Probablemente ni en la peor de sus pesadillas, el Gobierno pudo imaginar un escenario tan caótico, enredado, mentiroso y casi desesperado como el que está enfrentando luego del asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. Una sucesión de hechos con explicaciones erráticas, cuyas falsedades se pusieron en evidencia demasiado pronto, da cuenta de la pérdida de control de la agenda por parte de la administración Piñera.

La brutalidad del asesinato de Catrillanca, dejó atrás toda la estrategia ideada para enfrentar las críticas y revertir la sensación ambiente de un fracaso del Gobierno que no ha satisfecho las expectativas de su gente. Para desgracia de la UDI, todo el espectáculo armado en torno al encuentro de Ricardo Palma Salamanca, acusado del asesinato de Jaime Guzmán, con parlamentarios del Frente Amplio, Gabriel Boric y Maite Orsini, no sólo quedó en el olvido, sino que, a la luz de los acontecimientos, se visualiza casi ridículo. La estrategia de pedir a cada ministro que en sus giras destaquen lo bien que se encuentra la economía, en contraposición a lo que señalan los expertos que destacan la frustración de la gente por las expectativas económicas, también quedó sobrepasada.

Y tal vez, de lo único que se pueden alegrar es que su propia encuestadora, la Cadem, que evidenció una nueva caída de la aprobación del Gobierno y de Piñera en sus mediciones, está pasando inadvertida. Un 27% afirma que el país está mejor y un 21% cree que está peor. Además, la aprobación presidencial llegó a un 41%, su nivel más bajo desde marzo. “Resultado esperable. Muestra algo que estaba en el ambiente: que esta promesa no llegó”, señala el gerente de Asuntos Públicos de la consultora, Roberto Izikson y ex funcionario de la a administración Piñera 1., al explicar el 26% que contestó “mejor”, el 21% que dijo “peor”, y el 51% que planteó sentirse “igual” que en el Gobierno anterior. Frustración, dice, “muy asociada al cierre de empresas, al debate por el sueldo mínimo, a no lograr revertir las cifras de desempleo”. Argumenta que esto pasa, también, cuando dicho eslogan de campaña “no tiene una bajada”, dado que “lo que yo entiendo por ‘tiempos mejores’ no ocurre a la velocidad que espero, pese a que la economía crece”.

Obligados a reconocer

Hay, sin embargo, un hecho que estaría pasando inadvertido y que se conforma como toda una lección para la clase política: el rol que están jugando las redes sociales. Mucho antes que saliera el Intendente Mayol a dar cuenta de -en su primera aparición- un robo de vehículos, y la muerte de un comunero al que trató como un delincuente común y con antecedentes, ya estaban circulando en estas redes no solamente la información acerca del asesinato del joven mapuche a manos del “Comando Jungla”, instalado en la Araucanía por el Gobierno, sino, además, documentado con fotos. Eso, sin contar con el relato de los acontecimientos minuto a minuto.

De ahí en adelante, sin prisa y sin pausa, cada silencio o declaraciones de la autoridad, civil o policial, fueron refutadas en estas redes con verdades incontrarrestables. Y, poco a poco, fueron cayendo las explicaciones que en un principio fueron de apoyo indubitable a Carabineros, no cuestionando en ningún momento la tesis de la policía uniformada. De hecho, una de las primeras declaraciones del Presidente Sebastián Piñera -en gira por Singapur y otros países Apec- señala que “en la localidad cercana a Ercilla, cuatro mujeres fueron violentamente asaltadas por encapuchados. En consecuencia, el deber y obligación del Gobierno y de Carabineros era proteger a las víctimas y perseguir a los presuntos delincuentes y eso fue lo que hizo carabineros”. Informó que se habían designado dos fiscales con dedicación exclusiva y que “vamos a esperar la investigación para tomar todas las medidas que sean necesarias”. A estas alturas, ya consciente del escenario que se vislumbraba sombrío para su plan estrella en La Araucanía, afirmó, además, que quería dejar dos cosas bien claras: “Nuestro compromiso con la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico es total y absoluto. Y nuestro compromiso con llevar adelante el plan de La Araucanía que va a permitir un desarrollo económico social, que va a permitir promover la cultura, el idioma, las costumbres, las tradiciones de nuestros pueblos originarios es también total y absoluto”.

