Periodista.
Justo cuando en La Moneda las sonrisas abundaban en oficinas y recovecos de sus fríos pasillos del primer y segundo piso, producto -con toda razón- de lo exitoso del proceso de vacunación que comenzó hace unos días en el país, llega ese golpe directo al mentón del gobierno cuando se conoce el asesinato de un joven en Panguipulli. Las redes sociales no perdonan. Y en cosa de minutos, todo Chile pudo ver cómo un carabinero disparó casi a boca de jarro al joven malabarista y artesano, Francisco Martínez, dándole una muerte casi instantánea.
Era un personaje conocido en Panguipulli. El alcalde de esa comuna, Rodrigo Valdivia, informó que Francisco fue parte de su programa municipal de ayuda a personas en situación de calle. Testigos interrogados por la prensa expresaron su dolor por un hecho que, una vez más, deja en evidencia la crisis en que está sumida la institución de Carabineros.
El asesinato del joven fue la mecha que encendió la rabia que al parecer de nuevo se está acumulando en el país. Y las declaraciones iniciales e incluso posteriores de autoridades y jefes policiales no hicieron sino aumentar ese enojo.
Para Carabineros, esto se trató de un procedimiento de control de identidad al joven que realizaba malabares en la Plaza de Armas de la comuna, “portando un arma blanca, tipo machete”, explicó el teniente coronel Boris Alegría. Según el policía, se le conminó a dejar esos “machetes” de lado, cosa que el joven no hizo y “se abalanzó contra el personal policial, ante lo cual los carabineros hicieron unos disparos de advertencia al suelo”. “Acto seguido esta persona, persistió en irse encima de los carabineros, también, ahora, blandiendo estos elementos que, al parecer son armas blancas, en contra de los carabineros, ante lo cual, ellos, en resguardo de su propia integridad, de su propia vida, decidieron y debieron hacer uso de sus armas de fuego, dentro de la legítima defensa propia”, continuó el oficial.
Tales “machetes”, tales “armas blancas”, son elementos de latas comúnmente ocupados por malabaristas.
Más bencina al incendio
Esa declaración se realizó mientras se sucedían los testimonios de testigos respecto de lo que realmente había sucedido y de su conocimiento del joven asesinado. Lo que declaró el gobierno, por boca de su Intendente, fue un poco más de bencina al hecho que provocó protestas de distinta índole. Para el intendente Cesar Asenjo no fue más que “un incidente callejero -que se está investigando- (donde) murió una persona en la vía pública luego que carabineros hiciera uso de su arma de servicio”.
Para el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, en cambio, “hay un procedimiento muy mal ejecutado de control de identidad», descartando la posibilidad de que se haya tratado de una detención por flagrancia, lo que también habría estado «muy mal realizado», y agregó que «el tema más complejo es el uso del arma sin respetar los principios de proporcionalidad».
Más drástico fue el Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco: «La policía no puede matar a una persona porque se resiste a un control de identidad. Urge una investigación exhaustiva y pronta sobre estos graves hechos».
Noche de furia
Finalmente, la ira se desató en horas de la noche y continuó hasta la madrugada. Fue incendiada la municipalidad de Panguipulli y 10 edificios públicos quedaron totalmente destruidos por la acción de las llamas, entre ellos el Departamento Social Municipal, Correos de Chile, Chile Atiende, el Registro Civil, Juzgado de Policía local, ESSAL y Recursos humanos de la Municipalidad. Además, se registró un intento de saqueo contra una sucursal del banco BCI. Tres voluntarios de Bomberos terminaron heridos, finalizando de esta manera una verdadera noche de furia que envolvió a la comuna.
Para el intendente de los Ríos, César Asenjo, en lo ocurrido por la noche «había planificación de los manifestantes, de los delincuentes. Actuaban en grupo, buscaban la forma de lanzar objetos incendiarios al recinto. La municipalidad era un sitio sin cierres perimetrales, se tenía acceso por las dos calles principales. Por lo tanto, hubo una organización de los manifestantes para poder destruir el edificio público».
El alcalde de la comuna, el socialista Rodrigo Valdivia, realizó unas declaraciones iniciales que fueron muy criticadas. Había afirmado que no se referiría a los hechos mientras se encontraban bajo investigación. Pero al poco andar, informado acerca de la real situación del joven, declaró: “Ayer mi declaración fue sin tener mayores antecedentes, pero sumando y restando, aquí hay actuaciones negligentes de Carabineros. Yo logro entender la rabia tras el deceso de Francisco”, indicó. Calificó a Carabineros como “negligentes e inoperantes” respecto de su actuación, acusándolos de “atrincherarse” en la 5ª Comisaría de Panguipulli durante las manifestaciones, dejando desprotegido el edificio consistorial.
La autoridad comunal señaló que «con Carabineros de Chile estoy completamente decepcionado, resguardaron por escasos minutos el edificio, se preocuparon más de resguardar la comisaría. Fue terrible, el conflicto era con Carabineros por la acción u omisión de un carabinero, no contra la municipalidad. Cobardemente resguardaron solo la comisaría, allá no pasó nada y dejaron la municipalidad desamparada».
