Hernán García Moresco profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
Cuando la sociedad chilena ha transitado por momentos de movilización social, una de las líneas interpretativas de los mismos, está en la incapacidad del sistema político de representar las voces sociales y económicas del momento.
En tiempos recientes la politóloga española Leticia Ruiz Rodríguez[1], en el marco del análisis sobre representación política, mostraba que hay tres factores que influyen en este ámbito: a.- la falta de sensibilidad que es percibida por la ciudadanía desde las autoridades; b.- Un mal desempeño económico, unido a la corrupción, generando desafección ciudadana y, c.- en tercer lugar, hay partidos sin ideas, pero también ideas sin partidos.
A efectos de esta opinión, interesa sobre todo el tercer factor, donde, desde lo político y la legalidad, en Chile, se exige una declaración de principios para la conformar un partido político. Es decir, en base a una línea de pensamiento, ideología o filosofía, se puedan levantar definiciones y acciones políticas que aporten a mejorar las condiciones de vida que, entre otros componentes, hagan del país un mejor lugar para vivir. Pero la necesidad de optimizar estas condiciones de vida, no siempre pasan por definiciones materiales (bonos, exenciones, impuestos, etc.) que, a nuestro entender, ya fueron advertidas y presentadas a la sociedad en el segundo programa de gobierno, liderado por Michelle Bachelet; al punto de hacerse cargo, en un marco de reformas políticas, entre ellas, la modificación del sistema electoral (del binominal al proporcional ajustado), materializándose el mismo en las elecciones congresales del año 2017, permitiendo la emergencia de partidos políticos nuevos, explicando así, la presencia del Frente Amplio y algunos provenientes desde las derechas como fue EVOPOLI. En el presente, Republicanos, Partido de la Gente, más aquellos que han dado batalla, pero que no han dado el ancho del guarismo electoral para tales propósitos, por lo menos legales.
Pero también inauguró desde la evidencia de los actos, de manera explícita el proceso constitucional, con propuesta de proyecto y mecanismos de participación ciudadana asociados. Podemos discutirlo, pero todo indica que fue la base para avanzar en lo que aún se está buscando resolver. Esa fue en su momento, una idea-acción sustantiva, pero no toda/os sintonizaron con ella. Entonces dado que la historia es cíclica y los hechos de ayer marcan u orientan las acciones del mañana, dicho proyecto, podría desencadenar en que fuera ella, otra vez, quien acompañe la culminación del proceso, dada su validación social-popular. Nada está escrito, nada está resuelto.
Volviendo al punto, no pocos fueron críticos del proceso constitucional en el gobierno de Michelle Bachelet, difuminándose en el segundo mandato de Sebastián Piñera, estallando socialmente una geografía que redibujó el mapa electoral. Eso es un ejemplo, de cómo ‘querer perder’ una idea-acción, en la creencia de que los agotes de la transversalidad social, menguarían gracias a la espuria mayoría electoral lograda en la segunda vuelta de la elección presidencial del año 2017, que le permitió a Sebastián Piñera hacerse de la primera magistratura, por segunda vez.
Tal situación es de una complejidad sustantiva (desarticulación de ideas-acciones con concreción en la realidad), cuestión que se observó en la deliberación constitucional, en el contexto de los movimientos sociales ambientales (entre otros varios casos), los cuales buscaron canalizar las ideas-acciones respectivas, en partidos políticos que defienden estos principios y dibujan soluciones, que pudiendo ser socialmente atendibles, en el primer y segundo proceso constitucional fallidos, no alcanzaron a decantar, llegando al punto que las ideas-acciones expresadas en territorios claros y precisos (contaminación ambiental y escasez de agua), fueron rechazadas por los mismos territorios (plebiscito constitucional del 04 de septiembre 2022). Es decir, una idea-acción por sí sola, expresada en defensa de la sociedad puede ser aceptada y promocionada, pero en un contexto -como el constituyente- donde se sumaron ducha, guitarra, condena por estafa, entre otros, la idea-acción se perdió entre tanto árbol desojado.
Pueden ser varios más los ejemplos a entregar para dar cuenta de la necesidad de revertir las variables que expone la profesora en sus planteamientos aludidos, respecto del caso chileno (entre otros), asociándose con la desconfianza que consigna Pierre Rosanvallon como telón de fondo que explica la distancia entre ejercicio de la política y sus efectos, respecto de una ciudadanía agotada del no cumplimiento de sus expectativas de bienestar razonables (salud, educación, medio ambiente, otros). Así, en este contexto de entropía nacional, que, junto con lograr fragmentación partidaria, polarización en el debate e incertidumbre en lo que va de proceso constitucional, las dificultades de alineación razonables entre ideas-acciones con la realidad concreta, avizora la ‘necesidad-urgencia’ de que se disminuyan al máximo posible. ¿Es la ruta de la gobernabilidad bacheletiana propuesta hace unos años la que se precisaría?
