Periodista.
Quienes usan y abusan del sentido de la oportunidad luego de alguna catástrofe a la cual se le puede sacar partido para culpar a su adversario, son por lo general acusados de oportunistas. Es lo que muchos analistas políticos anticiparon luego de conocida la tragedia que producto de incendios, al parecer intencionales, dejaron como saldo más de cien víctimas fatales y miles de hogares destruidos.
No pasó un día y en las redes sociales se activaron los bots que se dice que controla la derecha culpando al gobierno de inoperancia, de lentitud, de desidia y de todas las malas intenciones del mundo. Nadie de la derecha ha reconocido la actividad incesante que han desplegado todas las autoridades gubernamentales. Nadie mencionó –entre otras cosas- que a las 3 de la madrugada del primer día de la tragedia, la Ministra del Interior daba la primera evaluación de la situación horrorosa que estaba en pleno desarrollo. Ni menos que el Presidente acudió a los lugares siniestrados, conversó con víctimas, y comprometió a todo el gobierno en la reconstrucción.
No es casualidad lo que declaró el ex ministro Jorge Arrate hace unos días: “hay un concierto en la derecha por tratar de destruir al gobierno”. Concierto desatado desde hace varios meses y que se acrecentó después de la pérdida contundente que tuvieron en el pasado plebiscito de diciembre. Luego de la sorpresa inicial, elaboraron su estrategia para intentar ganar en las próximas elecciones municipales y regionales de este año. Y esa estrategia claramente tiene en el centro trabajar por el desgaste a como dé lugar de la imagen del gobierno y del Presidente.
De ahí surgieron entonces varias situaciones “oportunas” para acelerar el desgaste. Creen ellos. Ahí está el fallido escándalo de las pensiones de gracia. Fallido porque en la entrega de ese beneficio a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y donde se descubrieron algunas pensiones entregadas sin mayor estudio, también cayó el expresidente Piñera. El subsecretario Monsalve lo develó: Contó que el caso de las pensiones de gracia golpeó también a la derecha. Porque un informe de Contraloría cuestionando este beneficio señaló que no sería el único. Y es que existe otro que se realizó con el beneficio entregado durante el 2021, en el gobierno de Sebastián Piñera. Monsalve reveló la existencia de esta fiscalización, señalando que el ente fiscalizador “también hizo una auditoría y una fiscalización a las entregas de pensiones de gracia durante todo el año 2021″.
“Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal. Entonces, sugeriría mirar bien antes de hablar cuál es la responsabilidad de cada cual”, agregó. Lentamente entonces, las acusaciones, denuncias y demases fueron aminorando.
Se sumaron el escándalo de las reuniones en casa del ex alcalde UDI Zalaquett por supuestamente no haber respetado la ley de lobby, pero el silencio también llegó cuando habló la Contraloría: emitió su pronunciamiento concluyendo que, a la luz de la normativa vigente, no hay omisiones respecto de la Ley de Lobby. Otro hecho fue la arremetida de estas derechas contra la reforma de pensiones, por la que tanto han esperado los adultos mayores Y así siguieron, callando convenientemente sobre escándalos que los involucraban: se silenció el caso del abogado Hermosilla, también de la ex alcaldesa Cathy Barriga y de varios otros ediles de derecha más involucrados en fraudes y estafas al fisco. Entre ellos el de la ex alcaldesa UDI de San Bernardo, Nora Cuevas. Un primer informe realizado por Contraloría a la gestión de la ex edil advirtió la ausencia de $9 mil millones en las cuentas bancarias por concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP), entre los años 2016 y 2017, situación que generó la primera querella del Consejo de Defensa del Estado en contra de la exalcaldesa presentada en abril de 2020.
El organismo fiscalizador encontró, además, una serie de irregularidades adicionales: pagos indebidos del Bono Bicentenario, desembolsos no acreditados, gastos improcedentes en asesoría jurídica y otros que ni siquiera calificaban en planes de mejoramiento escolar. Y así varios otros alcaldes más como los de Algarrobo; Puerto Natales y Vitacura, por nombrar solo algunos, incluyendo uno que otro de las filas de la izquierda.
Consejo de Seguridad
Pero, las últimas semanas de enero ocurrieron una serie de asesinatos -muchos catalogados como ajustes de cuenta entre las bandas de narcotraficantes- que debidamente orquestados por la prensa dieron la sensación de que el país estaba en manos del crimen organizado.
