¿Dónde están las mujeres en los medios de comunicación? ¿Cuál es el deber del Estado en garantizar que la diversidad de sujetos y sujetas sociales participen de la comunicación?
Constantemente las periodistas feministas nos hacemos esa pregunta ante la evidente ausencia de mujeres en la prensa, más allá de su presencia en la reproducción de roles de género. Este #8M, Día Internacional de las Mujeres, volvemos a atender un problema que tiene como efecto la invisibilización de las mujeres y disidencias en los medios de comunicación y la violencia simbólica.
El Monitoreo Global de Medios del año 2020, señaló que a nivel mundial solo el 17% de los sujetos de las noticias fueron mujeres. En el caso de Chile, las mujeres aparecen con mayor presencia como sujeto de noticias en el área de economía, con un 37% del total; en noticias de índole social y legal con 33%; en ciencia y salud con 29%; en política y gobierno 23%; celebridades, deportes, medios y arte con 16%, y crimen y violencia 10%. A la pregunta sobre qué función desempeñan las mujeres en las noticias, un 45% corresponde a “opinión popular”, un 32% son relatoras de su experiencia personal, y solo un 29% son expertas o comentaristas. El 26% son sujeto principal de la noticia y un 22% voceras. Lo más alarmante que evidencia el informe es que al menos pasarán 67 años para cerrar la brecha de desigualdad de género en los medios de comunicación.
Estas cifras, develan su falta de representatividad en los medios -ya sea como protagonistas de las noticias o en las salas de redacción-, lo que implica que sus conocimientos, saberes y expertis no existen para la prensa, más allá de los mandatos de género de un sistema patriarcal.
Este panorama nos ha impulsado a problematizar por años el sexismo presente en los medios de comunicación y en las prácticas periodísticas, contribuyendo a un debate profundo al respecto que, incluso, lo hemos llevado a la Convención Constitucional.
En la propuesta de norma Constitucional sobre Derecho a la Comunicación patrocinada por la Convencional Carolina Videla, y elaborada con aportes de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (REDPERIOFEM), en conjunto con el Colegio de Periodistas de Chile, dos organizaciones que hacen parte del Bloque por el Derecho a la Comunicación, hemos ido aún más allá.
En uno de los articulados planteamos que “El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa”.
Defender la libertad de prensa y promover el pluralismo debe ser un imperativo para el Estado en un contexto nacional marcado los últimos años por vulneraciones a la prensa por agentes de fuerzas especiales, agresiones y hostigamiento digital a mujeres periodistas, espionaje a periodistas de investigación por el Ejército, entre otros casos.
En línea con el trabajo que hemos venido desarrollado, nos preocupa además el desconocimiento y la falta de interés por parte de algunos convencionales constituyentes que no han logrado la comprensión de enfoques como el de género, derechos humanos y la educación mediática.
En los últimos años, la UNESCO ha realizado un gran esfuerzo por atender esta necesidad, que en términos simples corresponden a aquellas garantías que el Estado entrega para el desarrollo de espacios formativos que permitan generar una ciudadanía crítica e informada respecto a los contenidos de los medios de comunicación, que permitan frenar fenómenos como el avance de las fake news (noticias falsas), los discursos de odio y la postverdad.
La propuesta presentada por la REDPERIOFEM y rechazada en general el día 24 de febrero de este año en el pleno de la Convención Constitucional, propone avanzar en garantías para el desarrollo de la educación mediática con enfoque de género y derechos humanos, con el fin de garantizar la formación de una ciudadanía activa, crítica e informada acerca del sistema de comunicación social.
El articulado se centra en garantizar derechos humanos en materia de comunicaciones que promueva a las y los ciudadanos la posibilidad de desarrollar medios de comunicación y resolver la crisis que enfrentan los medios, pero también en entender la importancia de las comunicaciones para una ciudadanía activa e informada sobre los procesos de cambio que vive el país.
Es así como en la línea de garantizar el Derecho a la Comunicación en la nueva Constitución, observamos con preocupación la comunicación que emana desde la propia Convención. No está demás decir que las consecuencias de la pandemia han evidenciado la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso a internet de todas las personas y en todo el país como una forma de promover los derechos humanos, la igualdad y fortalecer la descentralización.
La diferencia de acceso a la tecnología continúa generando desigualdades en el acceso a la información de la población, especialmente de grupos que no puedan pagar por estos servicios. Se requiere actualizar la nueva Constitución incluyendo este derecho.
Acceder a la información de manera igualitaria puede ser un soporte relevante al momento de pensar el apoyo en los cuidados que recaen principalmente en mujeres y niñas, pero sobre todo en propiciar un participación directa y participativa de la ciudadanía, que, hasta ahora, vemos como el talón de Aquiles del órgano constituyente.
Otros obstáculos que han enfrentado las comunicaciones de la Convención Constitucional es la campaña de desinformación y difusión de noticias falsas levantadas por ciertos sectores, que generan la circulación de información poco precisa y mentirosa.
Por ello, es clave que en estos cinco meses que restan para elaborar la nueva Constitución la Convención Constitucional comunique de forma oportuna y clara lo que transcurre en sus sesiones, debates deliberativos y resoluciones del pleno. La información y su acceso a ella es un derecho humano al que debe acceder toda la ciudadanía para una buena toma de decisiones y un real proceso democrático.
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