Las declaraciones del resto de las autoridades no fueron muy diferentes. Aunque cada vez se enredaban más en su madeja de contradicciones. Las redes sociales estallaron cuando un parte oficial de Carabineros reproducido por el medio oficialista La Tercera,  hace un relato en el que se asegura que Catrillanca participó como uno de los conductores de los vehículos que habían sido robados minutos antes en la localidad de Pidima, y también se afirma que uno de los efectivos que piloteaba un helicóptero de la institución observó que él, junto con otro comunero, abordaron en medio de la fuga el tractor en que finalmente Catrillanca fue alcanzado por un balazo. Eso, además de la ridiculez de señalar que intentaron huir “en un tractor”. Eso, mientras la familia insistía una y otra vez en que el joven Catrillanca era inocente, asegurando que se encontraba trabajando en sus tierras. Eso fue lo que el tiempo comprobó.

Control de daños

La estrategia inicial del Gobierno fue la de reforzar la tesis de un acto de delincuencia común, señalando que el episodio no estaba vinculado al conflicto mapuche, para no mezclar el tema con el Acuerdo por la Paz en La Araucanía y, además, blindarse frente a las reacciones de la oposición, que criticó el actuar del Ejecutivo. De hecho, ésta acordó una interpelación al ministro Chadwick y, a estas alturas, no descartan una acusación constitucional.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, sin duda está aproblemado. Su proyecto estrella lentamente hace agua. Reconoció, en radio Infinita, que “hechos como estos hacen más difíciles las cosas” y la implementación del acuerdo en la zona. Distinto fue lo que Chadwick señaló. Aseguró que “el Plan Araucanía sigue exactamente igual, se refuerza, porque si bien el origen estuvo en un delito común, lamentablemente ha tenido repercusiones esta situación por la muerte del joven Catrillanca en las comunidades mapuches”, junto con señalar que “por eso que es indispensable avanzar en el Plan”.

La suerte de ese “Plan” era y es la preocupación principal del gobierno. De ahí que se sucedieran las visitas a la Araucanía por parte de las autoridades de gobierno. Fue la ministra Cecilia Pérez, fue el subsecretario Ubilla y todos ellos manteniendo el guion de que lo ocurrido era un acto delincuencial, y que se apoyaba a Carabineros que debía actual dentro de la ley.

Si hasta la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se pronunció, lamentando “profundamente la muerte de Camilo Catrillanca” y defendiendo lo que a esas alturas parecía indefendible. En una declaración pública el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, indicó que “el actuar de Carabineros es imprescindible para garantizar la seguridad pública e ir en auxilio de las víctimas de la delincuencia como sucedió en el origen de estos hechos. El procedimiento seguido en éste y en todos los casos debe apegarse estrictamente a la ley. Las dificultades existentes en la zona exigen gran profesionalismo y experiencia”. Asimismo, sostuvo que “pretender apresuradamente emitir juicios, hacer declaraciones violentas y provocar desgracias materiales incendiando y destruyendo, en nada contribuye a la paz que todos queremos”.

Es que hubo un paso para que la pradera se incendiara. Las diferentes versiones que no concordaban con lo que la familia y la comunidad de Temocuicui afirmaban, provocó una ola de violencia en la zona que se ha extendido, hasta ahora, a otras regiones. Mientras, se sucedían las explicaciones. Y finalmente se llegó a la verdad, conocida no porque el gobierno actuara rápidamente como insisten en señalar en el oficialismo, sino gracias a la denuncia del Instituto de Derechos Humanos respecto a la detención del testigo directo de los hechos.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, anunció que la entidad iba a presentar una querella, en contra de quienes resulten responsables, por la violenta golpiza que habría sufrido el menor de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando recibió el disparo que le costó la vida. De acuerdo con lo indicado por Consuelo Contreras, el joven, de iniciales M.A.P.C, habría sido detenido por Carabineros y luego golpeado, vulnerándosele sus derechos. “El joven presenció el asesinato o la muerte de su compañero. Murió al lado de él. Posteriormente a él lo bajan del tractor, lo golpean, lo ingresan a un carro policial y lo siguen golpeando”, relató Contreras haciendo alusión al testimonio del joven. El adolescente estaba bajo custodia del Estado y fue brutalmente golpeado por efectivos del Estado”, precisó.