Por supuesto, para la derecha punto menos que la izquierda avalaba de alguna manera la situación. Llegaron incluso a poner en duda la competencia del Subsecretario Manuel Monsalve, preparando al parecer una acusación constitucional en su contra.
La Presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic saltó al ruedo y aclaró que “el tema de la seguridad sin duda es el más relevante hoy en día, y en eso nuestro compañero Monsalve ha actuado con responsabilidad, eficiencia y compromiso, ejecutando las tareas que corresponde el beneficio de nuestros compatriotas“. Y afirmó que no iban a permitir que “el narcotráfico y su cultura dominen nuestras poblaciones“.
Así entregaba todo su respaldo a las medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado que el Presidente anunció la pasada semana entre las que destacaron el llamado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se concretó el lunes.
“El próximo lunes, y así se lo comuniqué a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro (Álvaro) Elizalde, a la Contralora, y a los presidentes de las Cámaras del Congreso, he decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías”, detalló la máxima autoridad del país.
Finalizada la extensa reunión a la que asistieron los comandantes en Jefe de las 3 ramas de las FFAA; el Director General de Carabineros; el Director de la policía civil; los presidentes del Senado y la Cámara, el presidente de la Corte Suprema, la Contralora (s); y autoridades de gobierno.
Luego de una introducción que al término de la sesión realizó el Presidente, congratulándose por el hecho de que en Chile es el Estado en su conjunto el que sale a combatir el narco y el crimen organizado, la Ministra del Interior fue interrogada por la prensa. Declaró que la reunión que se hizo tendrá un acta pública, anticipándose así a cualquier suspicacia.
Sostuvo que en la instancia se hicieron observaciones respecto a las atribuciones de las Fuerzas Armadas, así como su función en su labor en los perímetros alrededor de la infraestructura crítica. “Que sea muy claro el mando, quién toma las decisiones, cómo se coordinan las distintas instituciones que se instalen en estos lugares y lo tercero, que deben ser claras las reglas de uso de la fuerza”.
Reveló que en la sesión del Cosena también se abordó la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas y en grandes ciudades que es lo que la derecha ha insistido hasta el agotamiento. “En general, las opiniones transversales es que el trabajo al interior de los barrios, en una fricción directa con la población, en medio de los lugares donde se dan los conflictos ligados a la convivencia y también al desarrollo de los delitos, no es lo más oportuno para la contribución que pueden hacer las Fuerzas Armadas”. Y añadió: “En cambio, hay otras tareas más específicas donde sí pueden contribuir, por ejemplo, el resguardo de los perímetros de la infraestructura crítica o hacer perímetros alrededor de las tareas policiales, los operativos policiales”, aclaró la titular del Interior.
En relación con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Inteligencia, Carolina Tohá comentó que el Gobierno está consciente de que se necesita avanzar rápidamente en su tramitación en el Congreso. “Las tenemos totalmente como materia en los que hay que avanzar rápidamente. Y la razón por la que se han demorado no es por falta de urgencia, sino porque ha habido discrepancias en torno a algunos de los aspectos centrales de estos dos proyectos”, reconoció. “Ahora, en ambos casos, tanto en RUF como en Inteligencia, se ha hecho un trabajo en los últimos meses con los asesores y con expertos para destrabar estos nudos”, enfatizó.
Y anunció: “Estamos muy cerca de tener casi un acuerdo en todos los temas más complicados. Y en el mes de marzo esperamos que se retome la votación de estos proyectos y se pueda avanzar”.
El Parlamento
Tanto el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, como el del Senado, Juan Antonio Coloma, valoraron la primera sesión del Consejo de Seguridad Nacional. El senador dijo que “lo relevante es que hay un acuerdo bien sustancial en que hoy tenemos que generar una estrategia de seguridad integral en Chile. No es sólo una ley la que puede faltar”. Añadió que todo tiene que ver con “cómo combatir el crimen organizado en las cárceles, en los puertos, en los pasos fronterizos, en todos aquellos lugares que se han mostrado vulnerables”.
“Más allá de las discrepancias políticas que obviamente existen, hay una voluntad común de juntar fuerzas como Estado y enfrentar a ese enemigo poderoso que es el narcotráfico y el crimen organizado”.
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados quien anunció que “esta pelea va a ser una pelea larga. Nosotros le hemos planteado al Presidente alguna idea específica. Yo, por ejemplo, creo que más que Estados de Excepción, lo que hay que hacer es tener fuerzas combinadas entre la policía y el Ejército”.