“Esto no da para más”
Las reacciones políticas surgieron muy rápido. Paula Narváez (PS), fue la primera candidata presidencial en manifestar su condena a los hechos ocurridos en Panguipulli. “Esto no da para más -dijo-, no admite dilaciones. Se ha perdido una nueva vida humana en manos de agentes del Estado. La muerte de Francisco es la reiteración de un grave problema de violación a los derechos humanos que vienen sucediendo en nuestro país y que han denunciado tanto organismos nacionales como internacionales. Es ahora que el gobierno debe intervenir, cumplir con su deber y dejar la pasividad para tomar una acción decidida en la reestructuración definitiva de Carabineros de Chile”.
Manifestó, además, que se requería reparación a las víctimas, que la Fiscalía tenga una unidad con dedicación exclusiva a las vulneraciones de derechos humanos, reflexionar acerca de la necesidad de una Comisión de verdad, justicia y reparación y poner fin a los abusos policiales. “Debemos dar paso a lo que consideramos una policía democrática, cuya finalidad sea el servicio a las personas y la protección de sus derechos. Esto bajo intervención civil y operativa en lo inmediato, transparencia y rendición de cuentas y formación estructural y permanente en derechos humanos. Hoy y no mañana”.
El Partido Socialista apuntó que «es inaceptable que un procedimiento policial termine con la muerte de una persona como resultado del uso desproporcionado e injustificado de la fuerza. Este no es, desafortunadamente, un hecho aislado, y da cuenta de un problema de fondo en la formación institucional y en la actuación policial». Agregó que «las policías en Chile deben ceñirse siempre y estrictamente al respeto pleno de los derechos fundamentales y al principio de no discriminación. Por ello, es necesario una reestructuración de Carabineros con énfasis en su formación en derechos humanos y con mecanismos de control internos y externos que velen por un actuar enmarcado siempre dentro del Estado de Derecho».
En la Democracia Cristiana consideraron que «la acción del carabinero que termina con la muerte del joven artista demuestra fehacientemente, una vez más, la profunda crisis en que se encuentra sumida la institución policial uniformada. Con personal con escasa preparación para enfrentar de manera profesional y prudencial un procedimiento de rutina como un control de identidad». Además, dijeron, «exigimos del Presidente de la República, Sebastián Piñera, que, sin más dilaciones, se implementen las medidas necesarias para iniciar el proceso de reformas institucionales que den paso a la refundación de Carabineros de Chile, y que, para lo anterior, se consideren las propuestas entregadas tanto al Gobierno como al propio General Director por parte de nuestro partido en el mes de julio del año 2019.
El Partido Progresista declaró que “resulta urgente e imprescindible que se asuman las responsabilidades institucionales y políticas de los hechos, por parte del General Director de Carabineros y el mando institucional, y del gobierno de Sebastián Piñera y la derecha política chilena, en el entendido de que el Estado de Chile tiene la obligación, a todo evento, de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas: no se trata de una concesión graciosa, es la responsabilidad del poder público». Añaden que «reiteramos que estamos frente a un problema de naturaleza estructural y que requiere cambios de fondo: es la hora de poner fin a Carabineros y abrir paso a una nueva institucionalidad policial, comprometida con la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos de todas y todos los habitantes de este país sin distinción ni privilegios».
Para el presidente del PPD, “más que una reforma a Carabineros, es el país que necesita una nueva policía que cumpla con los estándares internacionales mínimos de una policía en democracia”. Su vicepresidente, Domingo Namuncura, dijo que se hace inevitable, “que a propósito del debate constitucional próximo se ponga en cuestión esta institución y se proceda a una reforma del sistema policial y la creación de una nueva entidad”. En tanto la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del PPD recalcó que “es claro que, a la luz del video, existe un negligente conocimiento del Protocolo sobre Uso de la Fuerza referente a la utilización de armas letales por parte del funcionario policial, quien violó la normativa al no aplicarlo bajo los parámetros establecidos por ley”.
La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, escribió en su cuenta de Twitter que el “crimen del joven artista callejero en Panguipulli, perpetrado por Carabineros de Chile, muestra el peligro a que está sometida la ciudadanía” y agregó que “están desatados y cuentan con la impunidad de sus atrocidades”.
Los diputados del Frente Amplio, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, insistieron en que se derogue la ley de control de identidad porque “se sabía que restringiría libertades, facilitaría abusos, discriminación y que sería muy ineficiente. No nos digan que no lo dijimos», señaló el parlamentario de Revolución Democrática. Agregó que «ahora, además de justicia para el joven, debemos derogar el control de identidad preventivo. Antes de los sucesos de ayer ya habíamos presentado un proyecto al respecto, pero se necesita la urgencia y los votos. El proyecto de ley que deroga el control de identidad preventivo ya fue ingresado. Espero que tengamos el apoyo mayoritario para aprobarlo». Boric en tanto señaló que hay que «refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura».
