ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
No obstante que el proyecto de reforma al régimen político haya sido pospuesto, y la implacable contingencia rápidamente lo haya desplazado de la retina pública, el dato de realidad continua inalterable.
De ello da cuenta, entre varios otros antecedentes similares, la Encuesta Bicentenario 2023 de la UC acerca de la confianza ciudadana respecto al Parlamento y los partidos políticos, ambos en un 1%, lo que tendría que ser motivo suficiente para concluir que el régimen político chileno requiere reformarse y en un sentido lo más amplio que sea posible.
Sin embargo, una vez que la iniciativa empezó a ganar notoriedad, el debate político rápidamente se centró en un componente del sistema: el electoral. Así, la propuesta quedó limitada a establecer un umbral del 5% para los partidos políticos, un umbral mínimo para la elección de parlamentarios, ciertas medidas antidíscolos y otras de carácter administrativo que refieren a la burocracia parlamentaria.
Al margen quedaron del incipiente debate componentes fundamentales del sistema político tales como su financiamiento, equilibrio de poderes entre los órganos del Estado, fiscalización de los entes de control, entre otros, por lo que una reforma limitada solo a los umbrales, dificilmente podrá resolver el problema de gobernabilidad que se viene arrastrando hará ya unos 10 años, sin que hasta el momento haya habido alguna mejora sustantiva en el entramado intrapoderes del Estado, destacando el de la relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ausente quedó también alguna forma complementaria de participación ciudadana a los procesos electorales en los distintos niveles y subniveles del Estado, elemento central si es que una reforma del sistema político se propone abordar la abismante distancia que existe entre parte importante de la sociedad y la política institucional. En un sentido parecido, una reforma al régimen político tendría que abordar la participación de las regiones y comunas respecto del nivel central del Estado en materia de recursos que les permitan mayor autonomía en la toma de decisiones.
Con respecto a la gobernabilidad, de ello da cuenta el bloqueo permanente y sistemático a los proyectos de ley que el gobierno del presidente Boric ha enviado al Congreso este último tiempo, recibiendo sendos portazos por parte de las bancadas de derecha y en varios episodios la negativa a discutirlos, algo bien paradójico porque deliberar está en la esencia del rol por el que los incumbentes reciben una suculenta paga.
A propósito de lo anterior, y percibiendo su intención por superar una forma tendenciosa de hacer oposición, ha sido el propio presidente de la República quien, en diversas ocasiones, se ha autocriticado respecto a su rol como exparlamentario. Esto, sin embargo, y a pesar de contradecir algunas de sus posiciones pasadas, de poco ha servido para que la contraparte del gobierno se allane a llegar a acuerdos, negociar en los términos que al país le sirve, o sea, ir más allá de los intereses propios.
Así, nos encontramos ante un sistema político que gira sobre sí mismo, autorreferido, desconectado de la realidad social, incapaz de generar aprendizajes, siendo quizá el más importante luego de los dolores que mostró la revuelta social de octubre de 2019, su incapacidad por contribuir a generar un proyecto político país que deje atrás los abusos y ponga coto a las desigualdades obscenas para un país en condiciones de superarlas.
Y como si de abusos se tratara, a la colusión de las farmacias, supermercados y pollos, el papel higiénico, los pañales, que atizaron el malestar social hasta converger en la revuelta, ahora se agrega el de los gases industriales, todos ellos producto de la hiperconcentración de la actividad económica y al control que ejercen sobre ella los grandes empresarios y poderes transnacionales, que se llevan por delante el libre mercado, pisotean una y otra vez a los consumidores y dejan en evidencia que el actual entramado jurídico y político sobre el que se sustenta el régimen económico-social de capitalismo extremo, no tiene ningún interés en terminar con los abusos. Si lo hubiera tenido tendría que haber provisto la legislación adecuada y los instrumentos para conseguir frenar este flagelo.
Pero como la política no es neutra, a los sectores atados a los grandes poderes económicos, las Isapres y las AFP, les resulta del todo coherente un sistema político elitizado, cerrado y ajeno lo máximo que sea posible a la interacción social y de cualquier control efectivo. De ese modo consigue reproducirse y cautelar sus intereses por encima de aquellos del país.
Por ello, no es banal el debate acerca del tipo de reforma política que Chile necesita. Doblemente importante resulta lo anterior al considerar que la política institucional sigue al debe en su rol principal cuál es mejorar la vida y dibujar un país en el que quepamos todos. Y si bien como en cualquier otro ámbito esta reforma contiene asuntos técnicos, necesarios para la debida interrelación de las partes, su importancia es primeramente social y política. De la política depende finalmente la posibilidad de transformar positivamente las condiciones de vida de millones de compatriotas.
Por todo ello, el cambio al régimen político que Chile requiere tendrá que ser concebido como un sistema que habilite el libre juego de ideas, visiones de sociedad y mundo en el que se representen y expresen todas las miradas de país y todas sus realidades territoriales.
En consecuencia, necesario será evitar ser arrastrados a una solución del tipo binominal recauchada, a veces elegantemente presentada como 2.0, que aparenta ser un término del pasado. En la realidad no lo es tanto si consideramos que sigue habiendo distritos y circunscripciones que eligen pocos representantes en relación a su población, siendo la RM de Santiago un caso de desigualdad electoral extrema.
Por su parte, el nivel central del Estado sigue gozando de hipercentralismo que le impide a las regiones y comunas ganar en autonomía para abordar eficientemente sus problemáticas, mientras que la democracia se limita a su forma política y no se expande a su dimensión social y económica.
Por consiguiente, limitar la reforma al sistema político solo a su dimensión electoral, desconectado de la realidad del país, sus desafíos presentes y futuros, le resta legitimidad democrática a una reforma necesaria.