El joven mapuche fue formalizado por el delito de receptación, pero para sorpresa de algunos en La Moneda, su detención fue declarada ilegal por la jueza. Debió ser la primera luz roja para el gobierno, pero, aun así, continuó con su respaldo a Carabineros, aunque ya alejándose de la versión inicial del Intendente Mayol.

De ahí al cambio de versión en el gobierno no hubo un paso. Hubo varios. Y probablemente en el futuro se conocerán los detalles. Lo cierto del caso es que se reconoce primero que no se grabó el operativo, justamente de parte de una fuerza equipada para así hacerlo. La incredulidad y la desconfianza arreciaron más aún en la ciudadanía. Y peor fue cuando menos de 24 horas después, el gobierno informa que sí se habían grabado los hechos, pero que carabineros habían borrado los videos. Se conoce que cuatro efectivos policiales fueron dados de baja y dos generales llamados a retiro por su responsabilidad de mando.

El Ministro del Interior, acompañado de su subsecretario y del Director General de Carabineros salió a los patios de La Moneda para ponerse rojo una sola vez. “Se ha podido comprobar que uno de los miembros de la patrulla del Gope  (ya no era el Comando Jungla) que acudió a los hechos, que inicialmente había señalado que no tenía ni contaba con cámara de vigilancia, sí tenía, como correspondía al cumplimiento de su deber. Y que la tarjeta de memoria de esa cámara la destruyó. Eso no lo vamos a tolerar”. La información fue entregada al gobierno por parte del General Director Hermes Soto en una reunión extraordinaria. Los renunciados son Mauro Victtoriano, Jefe Zona Araucanía Control Orden Público, e Iván Contreras Figueroa, prefecto FF.EE de La Araucanía.

Mientras tanto, cada uno de los partidos de la oposición se pronunciaron criticando lo ocurrido. La Democracia Cristiana, por ejemplo, emitió un comunicado pidiendo la renuncia del Intendente Mayol. Además, lamentan y consideran “muy preocupante e inaceptable, la cantidad de versiones que se han dado sobre los hechos; cuestión que no sólo ahonda la indignación nacional, sino que pone en duda el actuar del alto mando de Carabineros como también la capacidad y veracidad con que está actuando el gobierno”.

El diputado (IND) René Saffirio, anunció la conformación de una Comisión Investigadora que permita aclarar la situación de seguridad en La Araucanía. Todos debemos colaborar a construir verdad y justicia para la tranquilidad de nuestra Región”. El anuncio fue respaldado por el diputado Fidel Espinoza. “Estas son las herramientas que debemos utilizar; incluyendo Acusación Constitucional porque aquí no solo hay responsabilidades de Carabineros, sino responsabilidades políticas”. “El país merece una explicación y señales claras de asumir las responsabilidades!!”, sostuvo por su parte, el diputado Gabriel Silber (DC). Una postura similar fue la de la parlamentaria del Frente Amplio, Claudia Mix: “No basta con dar de baja a 4 funcionarios. El gobierno y Carabineros de Chile deben asumir su responsabilidad de la violencia. La policía es una institución jerarquizada y el ministro Andrés Chadwick debe asumir su rol de responsable del actuar policial”. Para Rabindranath Quinteros, senador PS, “las autoridades políticas, al menos, fueron ingenuas en respaldar apresuradamente a Carabineros. Cabe preguntarse si actuaron así porque saben que tienen responsabilidad en la creación del “Comando Jungla” y en militarizar la zona”. El exdiputado Jorge Tarud también fue crítico del actuar del gobierno: “¿Dónde están las responsabilidades políticas por causar una tremenda tensión en La Araucanía? Y algo también muy importante, el daño que le están produciendo a la imagen al país en el exterior es tremenda”.

Palabras más, palabras menos, toda la oposición se ha manifestado en similar sentido. Y habrá que esperar cuál será la estrategia del Gobierno para, finalmente, intentar controlar una agenda cuyas riendas, a todas luces, aún no logra dominar.