Profesor de Historia, analista político.
La reciente propuesta de concejales de Las Condes, que abarca desde el Partido Republicano hasta Evópoli, para renombrar una calle o plaza en honor al dictador Augusto Pinochet, no solo es una afrenta a la memoria histórica de todo un país, sino también un síntoma preocupante de la erosión de los valores democráticos en sectores de la derecha política. Que una iniciativa de este calibre cuente con el respaldo de partidos que se autoproclaman «moderados» y «democráticos», como Evópoli, revela una profunda contradicción ética y política. No se puede ser demócrata y, al mismo tiempo, avalar la glorificación de un régimen que torturó, asesinó y desapareció a miles de compatriotas.
La figura de Pinochet representa, para gran parte de la sociedad chilena, un pasado de terror y autoritarismo. En dictadura no solo se violaron sistemáticamente los derechos humanos, sino que también se instauró un modelo económico y social que profundizó las desigualdades. Renombrar un espacio público en su honor no es un acto inocuo; es un intento escandaloso de reescribir la historia, de blanquear la violencia. La memoria histórica, los derechos humanos y la garantía de no repetición no son invulnerables. Se deben educar, defender y proteger activamente, especialmente en un contexto donde sectores políticos buscan relativizar o justificar los crímenes de la dictadura.
Este intento de reivindicar a Pinochet no ocurre en un vacío político. Por el contrario, se enmarca en un contexto global preocupante, donde proyectos de derecha radical y populista avanzan en distintas partes del mundo, erosionando las democracias y normalizando discursos autoritarios. Desde el ascenso de líderes ultraderechistas en Europa hasta la expansión de movimientos negacionistas y revisionistas en América Latina, lo que ocurre en Las Condes es parte de una tendencia más amplia. Estos proyectos no sólo son revisionistas desde la perspectiva historiográfica, sino también buscan deslegitimar las luchas por los derechos humanos y debilitar las instituciones democráticas. En este sentido, la propuesta de los concejales no es solo un problema local; es un eslabón más en una cadena de retrocesos que amenazan la convivencia democrática.
En este escenario, la actitud de la alcaldesa Catalina San Martín, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre la moción, resulta preocupante. Como representante de una centro-derecha que dice adscribir a los valores democráticos, tiene la responsabilidad de rechazar esta propuesta de plano. No ponerla en tabla en el concejo municipal no es solo un gesto político, sino un imperativo ético. Las Condes no puede convertirse en un símbolo de impunidad y negacionismo.
La alcaldesa debe ponerse del lado de la democracia, de los derechos humanos y de las víctimas, y enviar un mensaje claro: no hay espacio en el Concejo Municipal para el negacionismo.
