La bancada del Partido Socialista, a través de la diputada Emilia Nuyado, solicitó al gobierno prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la inscripción en el registro de actividades de subsistencia ante el Servicio de Impuestos Internos.
Por otro lado, los parlamentarios destacaron que no se considere al INDAP como una banca privada, sino como un servicio público encargado de fomentar la pequeña agricultura campesina, no siendo necesario que a los beneficiarios de los créditos de INDAP se les exija inicio de actividades.
Al respecto la diputada Emilia Nuyado integrante de la comisión de agricultura afirmó que la determinación «responde a la necesidad de miles de familias que dependen de la actividad agrícola a pequeña escala que ven que este proceso los daña enormemente»
«Se deben considerar las desigualdades territoriales, las brechas digitales y educacionales que afectan a las familias que viven Gracias a la economía de subsistencia. Esta medida los condena a desaparecer», dijo la parlamentaria.
Otras de las medidas solicitadas por la bancada, contemplan que el ejecutivo ponga en marcha una nueva regulación para que los beneficiarios de INDAP, pequeño comerciante, prestador de servicios, artesanos, pescador artesanal u otras categorías del rubro, que realizan actividades de subsistencia, puedan inscribirse en el registro siempre que su ingreso promedio mensual llegue hasta las 15 UTM, considerando los diez últimos meses.
La diputada por la región de O’Higgins, Carolina Cucumides, sostuvo “debemos entender que la agricultura de pequeña escala es el corazón de nuestra identidad de O’Higgins y, bajo ninguna circunstancia, se puede tratar al INDAP como si fuera una banca privada, ya que su rol es el fomento y no la recaudación, por lo que resulta inaceptable exigir inicio de actividades a quienes son el motor de nuestra agricultura familiar campesina”.
“Si los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Social no actúan con flexibilidad, considerando las profundas desigualdades territoriales, las brechas digitales y educacionales que afectan a nuestra gente, están, en la práctica, condenando a la desaparición a miles de familias que dependen del trabajo honesto de subsistencia. Por ello, apoyamos una nueva regulación que permita la inscripción en el registro a quienes perciben hasta 15 UTM mensuales, pues no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo justicia territorial: la regulación debe adaptarse a las personas y no obligar a nuestras familias rurales a desnaturalizar su esfuerzo para encajar en formularios que desconocen su realidad”, detalló Cucumides.
El diputado Marcos Ilabaca, dijo “esta ley tiene graves problemas, y aquellos que hoy día están sufriendo las consecuencias son las pequeñas organizaciones y las familias que desarrollan una actividad comercial para subsistir. Por eso le hemos pedido al Ministerio de Hacienda que suspenda la aplicación de esta norma y que sea revisada a fondo. No es posible seguir sancionando a la pobreza cuando quiere salir adelante”.
Finalmente, los legisladores señalaron que el “Servicio de Impuestos Internos debe considerar la desigualdad territorial, las brechas digitales y educacionales que afectan a la economía de pequeña escala. Esto debe ser considerado como un tema de justicia social”.
Y agregaron que “con este nuevo régimen los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Social están condenando a la agricultura y a otras actividades de subsistencia a desaparecer”.
