Myriam Carmen Pinto, periodista.
Ocho activistas de la organización «Palestine Action» (Acción por Palestina) recluidos en cinco prisiones del Reino Unido, se encuentran en estado crítico y riesgo vital, tras mantener una huelga de hambre desde el pasado 20 de octubre. Exigen garantías de un juicio justo y la revocación de la medida parlamentaria que proscribió y declaró a su organización como un grupo terrorista en julio de 2025.
Todos ellos junto a unos 20 integrantes de dicha organización, cuyas edades bordean los 20 y 31 años, enfrentan cargos bajo la Ley Antiterrorista por participar en acciones de protesta en las inmediaciones e instalaciones de dos empresas proveedoras de tecnología militar a Israel. Concretamente bloquearon sus accesos de entrada, rayaron grafittis en las murallas y ocuparon la techumbre desde donde esparcieron pintura roja, simbolizando la sangre derramada en el genocidio en Gaza.
Desde julio a diciembre de 2025 cerca de 2.500 activistas del movimiento pro palestino y adherentes solidarios con los integrantes de «Palestine Action», han sido detenidos. Aunque mayoritariamente fueron liberados, muchos arriesgan procesos judiciales con una pena de hasta seis meses de prisión e incluso condenas mayores por «apología del terrorismo». Greta Thunberg, fue arrestada el 23 de diciembre en Londres durante un acto en solidaridad con los huelguistas de hambre. Sentada en el suelo en sus manos sostenía una pancarta que decía: «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio».
El movimiento pro-palestino, líderes políticos y coaliciones sociales británicas han manifestado públicamente un rechazo contundente a lo que consideran la «criminalización de la conciencia». Entre sus demandas se encuentra la liberación de los huelguistas, la anulación del estatus terrorista de la organización Palestine Action y una postura diplomática firme del Reino Unido frente al conflicto en Gaza.
Amnistía Internacional calificó la resolución de proscripción y calificación de terrorista a una organización como «extremadamente grave», subrayando que los daños a la propiedad sin riesgo para la vida no justifican una tipificación de terrorismo. Al respecto, advierten que el Reino Unido está vulnerando los derechos fundamentales de asociación y expresión, alertando que bajo el marco legal actual, el simple hecho de portar una insignia o camiseta de «Palestine Action», puede derivar en una acusación por terrorismo.
El tribunal de Apelaciones de la Corte de Justicia acogió un recurso de revisión judicial presentado por Huda Ammori, cofundadora de «Palestine Action» con el fin de impugnar la legalidad de la prohibición. Sin embargo, el juez original a cargo del caso fue reemplazado por un panel de tres magistrados, entre los que figuran un ex asesor gubernamental y otro con antecedentes de fallos a favor de la venta de armamento a Israel.
Oficialmente no ha habido ningún pronunciamiento, pese a la presión de decenas de diputados. En Irlanda este caso resuena con especial fuerza durante las protestas frente a la embajada británica en Dublin, oportunidad en la que los manifestantes evocan el doloroso legado del movimiento liderado por Bobby Sands, fallecido junto a nueve activistas a consecuencias de la huelga de hambre en la cárcel por su lucha contra el dominio británico en Irlanda del Norte.
