo el representante del gobierno de la administración Piñera que minimizó la represión en Chile y calificándolas sólo como un desastre a la propiedad privada.